LA CAÍDA DEL MIG-29 FUE CULPA DEL PILOTO...

La República.pe /Política

Rusos coinciden con el informe final de la Junta de Investigación de Accidentes...

Caída del MiG-29 fue culpa de piloto; rusos coinciden con informe final de Junta de Investigación de Accidentes del instituto castrense.

Por ANGEL PÁEZ / Unidad de Investigación

El comandante FAP Ricardo García Tello, piloto de la aeronave MiG-29 que se accidentó el trece de marzo 2001 cuando realizaba un vuelo de demostración ante la Comisión Waisman en Chiclayo, es el único responsable de la precipitación de la máquina, de acuerdo con el informe final de la Junta de Investigación de Accidentes de la FAP.
A la misma conclusión arribó la empresa constructora rusa del cazabombardero, que indagó la "caja negra" del aparato precipitado y destruido en su totalidad, según su respectivo reporte.

El comandante FAP Ricardo García Tello

..... La República tuvo acceso a ambos informes.El 25 de mayo la Junta de Investigación de Accidentes, bajo la presidencia del mayor general FAPRicardo Delgado Glave, ya tenía listas las conclusiones de su indagación. Pero hasta la semana que pasó, la junta no presentó su reporte debido a que la Federación Rusa se tomó tiempo para remitir los resultados del estudio de la "caja negra" de la máquina siniestrada. Además, la FAP requirió un periodo adicional para buscar a un intérprete oficial del ruso. La información enviada por la fábrica del MiG-29 corrobora la apreciación de la Junta de Investigación de la FAP.
Según el informe del mayor general FAP Ricardo Delgado, la causa principal del accidente fue "el error personal de piloto", al decolar a pesar de que había sido informado por los técnicos de que el generador de energía eléctrica continua no funcionaba, y que sólo era abastecido por las baterías de la aeronave.
"El Escuadrón de Mantenimiento le entregó al Escuadrón Aéreo los aviones MiG-29 en estado operativo, incluyendo la aeronave Nº 031", que se precipitó a tierra, señala el reporte de la junta: "Después del arranque, el generador de corriente continua de la aeronave MiG-29 Nº 031 no alimentó el sistema eléctrico de la máquina, siendo alimentado desde entonces por la batería". El informe indica que el error personal del piloto consistió en "no realizar las acciones correctivas para salir del vuelo en segundo régimen a baja altura sobre el terreno y baja velocidad con poca potencia disponible, a fin de mantener una condición de equilibrio aerodinámico". 
Por el contrario, el piloto, comandante Ricardo García, prefirió forzar la aeronave para continuar efectuando maniobras de demostración ante la Comisión Waisman. De acuerdo con la Junta de Investigación esta fue la"Causa Principal" del incidente.

Orgullo fatal 
La "Causa Secundaria" fue también otro error personal del piloto, ya que "no observó los procedimientos de operación señalados en la Lista de Chequeo, ante la emergencia de falla del generador de corriente continua". Es decir, el comandante Ricardo García insistió en mantenerse en vuelo, a sabiendas de que las baterías sólo le permitirían un vuelo de 15 minutos. El piloto se derrumbó a los 29 minutos con 40 segundos (así lo indica la "caja negra").
Los especialistas de la FAP señalan que la falla del generador de energía eléctrica continua es común. Cuando se presenta el problema en tierra, se decide no decolar. Y cuando se presenta la anomalía en pleno vuelo, se procede de inmediato a la búsqueda de un espacio para el aterrizaje aprovechando los 15 minutos que proveen las baterías. Sin energía eléctrica, los principales instrumentos de la máquina dejan de operar en el acto.
Pero la Junta de Investigación de Accidentes de la FAP también reportó como"Causa Contributoria" de la precipitación del MiG-29 Nº 031 "la falta de entrenamiento del piloto en el simulador de vuelo de la aeronave Mig-29, debido a restricciones presupuestales".La mano de la mafia 
En efecto, la organización de Vladimiro Montesinos Torres, que vendió las 18 aeronaves MiG-29 de Bielorrusia por 252 millones 052 mil 420 dólares, no incluyó los simuladores para el entrenamiento de los pilotos como debió corresponder. Y no lo hicieron obviamente para obtener más dinero ofreciendo únicamente el alquiler de los simuladores para el adiestramiento de los pilotos en Minsk, Bielorrusia.
De acuerdo con el reporte oficial de la Comandancia General de la FAP al Ministerio de Defensa, "Treves Intora Association Limted", la compañía intermediaria de la mafia de Moshe Rothschild, Enrique Benavides Morales y Claus Corpancho Kleinicke, vendió a la FAP un programa de entrenamiento en simulador para 20 pilotos por 512 mil dólares. La idea era renovar el contrato permanentemente. Es más, la propia FAP ha determinado que los costos del entrenamiento tienen precios sobrevalorados.
El informe de la Junta de Investigación de Accidentes determinó que si el comandante Ricardo García Tello hubiese tenido más horas de vuelo en el simulador, podría haber tenido mayor experiencia para enfrentar situaciones de emergencia originadas por la falla del generador de energía eléctrica continua.
"(Hubo) una inadecuada evaluación de la situación por parte del piloto, puesto que no debió decolar la aeronave con la falla del generador, mezclando elementos de juicio operativos con los de carácter coyuntural", indica el informe.
Al referirse a los "juicios de carácter coyuntural", la Junta de Investigación de Accidentes alude a la decisión personal del comandante Ricardo García, jefe del escuadrón de aeronaves MiG-29 que debían realizar la demostración a la Comisión Waisman, de seguir adelante con la jornada para recuperar la imagen de la Fuerza Aérea del Perú mellada por los sucesivos escándalos decorrupción de la que fueron protagonistas ex miembros del alto mando durante el pasado régimen.
El comandante Ricardo García pudo no haber decolado, pero prefirió hacerlo para no bajar la moral de sus subalternos, especialmente ante la Comisión Waisman que estaba presente para verificar el estado técnico de las aeronaves adquiridas mediante una cuestionable operación financiera. Pero las consecuencias fueron peores.

La fábrica confirma 
Por su parte, el reporte que remitió la fábrica de aeronaves de combate MiG coincide con las conclusiones de la Junta de Investigación de Accidentes después de descifrar la "caja negra" de la máquina siniestrada.
Según la Carta Nº 81301-12/66, del 17 de abril pasado, a los 50 segundos de encendida la aeronave se prendieron las luces del generador indicando que requería un chequeo para verificar si se encontraba conectado. A los 5 minutos con 39 segundos nuevamente las luces indicaron la misma información. Pero el piloto pasó por alto la advertencia y partió.
"Con relación a la falla o desconexión del generador, es imposible determinar los motivos por los que el avión salió a volar", indica el informe de A. B. Slobodskoy, director principal del Centro de Investigaciones e Ingeniería de la constructora de los MiG-29 llamada "Mikoyán A. I.". Los rusos no encontraron una explicación técnica de por qué el comandante Ricardo García Tello, a pesar de que los instrumentos le indicaban que el generador de energía electríca continua estaba desconectado, decidió volar sólo con la batería que le permitía un vuelo de 15 minutos.
La cinta de la "caja negra" ha registrado todas las acciones del piloto desde el momento del encendido de la máquina hasta el impacto, lo que hace un total de 29 minutos con 40 segundos. Pero el tiempo transcurrido desde el despegue hasta la precipitación fue de 20 minutos y 20 segundos.
"El avión salió a volar con el generador de corriente continua malogrado ol desconectado y se mantuvo en esta situación (volando en el aire) no menos de 20 minutos", señala el reporte oficial ruso, precisando que: "Durante el vuelo no se registraron interrupciones en el equipamiento a bordo". El reporte de los técnicos de la fábrica de la aeronave señala que a partir de los 2 minutos 31 segundos en que se encendió la máquina, hasta instantes previos al accidente, "la alimentación eléctrica se efectuó desde la batería (por 27 minutos". El comandante voló virtualmente sólo con la batería, para cumplir con la demostración ante la Comisión Waisman.
"El piloto decoló sin constatar previamente la conexión del generador de energía eléctrica, lo que no está permitido por el Manual de Vuelo del MiG-29", señala el informe: "Por lo tanto, el accidente no fue originado por un desperfecto técnico sino por un error del piloto". Aparte de recordar que el MIG-29 precipitado en Chiclayo fue comprado a Bielorrusia, los rusos también precisan que ellos no tienen a su cargo el mantenimiento de dichas aeronaves

1.- .http://www.larepublica.pe/18-07-2001/rusos-coinciden-con-el-informe-final-de-la-junta-de-investigacion-de-accidentes-del-insti
2.-  https://www.youtube.com/watch?v=P3fHU9AeahY
3.- http://www.caretas.com.pe/2001/1677/articulos/mig.phtml
4.- http://razonyfuerza.mforos.com/549933/8528466-el-autentico-avion-incognito/
5.- http://www.defensa.pe/forums/showthread.php/88-EL-FUTURO-DE-LA-FAP-aviones-de-combate!/page422
6.- http://www.sindramas.com/phpBB3/ucp.php?mode=login (El link está bloqueado)

CVR: LA MILITARIZACIÓN DEL CONFLICTO

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN

Tomo IIIPRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS 

Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales En PDF
CAPÍTULO 2 LOS ACTORES POLÍTICOS E INSTITUCIONALES

2.1. EL GOBIERNO DE ACCIÓN POPULAR – FERNANDO BELAUNDE TERRY

2.1.3. La militarización del conflicto

Con el ingreso de las fuerzas armadas en Ayacucho se inició el periodo de mayor violencia en el proceso de veinte años estudiado por la Comisión.

Las cifras de muertos y desaparecidos alcanzaron en esos años una magnitud que no se volvería a registrar en el resto del periodo de violencia.

2.1.3.2. Los comandos político-militares

Desde el primer día de enero de 1983 hasta el final del gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, las fuerzas armadas tuvieron a su cargo la lucha contrasubversiva en la zona de emergencia declarada en los andes centrales. Esto ocurrió bajo un marco legal poco definido en lo que se refiere a la acotación de las facultades de los jefes militares en la zona y sin que las autoridades políticas pusieran en práctica mecanismos adecuados de protección de los derechos humanos de la población que quedaba bajo control militar.
...
En entrevistas con la CVR, el general Noel afirma que desde el comienzo de su gestión contó con el respaldo explícito del arquitecto Belaunde. Según sus recuerdos reconstruye el siguiente diálogo:

"Señor presidente [Fernando Belaunde], perdón, quiero hacerle una pregunta: usted me ha cambiado la misión; ¿voy o no voy a combatir?" El presidente Belaunde me dice: "General, usted combata con toda energía y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional". "Gracias".⁴¹

El general Noel afirma también que informaba de sus actividades periódicamente:

Yo normalmente venía cada dos meses, tres meses y coordinaba con el presidente del Comando Conjunto; yo iba a Palacio porque iba al acuerdo (sic) de guerra con el Ministro de Guerra y con el comandante general del Ejército. Y de ahí (…) en el Consejo de Defensa Nacional donde el Presidente impartía órdenes con cosas con las que se le informaba.⁴²

...
 2.1.4. La responsabilidad del gobierno
Es claro que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry respaldó la actuación de los comandos político-militares entre 1983 y 1985 a pesar de las denuncias sobre las grandes violaciones de derechos humanos de la población civil que se estaban cometiendo y del conocimiento que obviamente debió tener sobre esos hechos. El ingreso de las fuerzas armadas en la zona de emergencia para combatir a la subversión fue dispuesto sin tomar las previsiones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, la autoridad civil delegó en las autoridades militares amplias facultades y renunció a ejercer sus potestades para impedir o sancionar graves atropellos contra la población.
...
2.1.4.2. Impunidad
La estrategia contrasubversiva que se puso en práctica con las fuerzas armadas en el escenario de la violencia resultó ser altamente costosa en vida humanas
...
En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".⁵³
La indeferencia del gobierno de Acción Popular ante estos crímenes no se confinó al Poder Ejecutivo, sino que se extendió también al Legislativo. La Comisión ha encontrado que el Congreso, en el que Acción Popular tenía mayoría, no instituyó ninguna comisión investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias existentes. En términos generales, el Legislativo incumplió su deber de fiscalización en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder Ejecutivo, estableció un ambiente de impunidad que la Comisión considera deplorable por las pérdidas de miles de vidas humanas a que ello dio lugar.
...
Uno de las últimas decisiones de política contrasubversiva del arquitecto Belaunde Terry fue la promulgación de la ley 24150. En esta ley, se establecieron por primera vez las atribuciones del Comando Político Militar, que gozaba así de la facultad de

[…] coordinar la participación del sector público y no público ubicados en la zona de emergencia, coordinar y supervisar las acciones de los sectores, organismos públicos, corporaciones departamentales y demás instituciones del sector público, solicitar el nombramiento o traslado de las autoridades políticas y administrativas de su jurisdicción en caso de negligencia, abandono, vacancia o impedimento para cumplir sus funciones (...).

La Comisión considera que esta norma y las amplias atribuciones que otorgaba a los comandos político-militares constituyó un aval concluyente del gobierno saliente a una estrategia militar que había resultado en masivas violaciones de derechos humanos.⁵⁴
...
2.1.5. Conclusiones
...
8. En síntesis, elegido para hacer de la democracia un proyecto nacional en ejecución, se puede considerar que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry fue la primera víctima política de la violencia criminal del PCP-SL. Hacia el final de su gobierno Belaunde consideró un éxito que "un gobierno elegido democráticamente entregue el poder a otro elegido democráticamente". En las circunstancias del grave desafío planteado al Estado y la sociedad, ello fue así. Pero, por desgracia, el gobierno saliente dejó tras de sí una legislación antiterrorista – la ley 24150 – que fortaleció las facultades de los comandos político-militares a pesar de las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, y que en la práctica significó una renuncia de la autoridad civil en el terreno de la lucha antisubversiva

TREINTA AÑOS DE CORRUPCIÓN EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Estandarte.

Portada > Noticias > Libros > Ensayo > El fango, de Baltasar Garzón

El fango, de Baltasar Garzón

El juez analiza los cómos y porqués de la corrupción en España.

21 de diciembre de 2014. Estandarte.com

Qué: El fango. La corrupción en España Autor: Baltasar Garzón Editorial: Debate Año: 2015 Cuándo: Marzo 2015  Precio: 21,90 € 

El juez Baltasar Garzón realiza en El fango. La corrupción en España un recorrido por los casos de corrupción más importantes de los últimos treinta años, con el objetivo de extraer las lecciones de cómo combatir y prevenir la corrupción. Se publicará en marzo de 2015.

Baltasar Garzón plantea que la corrupción es el gran mal que ha socavado los cimientos de la democracia española. Aunque los escándalos han emergido en momentos de crisis económica, como los primeros años 90 y desde el 2009, se puede trazar una línea continua que, desde las postrimerías del franquismo, muestra cómolas fallas del sistema del control facilitan y en ocasiones propician un aprovechamiento ilícito y muy lucrativo.
La experiencia de Baltasar Garzón en la lucha contra la corrupción le ha permitido trazar este recorrido que arranca con el caso Matesa y termina en la actualidad, y cubre todos los niveles administrativos, todas las regiones y todos los sectores económicos. Para prevenir la corrupción, es fundamental entender cómo se origina y cómo funciona, sus mecanismos ocultos de la corrupción, por qué es tan difícil combatirla y qué reformas son necesarias para ponerle fin. El fango. La corrupción en España presenta la lectura del juez Baltasar Garzón sobre este problema.
Baltasar Garzón (Torres, 1955) ha sido magistrado-juez de la Audiencia Nacional hasta 2010. Desde ese cargo se convirtió en una de las figuras más implacables en la persecución del narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y en la defensa de los derechos humanos, con actuaciones determinantes contra la banda ETA y, en el plano internacional, con el trascendental caso Pinochet. Es autor de varios libros, entre ellosUn mundo sin miedo (Plaza & Janés, 2005) y Travesía del horizonte (Debate, 2008), y ha recibido hasta quince doctorados honoris causa en universidades de todo el mundo. En la actualidad trabaja en el Tribunal Penal Internacional, en La Haya.

http://www.estandarte.com/noticias/libros/ensayo/el-fango-la-corrupcion-en-espana-de-baltasar-garzon_2854.htmlLS

DESESPERANZA INDUCIDA, TORTURA APLICADA POR OLLANTA HUMALA EN INDULTO A FUJIMORI

DESESPERANZA INDUCIDA, TORTURA APLICADA POR NUESTRO GOBERNANTE OLLANTA HUMALA, AL INDUCIR SOLICITUD DE INDULTO Y DENEGARLA DESPUÉS AL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI (PRESO POLÍTICO).

JACQUELINE FOWKS Lima 7 JUN 2013 - 22:00 CET

Los hijos de Alberto Fujimori solicitaron la gracia para su padre en octubre del año pasado, después de que Ollanta Humala respondiera, cuando le preguntaron si daría el indulto a Fujimori, que él no podía responder a ese interrogante si no existía una petición formal. El ingeniero, preso en una instalación policial, ha tenido lesiones cancerosas en la boca, y en el pasado ha sido operado cinco veces por ese motivo. Los médicos también le han diagnosticado depresión

Desde la noche del jueves, algunos periodistas reportaron que el esperado informe de la comisión, dependiente del Ministerio de Justicia, ya estaba listo. En un mensaje a la prensa, el presidente Humala comentó que el informe estuvo listo el miércoles 5 y que este viernes tomó la decisión.

El presidente peruano confirmó la noticia después de ser difundida por el ministro de Justicia, Daniel Figallo, quien indicó que Humala tomó la decisión a las 10 de la mañana de este viernes, “porque la solicitud no se ajusta a los motivos para el indulto humanitario: (Fujimori) no tiene enfermedad terminal, ni grave, ni incurable, ni degenerativa, tampoco tiene trastornos mentales insalvables”, y el expediente de la solicitud “no tiene fuerza para romper la condena judicial”.

El Presidente Ollanta Humala, ha actuado con premeditación y alevosía.  

!º Indujo a los familiares para presentar solicitud de Indulto, para poder pronunciarse... denegando el pedido de clemencia conseguía réditos políticos... el fin era humillar... 

Consiguieron su propósito inducir la Desesperanza una de las formas más profundas de Depresión... una TORTURA CON VISOS DE LEGALIDAD...

2º Ahora el Presidente Ollanta Humala, se encuentra en medios de denuncias por corrupción que lo involucran directamente a él y a sus esposa Nadine Heredia... a comenzado a tender lazos ilegales con la oposición mayoritaria, justo la del partido mayoritario "Fuerza Popular" que lidera Keiko Fujimori...  quién ha respondido a través de Kenyi Fujimori, que no aceptaran el chantaje de la corrupción... 

Su amigo

Dr. Pablo Albán

Psicólogos del horror: los “expertos” detrás de las torturas que aplica la CIA

0Comentar

Viernes, 12 de diciembre de 2014 | 4:30 am

Campo de torturas. Soldados del ejército estadounidense trasladan a un prisionero en las afueras de la prisión de Guantánamo, en Cuba.

Comentar0

Estados Unidos. Jim Mitchell y Bruce Jessen ganaban US$ 1.800 diarios y entre los dos llegaron a embolsar unos US$ 81 millones trabajando para la Central de Inteligencia. Aplicaron un método que había sido probado con perros.

Paula Lugones. CLARIN

Los psicólogos estadounidenses que guiaban los interrogatorios de los sospechosos de terrorismo bajo tortura, atrocidades reveladas el martes en un espeluznante informe del Senado de Estados Unidos, fueron contratados por 1.800 dólares diarios por la CIA para que aplicaran un método de 1967 que fue testeado con perros.

Una de las revelaciones del informe fue que Abu Zubaydah, uno de los primeros detenidos en la guerra contra el terrorismo, fue interrogado en Tailandia por agentes del FBI, a quienes confesó que Khalid Sheik Mohammed había sido el cerebro tras los ataques del 11 de septiembre. Pero como querían saber más, la CIA intervino y, según The Washington Post, envió a un psicólogo para hacerle un test que haría que “revelara todo, produciéndole una severa pérdida de su personalidad y asustándolo casi hasta la muerte”.

La CIA entonces le armó una especie de ataúd y encerró a Zubaydah por 300 horas, según el reporte del Senado. También le aplicaron la técnica del “submarino” (intento de ahogamiento) 83 veces en 17 días. Pero no reveló a la CIA ninguna otra información relevante que no hubiera dicho antes al FBI.

Los psicólogos Jim Mitchell y Bruce Jessen fueron los que guiaron el interrogatorio con un método llamado “indefensión aprendida” que, a pesar de que en ese momento no funcionó con el sospechoso, persistió en el tiempo y guió atrocidades en otros prisioneros.

Este método derivó de una investigación de psicólogos de la Universidad de Pennsylvania, que fue publicada en 1967, que intentaba mostrar qué pasaba cuando alguien perdía el control de su vida. Uno de los conceptos, según el informe, es la aparición tras los tormentos de “una actitud apática derivada de la convicción de que ninguna acción tiene el poder de cambiar la situación”. “Indefensión aprendida” es que la persona está tan quebrada que no intentará escaparse pese a que se le presente una oportunidad.

Las pruebas originales del estudio fueron designadas para perros, como parte de un tratamiento de depresión en humanos. El autor del trabajo, Martin Seligman, sometió a los animales a electroshocks y los dividió en dos grupos: un grupo tenía una puerta de salida para escaparse y el otro no. A pesar de los tormentos, ninguno se escapaba. “El resultado –dice el informe– lleva al concepto de la “indefensión aprendida” o “desesperanza”.

Décadas más tarde, el psicólogo Mitchell quedó fascinado con ese concepto y lo aplicó a los humanos. El autor del reporte de 1967 se declaró “horrorizado” de que su trabajo hubiera derivado en esa aplicación, ya que fue pensado para el diagnóstico de la depresión.

Antes de trabajar para la CIA, Mitchell y Jessen habían estado involucrados en un programa del ejército estadounidense que entrenaba a pilotos y otros miembros de servicio de alto riesgo a sobrevivir entre el enemigo y resistir tácticas brutales si eran capturados. El reporte del Senado destacó que fueron contratados por la CIA a pesar de que “ninguno tenía experiencia como interrogador, ni conocimientos especializados en Al Qaeda o terrorismo”.

Consultado por varios medios, el psicólogo Mitchell no confirmó ni desmintió haber participado de esos procedimientos, pero criticó el informe del Senado y dijo que había sido “manipulado políticamente”.

Entre las torturas descritas por el reporte –que suscitó el repudio mundial– se mencionan el “submarino” (sumergir la cabeza del detenido en el inodoro, que en algunos casos provocaron convulsiones), privación del sueño, la negativa a brindar atención médica, amenazas sexuales, alimentación o hidratación a través del recto, encadenamiento, golpes, etc. El informe señala que los abusados sufrían alucinaciones, paranoia, insomnio y algunos intentaron mutilarse.

Clave

El director de la CIA, John Brennan, dijo el jueves que algunos funcionarios de la agencia de espionaje usaron técnicas de interrogación “aborrecibles”, pero que era “incognoscible” si los métodos habían logrado recabar información útil de inteligencia de sospechosos de terrorismo.

DIARIO CHOSUN ILBO, SR. BAN KI-MOON, VISITE A FUJIMORI

ALBERTO FUJIMORI NOS LIBRÓ DEL DEMENCIAL TERRORISMO

Srs. diario Chosun Ilbo, aboguen para que Ban Ki moon visite a nuestro ex Presidente de la República del Perú, Alberto Fujimori.

INFORME DE LA CVR: Década de 1980: Gobierno de Fernando Belaunde Terry, (1980-1985) y Gobierno de Alan García Pérez (1985-1990), mediante Ley: 24150, abdicaron el Poder Político a los Mandos Militares - sic "La Comisión de la Verdad considera deplorable por las pérdidas de miles de víctimas que dio lugar"... Al final de la década de 1980: "Se terminó en una crisis extrema, les fue difícil pretender imponer una autoridad democrática.

El ex Presidente Alberto Fujimori, recuperó la Democracia secuestrada por los demenciales grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru,

Al ex Presidente Alberto Fujimori, le debemos la estabilidad económica que hasta ahora se mantiene mediante piloto automático.

Sin embargo
A Fernando Belaunde Terry ni a Alan García nunca fueron juzgados, mientras al primero se le considera un estadista, el segundo fue reelegido Presidente.

Mientras.
Alberto Fujimori, como víctima expiatoria de toda el debacle político militar y de la década que le antecedió, está preso víctima de odio político y racismo encubierto.

Dr. Pablo Albán
Médico Psiquiatra.

S.O.S. SR. BAN KI MOON VISITE A ALBERTO FUJIMORI

ALBERTO FUJIMORI NOS LIBRÓ DEL DEMENCIAL TERRORISMO

INFORME DE LA CVR: Década de 1980: Gobierno de Fernando Belaunde Terry, (1980-1985) y Gobierno de Alan García Pérez (1985-1990), mediante Ley: 24150, abdicaron el Poder Político a los Mandos Militares - sic "La Comisión de la Verdad considera deplorable por las pérdidas de miles de víctimas que dio lugar"... Al final de la década de 1980: "Se terminó en una crisis extrema, les fue difícil pretender imponer una autoridad democrática.

El ex Presidente Alberto Fujimori, recuperó la Democracia secuestrada por los demenciales grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru,

Al ex Presidente Alberto Fujimori, le debemos la estabilidad económica que hasta ahora se mantiene mediante piloto automático.

Sin embargo
A Fernando Belaunde Terry ni a Alan García nunca fueron juzgados, mientras al primero se le considera un estadista, el segundo fue reelegido Presidente.

Mientras.
Alberto Fujimori, como víctima expiatoria de toda el debacle político militar y de la década que le antecedió, está preso víctima de odio político y racismo encubierto.

Dr. Pablo Albán
Médico Psiquiatra.

SEÑOR BAN KI MOON, SOS - FUJIMORI, PRISIONERO POLÍTICO Y RACISTA-

SR BAN KI-MOON

SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Salvad al ex Presidente Alberto Fujimori del Odio Político y Judicial del Perú.

 El Juez Cesar San Martín, que condenó al ex presidente Alberto Fujimori, no fue imparcial, ya tenía concebido condenarlo desde un año antes que terminara el juicio y en plena etapa en que se estaban ventilando las pruebas. Existen correos electrónicos que intercambio San Martín con el abogado Gonzalo del Río, solicitando fundamento para acusar al ex Presidente del Perú de Autoría Mediata.

No se ha tomado en cuenta el contexto en que gobernó el ex Presidente Alberto Fujimori, el Perú que encontró en julio de 1990.

ESTE FUE EL PERÚ QUE RECIBIÓ EN 1990, ALBERTO FUJIMORI

He aquí unos párrafos que el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, no pudo ocultar.

http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/iii/21.html

Tomo III PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS Sección segunda: Los actores del conflicto Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales

En PDF

CAPÍTULO 2 LOS ACTORES POLÍTICOS E INSTITUCIONALES

2.1. EL GOBIERNO DE ACCIÓN POPULAR – (Fernando Belaunde Terry)

2.1.4. La responsabilidad del gobierno
Es claro que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry respaldó la actuación de los comandos político-militares entre 1983 y 1985 a pesar de las denuncias sobre las grandes violaciones de derechos humanos de la población civil que se estaban cometiendo y del conocimiento que obviamente debió tener sobre esos hechos. El ingreso de las fuerzas armadas en la zona de emergencia para combatir a la subversión fue dispuesto sin tomar las previsiones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, la autoridad civil delegó en las autoridades militares amplias facultades y renunció a ejercer sus potestades para impedir o sancionar graves atropellos contra la población.
2.1.4.2. Impunidad
La estrategia contrasubversiva que se puso en práctica con las fuerzas armadas en el escenario de la violencia resultó ser altamente costosa en vidas humanas. Para cierto sector de las fuerzas armadas eso era inevitable, e incluso se hizo público ese punto de vista. El general Luis Cisneros Vizquerra, quien fue ministro de Guerra, afirmaba en septiembre de 1984: (…) no podemos entender cómo en una zona de guerra, una zona prácticamente extraterritorial, pretendamos mantener el estado de derecho
Las múltiples violaciones de derechos humanos fueron conocidas por denuncias diversas… 
 Sin embargo, la Comisión encuentra que a partir del establecimiento del Comando Político Militar en Ayacucho, y ante el crecimiento de los crímenes del PCP-SLy de agentes de seguridad del Estado, el presidente Belaunde no desarrolló una política decidida de protección de los derechos humanos. Por el contrario, optó por no atender las denuncias a ese respecto que se hacían.
En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".⁵³
La indiferencia del gobierno de Acción Popular ante estos crímenes no se confinó al Poder Ejecutivo, sino que se extendió también al Legislativo. La Comisión ha encontrado que el Congreso, en el que Acción Popular tenía mayoría, no instituyó ninguna comisión investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias existentes. En términos generales, el Legislativo incumplió su deber de fiscalización en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder Ejecutivo, estableció un ambiente de impunidad que la Comisión considera deplorable por las pérdidas de miles de vidas humanas a que ello dio lugar…

En entrevistas con la CVR, el general Noel afirma que desde el comienzo de su gestión contó con el respaldo explícito del arquitecto Belaunde. Según sus recuerdos reconstruye el siguiente diálogo:

"Señor presidente [Fernando Belaunde], perdón, quiero hacerle una pregunta: usted me ha cambiado la misión; ¿voy o no voy a combatir?" El presidente Belaunde me dice: "General, usted combata con toda energía y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional". "Gracias".⁴¹

El general Noel afirma también que informaba de sus actividades periódicamente:

Yo normalmente venía cada dos meses, tres meses y coordinaba con el presidente del Comando Conjunto; yo iba a Palacio porque iba al acuerdo (sic) de guerra con el Ministro de Guerra y con el comandante general del Ejército. Y de ahí (…) en el Consejo de Defensa Nacional donde el Presidente impartía órdenes con cosas con las que se le informaba.⁴²

El General Adrián Human Centeno…  agosto de 1984, afirmó:
La solución no es militar, porque si fuera militar yo la resuelvo en minutos (…) si se tratara de matar, Ayacucho no existiría en media hora y Huancavelica tampoco (…) lo que pasa es que estamos hablando de seres humanos, de pueblos olvidados que han reclamado ciento sesenta años y nadie les ha hecho caso y ahora estamos cosechando ese resultado (…) la solución para mi es corregir la situación que existe, por decir, que la cárcel no esté llena de inocentes sin juicio, que los jueces no cobren coimas (…). Lima quiere ser el Perú (…). Si estamos con las mismas personas que dieron lugar a la subversión... ¿Acaso no están las mismas personas que abusaron, los mismos jueces, o sea los mismos que dieron lugar a todo esto? (…) La Fuerza Armada no está a cargo de la situación política. Solamente de la militar. Situación política significa que usted encuentra una injusticia y puede cambiar de inmediato a las autoridades.⁴⁴
8. En síntesis, elegido para hacer de la democracia un proyecto nacional en ejecución, se puede considerar que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry fue la primera víctima política de la violencia criminal del PCP-SL. Hacia el final de su gobierno Belaunde consideró un éxito que "un gobierno elegido democráticamente entregue el poder a otro elegido democráticamente". En las circunstancias del grave desafío planteado al Estado y la sociedad, ello fue así. Pero, por desgracia, el gobierno saliente dejó tras de sí una legislación antiterrorista – la ley 24150 – que fortaleció las facultades de los comandos político-militares a pesar de las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, y que en la práctica significó una renuncia de la autoridad civil en el terreno de la lucha antisubversiva.

http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/iii/22.html

2.1.4.6. La fase final del gobierno aprista

La agudización del conflicto armado interno en el quinquenio aprista se revela mejor con estas cifras: En 1985, el 6.04% de la población nacional y el 7.25% del territorio estaba bajo el régimen de estado de emergencia o de un comando político militar, mientras que en 1990 lo eran el 45.18% de la población y el 29.62% del territorio.⁵⁴ El Gobierno aprista fracasó en esta lucha. Su cambiante accionar expresa que finalmente no supo romper con la tendencia no sólo a militarizar el conflicto, sino a dejarlo luego fuera del control democrático. Sus intentos de hacer algo distinto, no tuvieron coherencia y fuerza. Es claro que los sectores sociales más afectados por esa estrategia no tenían la capacidad de hacer sentir la magnitud de su maltrato en la escena nacional y que la sociedad urbana, sobre todo sus sectores más influyentes, preferían no involucrarse en un problema tan duro y finalmente lejano aún de sus hogares. Ese contexto, no afecta el juicio crítico de la Comisión sobre las graves responsabilidades éticas y políticas del Gobierno, pues era precisamente su principal obligación defender la vida de sus ciudadanos. Otras implicancias de esta responsabilidad dependen del análisis de casos particulares de violaciones de derechos humanos que son materia de otra sección del Informe.

ESTE FUE EL PERÚ QUE RECIBIÓ EN 1990, ALBERTO FUJIMORI

El ex Presidente Fernando Belaunde Terry, (1980-1985) nunca fue juzgado por las miles de víctimas que causó su inacción, al delegar el Poder Político a los Mandos Militares. 

El ex Presidente Alan García Pérez, (1985-1990) igualmente abdicó el Poder Político a los Mandos Militares, nunca fue juzgado por se acogió a la Prescripción de delitos para evadir a la justicia peruana.

- Yo denuncio a las Autoridades de Turno del Perú, ante la Comunidad y ante los Gobiernos del Mundo, por este violento y cruel atentado que expone en peligro la vida del ex Presidente Alberto Fujimori.

- "La manera más noble y fácil, no es eliminar a los demás, sino ser mejor vosotros mismos" (Sócrates).

DR. PABLO ALBAN

Médico-Psiquiatra

PERÚ EN DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS NATIONAL SECURITY ARCHIVE

El Perú en el ojo de la tormentahttp://www.reporterodelahistoria.com/2007/03/documentos-el-per-en-el-ojo-de-la.html

Los documentos desclasificados del National Security Archive

En enero del 2002 el Archivo Nacional de Seguridad de los EE.UU. desclasificó 41 documentos que hacían referencia a casos de tortura, violación de derechos humanos y matanzas ocurridas en el Perú entre los años 1980 y 1990, todos ellos enmarcados durante la lucha antisubversiva que se libró en el país durante esos años. Los documentos pusieron de relieve, esencialmente, dos cosas: las casos de impunidad en que muchos de ellos quedaron (incluso hasta hoy) y cómo las autoridades norteamericanas muchas veces contemplaban los hechos sin ir más allá de indicar una preocupación. Desfilan en sus páginas las matanzas de Accomarca, Cayara, Barrios Altos, Huánuco, los desaparecidos de La Cantuta, así como los motines de El Frontón y Lurigancho en 1986, develados a sangre y fuego y con cientos de muertos. 


Los documentos forman parte de “Peru in The Eye of the Storm”, una de las muchas colecciones de documentos que alberga el sitio del NSA, muchos de ellos referidos a América Latina como la intervención de los EE.UU. en el Chile de Allende o la guerra sucia en Guatemala, sin mencionar otros tan interesantes como los referidos a la Crisis de los Misiles en 1962 o las fotografías y documentos de la reunión de Nixon con Elvis en 1970. 

Estos son los 41 documentos desclasificados, cuyas sumillas fueron traducidas del original en inglés en el Centro de Documentación Periodística del diario El Comercio de Lima.


DOCUMENTO N° 01
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Terroristas peruanos pierden fuerza, 24 de febrero, 1983, Secreto. 8p. Este cable discute las consecuencias de la medida del presidente Belaúnde de poner al Ejército a cargo del orden público en la zona de emergencia de Ayacucho. El Ejército fue llamado para fortalecer a la policía con tropas para actividades de defensa, así como transporte, comunicaciones, logística y armas. El informe afirma que esta estrategia ha permitido a la policía operaciones de control más agresivas, y por tanto, reintroducir la presencia del gobierno en muchas áreas rurales previamente abandonadas por la influencia de Sendero. (Ver el documento 1)

DOCUMENTO N° 02
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Presidente Belaúnde hace visita sorpresiva a la zona de emergencia, 14 de junio, 1983, Confidencial, 3 p. El presidente Belaúnde visita la ciudad de Ayacucho, en un intento por demostrar que existe una estrategia coordinada de las fuerzas cívico-militares contra el terrorismo y la crisis económica. El documento anota que figuras de la oposición y la prensa se han inclinado a considerar este tipo de hechos como una aprobación presidencial de facto a las estrategias de contraataque empleadas por las fuerzas de seguridad. El cable describe también críticas públicas y nuevos editoriales sobre las muertes y el incierto destino de cientos de personas detenidas por los militares y la poca voluntad del gobierno para ofrecer explicaciones públicas. (Ver el documento 2)

DOCUMENTO N° 03
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Gobierno prohibe marcha “Por la paz y la justicia” y militariza Lima, 28 de agosto, 1984, Confidencial, 3p. El documento describe la cancelación de la marcha “por la paz y la justicia” (convocada para protestar por dos notorias desapariciones y recientes reportes de matanzas masivas tanto por terroristas como por fuerzas militares) que fue fijada para el 24 de agosto, 1984 en el centro de Lima. Un día antes, el gobierno revocó un permiso previo para la marcha y asignó a los militares el mantenimiento del orden público. Para evitar un enfrentamiento con el poder militar, Izquierda Unida (IU) canceló oficialmente la marcha, a pesar que varios líderes de IU intentaron dirigir otra marcha más pequeña. Luego de que los militares arrestaran 236 personas, la protesta de disipó, y dentro de 48 horas 235 de los 236 detenidos fueron liberados. (Ver el documento 3)

DOCUMENTO N° 04
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Fosas masivas descubiertas en zona de emergencia, 28 de agosto, 1984, Confidencial, 4 p. Fosas clandestinas son descubiertas a 36 kilómetros de la ciudad de Huanta. Este cable calcula que entre 49 o 50 hombres y una mujer fueron asesinados de manera metódica y luego desfigurados para evitar su identificación. Mientras que el gobierno niega oficialmente cualquier responsabilidad por la atrocidad, la opinión pública, representada tanto por la oposición y prensa pro régimen, han atribuido las matanzas decididamente a las fuerzas de gobierno. (Ver el documento 4)

DOCUMENTO N° 05
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Abogados locales distritales denuncian a comandante de la Marina en la desaparición de Ayala y el caso de los evangélicos asesinados, 26 de febrero, 1985, Confidencial, 2p. La Embajada de Estados Unidos describe los cargos criminales en contra del comandante marino Alvaro Artaza Adrianzen, ex jefe de la Marina en la guarnición de Huanta. Los cargos incluyen la desaparición en agosto de 1984 del periodista Jaime Ayala y el asesinato de 6 miembros de una iglesia evangélica el 1 de agosto de 1984 en Callqui. Es la primera vez, desde que se le otorgó poderes al Ejército sobre las zonas de emergencia en diciembre de 1982, que el Estado ha tratado de procesar a oficiales militares con responsabilidad primaria en actos criminales perpretados contra la población civil. (Ver el documento 5)

DOCUMENTO N° 06
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Reacciones dentro de la Armada ante la destitución de los generales Jamara y Mori, 19 de septiembre, 1985, Confidencial, 4 p. El 17 de septiembre de 1985, el presidente García destituyó a los generales Jarama y Mori de la zona de emergencia, luego de los informes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de que un comandante del ejército fue responsable de la masacre de civiles en Accomarca, el 14 de agosto. Su destitución representa el descontento general de la administración García con el negativo récord del Ejército sobre respecto a derechos humanos. El manejo de este asunto provoca insatisfacción dentro del Ejército y preocupación entre los oficiales militares, de que sus propias experiencias en operaciones de contraataque puedan ponerlos en riesgo de represalias del gobierno. (Ver el documento 6)

DOCUMENTO N° 07
Supuesta relación de la Marina en la desaparición de un oficial naval, 6 de marzo, 1986, Confidencial, 3 p. El documento discute la reciente decisión de la Corte Suprema de enjuiciar por el fuero civil al comandante Artaza, por la desparición del periodista Jaime Ayala en 1984, la posterior huida de Artaza y las presiones del gobierno para cancelar la edición del 3 de marzo del programa de comentario “Encuentros”, que criticaría la relación de la marina en la desaparición de Artaza. El cable describe la difícil posición del presidente en este problema, y reconoce que la Marina estuvo probablemente involucrada en la fuga de Artaza y un subsecuente encubrimiento. (Ver el documento 7)

DOCUMENTO N° 08
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Gobierno ordena investigación de muertes de presos, 23 de junio, 1986, Confidencial, 5 p. (NOTA: Este documento proviene de una colección donada por el periodista freelance Jeremy Bigwood). La embajada de EE.UU. evalúa la reponsabilidad pública y gubernamental ante los motines de julio, que dejaron al menos 240 terroristas/presos muertos, incluyendo llamados de la Conferencia Internacional Socialista en curso y otros, para una investigación independiente. El documento incluye también la descripción de un comunicado gubernamental que reconoce que el alto índice de muertes (ningún terrorista preso sobrevivió) lleva a creer que sí ocurrieron excesos, y que se busca investigar y castigar a cualquier responsable. El cable finaliza con un breve análisis del perjuicio político que una real investigación podría traer al presidente García, quién ordenó en persona la acción militar, concluyendo que en este problema, es poco probable que el Ejército se deje usar como chivo expiatorio del presidente. (Ver el documento 8)

DOCUMENTO N° 09
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), García declara a 95 policías arrestados por las ejecuciones en la cárcel de Lurigancho, 25 de junio, 1986, confidencial, 3 p. (NOTA: Este documento es de una colección donada por el periodista freelance Jeremy Bigwood). El presidente García anuncia hallazgos iniciales de la investigación sobre los motines en Lurigancho, anotando que la policía ejecutó entre 30-40 presos después de que ellos se habían rendido. La embajada advierte que en comparación a investigaciones previas sobre derechos humanos en las masacres de Accomarca y Pucayacu, esta vez “podría ser difícil para Alan García controlar un proceso que él ha puesto en marcha”. El cable cuestiona además cómo la policía sola se ha responzabilizado por ejecuciones en una operación, sin que el Ejército comparta también la culpa, y advierte que García “tiene las manos llenas tratando de evitar la imagen de que está involucrado en una coartada de la policía para evitar una confrontación con el Ejército”. (Ver el documento 9)

DOCUMENTO N° 10
Cable del Departamento de Estado, García y el Ejército: petición de ayuda internacional, 28 de junio, 1986, Secreto, 4 p. El vicesecretario de Estado John C. Whitehead envía asesoramiento a las embajadas de Estados Unidos en Latinoamérica sobre cómo manejar la actual crisis en el Perú. El cable resalta la creciente tensión entre el presidente García y las fuerzas armadas sobre los motines en la cárcel de Lurigancho y la posterior investigación. Whitehead sugiere que la embajada haga contacto con oficiales relevantes para convencer a García de parar su confrontable acercamiento al Ejército peruano en vista de la creciente amenaza terrorista. (Ver el documento 10)

DOCUMENTO N° 11
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Crisis actual en el Perú, 30 de junio, 1986, Secreto, 4 p. El documento describe las consecuencias de los motines y las masacres en prisión, incluyendo la probable designación del Ministro de Justicia y el Ministro del Interior. Policías arrestados luego de la investigación sobre Lurigancho continúan en manos de las autoridades policiales y no han sido transferidos a la prisión de Canto Grande como se prometió previamente. Fuerzas de la Marina también han estado recientemente implicadas en las ejecuciones en la cárcel de El Frontón. El cable anota además la posibilidad de que García destituya altos jefes militares, si se determina que la responsabilidad final por la masacre recae en el comando conjunto. (Ver el documento 11)

DOCUMENTO N° 12
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), El presidente García dice que la crisis ha terminado, 1 de julio, 1986, Secreto, 2 p. El asesor político de la embajada y el presidente García se reúnen para discutir la actual situación política nacional, incluyendo los dos motines en El Frontón y Lurigancho. En la conversación, García aclara que la Marina no tuvo responsabilidad por los hechos de El Frontón, y dice que mientras la Guardia Republicana fue responsable de los excesos en Lurigancho, el comando conjunto militar podría no ser responsable. García limita la posible responsabilidad por la masacre de Lurigancho al general Rabanal, de quien dice tendría que enfrentar las consecuencias si fuera encontrado culpable. En la conversación el presidente García continúa diciendo que, aunque infortunada, la crisis en las prisiones podrían tener el efecto positivo a largo plazo de disminuir la capacidad de Sendero Luminoso, y hasta que el terrorismo pueda ser erradicado, el pueblo peruano tendría que “aprender a vivir con un alto grado de violencia”. (Ver el documento 12)

DOCUMENTO N° 13
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Supuesta masacre en Pomatambo y Parcco, 26 de noviembre, 1986, Confidencial, 5 p. El documento discute informes discrepantes entre Ejército y documentos independientes, sobre la matanza de entre 12 y 13 personas en Ayacucho en octubre. Los reportes militares dan cuenta de que 13 guerrilleros, incluyendo el líder senderista Camarada Caszelly, fueron muertos en combate, mientras que reportes de la prensa, basados en testimonios de testigos presenciales, afirman que las fuerzas de seguridad ejecutaron realmente 12 civiles. Grupos locales de derechos humanos se preguntan si investigaciones del Senado se llevarán a cabo (del mismo modo a la investigación del Senado sobre Accomarca en 1985) o en cambio se disipará como anteriores investigaciones sobre los asesinatos carcelarios en junio. (Ver el documento 13)

DOCUMENTO N° 14
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), La Embajada visita Ayacucho, 21 de enero, 1987, Confidencial, 18 p. La Embajada de EE.UU. evalúa la actual situación en la zona de emergencia de Ayacucho, luego de una visita de dos días a esta zona en diciembre. El reporte otorga un análisis de las siguientes áreas: terrorismo y operaciones de contraataque terrorista, abusos a los derechos humanos, grupos políticos, proyectos de desarrollo y narcóticos. El documento concluye que el Ejército mantiene un fuerte control sobre las actividades de gobiernos locales. (Ver el documento 14)

DOCUMENTO N° 15
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Cayara: ningún cuerpo hallado, 1 de junio, 1988, Confidencial, 2 p. El documento describe la controversia alrededor de las matanzas que ocurrieron en o alrededor de Cayara el 14 de mayo, y las protestas estudiantiles en respuesta a estos crímenes. De acuerdo al Ejército, 16 guerrilleros murieron en un tiroteo con fuerzas del gobierno en o cerca de Cayara. Otras fuentes, incluyendo el fiscal especial de Ayacucho Carlos Escobar, sotiene que el Ejército ejecutó al menos 30 campesinos antes de remover sus cuerpos de la escena. El Ejército ha negado el acceso al área a la prensa, el ICRC, y otros grupos peruanos de derechos humanos. Mientras que por el momento no hay una respuesta decisiva a esta controversia, ya que primero se tienen que encontrar los cuerpos de las víctimas, el cable da a entender que los funcionarios de la embajada son escépticos de la posición de la armada, a causa del gran número de víctimas y la ausencia de bajas militares. (Ver el documento 15)

DOCUMENTO N° 16
Memorándum de conversación de la Embajada de EE.UU. (Lima), Abusos a los derechos humanos en aumento, 20 de septiembre, 1988, Confidencial, 5 p. Este memorándum representa la opinión de un entrevistado secreto. Se abordan temas como la violencia senderista, que él pronostica crecerá mientras la economía empeore; violaciones a los derechos humanos, que él cree continuarán en aumento por la actual ideología militar; y el uso de la tortura por parte de la Policía y del Ejército, que se mantendrá igual ante las ineficaces técnicas/procedimientos de investigación. (Ver el documento 16)

DOCUMENTO N° 17
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima) Gobierno anula reporte sobre masacre de Cayara, 10 de noviembre, 1988, Confidencial, 3 p. El cable discute los problemas de la investigación sobre la masacre de Cayara del 14 de mayo, incluyendo testimonios discordantes de testigos presenciales. Basado en la información de una fuente de la embajada y otra información confiable, este documento traza tres conclusiones principales: algunos pobladores de Cayara probablemente participaron en emboscada al patrullaje de la armada; la armada sí liquidó a los residentes de Cayara; y finalmente, con certeza la armada tratará de encubrir su participación. (Ver el documento 17)

DOCUMENTO N° 18
Resumen de la Agencia de inteligencia, Perú: Actividad de SL, 14 de diciembre, 1988, 2 p. La Agencia de Inteligencia y Defensa (DIA) evalúa recientes actividades de Sendero Luminoso en Lima y Huaraz. Las acciones discutidas incluyen el atentado explosivo una torre de alta tensión del 7 de diciembre, el asesinato de dos trabajadores de desarrollo franceses y dos técnicos peruanos el 5 de diciembre, y el atentado explosivo de cuatro hoteles en Huaraz el 1 de diciembre. (Ver el documento 18)

DOCUMENTO N° 19
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Sendero masacra a 39 campesinos, 3 de marzo, 1989, Confidencial, 5 p. El cable trata sobre la matanza de 39 campesinos en el departamento de Ayacucho. Luego de dar un detallado informe de la masacre, basado en el testimonio de los sobrevivientes, el reporte menciona que fuentes de derechos humanos han especulado que los crímenes fueron en respuesta a los esfuerzos de los campesinos de organizar rondas de defensa contra los ataques de Sendero. El documento sugiere también que el ataque pudo haber estado relacionado a producción ilícita de coca en el valle del Mantaro. (Ver el documento 19)

DOCUMENTO N° 20
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Sendero aniquila catorce alcaldes en un periodo de diez días, 17 de octubre, 1989, Confidencial, 5 p. La violencia senderista surge de nuevo, después de dos meses de inacción. Se da información específica del número de muertes y sus posiciones de refugio, y especulaciones sobre cómo el gobierno manejará las próximas elecciones en vista de la volencia notada. El reporte analiza también los posibles efectos de esta violencia y comenta que estas acciones han dado a Sendero una enorme ventaja psicológica en su lucha con el gobierno. (Ver el documento 20)

DOCUMENTO N° 21
Cable de la Agencia de Inteligencia y Defensa, Perú: Movimientos insurgentes, 1 de mayo, 1990, 2 p. Este cable enumera varios de los recientes ataques terroristas de Sendero Luminoso, y los efectos que han tenido en la provincia de Satipo. Efectos resaltantes han sido la gran migración de refugiados hacia los principales pueblos de Satipo y el cierre de todas las escuelas en la provincia. Estimados de la comisión del Congreso sobre el número de muertes son incluídos en el informe, que concluye que Sendero Luminoso está ganando fuerza y que con el décimo aniversario de Sendero el 17 de mayo y la segunda vuelta en las elecciones el 3 de junio, el nivel de violencia en el campo seguirá creciendo. (Ver el documento 21)

DOCUMENTO N° 22
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho: Ejército peruano y Sendero son culpados, 25 de octubre, 1990, Confidencial, 6 p. El documento discute dos matanzas masivas, una cometida por las guerrillas y otra por el Ejército. El informe indica que la guardia del Ejército que cometió los crímenes estaba bajo el control de un oficial local del Ejército conocido como “centurión”, quien de acuerdo con otros reportes de la embajada ha operado con impunidad en Huanta y pudo haber sido “la mano derecha” del mando político-militar de Ayacucho, general Fernández-Dávila. El fiscal y el presidente regional han atribuído las matanzas a las “rondas” (patrullas de defensa civiles) o al Ejército, y el Senado ha aprobado la formación de una comisión especial para investigar las matanzas. El informe concluye que este episodio representa la primera prueba del compromiso del presidente Fujimori para reforzar la rendición de cuentas del Ejército en su campaña contra las guerrillas. (Ver el documento 22)

DOCUMENTO N° 23
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Llamado por los Derechos Humanos del Embajador en Ayacucho, 11 de diciembre, 1990, Confidencial, 12 p. El embajador Quainton de EE.UU. discute el tema de los derechos humanos y la violencia política en Ayacucho con el jefe en la zona de emergencia de Ayacucho, general Fernández-Dávila, el fiscal superior del Ministerio Público, el fiscal especial de Derechos Humanos, y autoridades municipales. El general Fernández-Dávila afirma que la frecuencia de las violaciones contra los derechos humanos ha sido grandemente exagerada, y que cuando han ocurrido excesos, los funcionarios responsables han sido investigados y perseguidos. Otros funcionarios locales, incluyendo el alcalde y fiscales, reconocen que ha crecido la cooperación de las autoridades del Ejército. El informe cita la buena voluntad del Ejército para revelar la identidad de “Centurión” (Sargento Johnny José Zapata Acuña), como un nuevo ejemplo de este nuevo espíritu de cooperación. Sin embargo, el documento concluye que las afirmaciones generales de la derrota de Sendero por parte del Ejército es muy optimista, y de que a pesar de evidentes signos de mejoras en los meses recientes, la actuación del Ejército en el tema de los derechos humanos está “lejos de buena” y que la armada no ha sido “enteramente reformada”. (Ver el documento 23)

DOCUMENTO N° 24
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Un policía de Ayacucho describe las matanzas extrajudiciales, 19 de diciembre, 19990, Secreto, 10 p. En este cable autoridades políticas de la Embajada revelan sus conversaciones con una autoridad policial de Ayacucho, quien había sido miembro de un escuadrón secreto de la policía. El policía detalla actividades del escuadrón de la muerte, anotando que 300 sospechosos fueron asesinados en 1989. Él explica cómo objetivos del escuadrón fueron disueltos en 1990 luego de que una emboscada de Sendero hirió seriamente o mató tres de sus cuatro miembros. El cable dice que el oficial no parecía “ni orgulloso ni avergonzado de su rol como un asesino extrajudicial”, y lucía dispuesto a contar su historia to alguien “oficial”, ya que pocos (inclusive dentro de la fuerza policial) sabían de la existencia o actividades del escuadrón. (Ver el documento 24)

DOCUMENTO N° 25
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), En el Ojo de la Tormenta: Reporte de un viaje a Ayacucho, Parte I, 20 de diciembre, 1990, Confidencial, 19 p. El embajador Quainton describe en detalle la situación de violencia política e insurgencia en Ayacucho, detallando las raíces históricas de la región y la actual situación política y militar. Anota que Ayacucho tiene una importancia primaria tanto para Sendero como para el gobierno peruano, a pesar de que es de poca importancia estratégica. El documento detalla crecientes quejas de que los líderes de las “rondas” (patrullas de defensa civil) son muchas veces matones o narcotraficantes. También discute denuncias de que la policía raptó hombres jóvenes, los acusó de terrorismo y luego chantajeó a sus familias. (Ver el documento 25)

DOCUMENTO N° 26
Cable de la Embajada, Preguntas del Americas Watch Human Rights, 2 de agosto, 1991, Confidencial, 5 p. La Embajada de EE.UU. trata de descubrir información sobre las desapariciones de Chuschi y casos que involucran el maltrato, por parte del Ejército, de profesores del SUTEP en San Martín, en particular el presunto abuso al profesor del SUTEP Moisés Tenorio Banda. Se reporta que en ambos casos, el jefe político-militar de Ayacucho, General Martínez, se ha declarado militarmente inocente. Fuentes consultadas en este documento han anulado aparentemente el caso Chuschi, salvando una decisión por parte del Ejército de cooperar en una investigación. El cable sugiere también la poca esperanza de que se resuelva el caso Tenorio. (Ver el documento 26)

DOCUMENTO N° 27
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), La mente de la Bestia: La brutalidad de Sendero Luminoso, 7 de agosto, 1991, Confidencial, 12 p. Este documento presenta una perfil de la violencia de Sendero Luminoso, especula sobre la naturaleza de esta violencia y otorga varios ejemplos de recientes y pasadas atrocidades cometidas por Sendero. Concluye que Sendero no es patológico en sus matanzas, sino “calmado y desapasionado” en su violencia, que es cometida puramente por razones ideológicas. (Ver el documento 27)

DOCUMENTO N° 28
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima) Masacre de Barrios Altos: un mes después, 14 de diciembre, 1991, Secreto, 2 p. Esta actualización sobre el desarrollo de la investigación de la masacre de Barrios Altos resalta que el gobierno peruano ha demostrado poca “voluntad política” para encontrar a los autores del crimen, y que la mayoría cree ahora que fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en la matanza. (Ver el documento 28)

DOCUMENTO N° 29
Cable del Departamento de Estado, Masacre de Barrios Altos, 12 de diciembre, 1991, Secreto, 1 p. El Secretario de Estado James Baker indica al embajador de EE.UU. en Lima que busque una reunión con el presidente Fujimori para discutir el caso Barrios Altos. Este cable establece los principales puntos a ser discutidos. El Embajador debe mostrar la profunda preocupación de Estados Unidos sobre el manejo de la investigación del caso Barrios Altos, y debe convencer a Fujimori de que una vigorosa investigación traerá a los responsables a la justicia. Baker resalta en particular, la reciente destitución del encargado del caso, como un hecho inquietante para el gobierno de EE.UU. (Ver el documento 29)

DOCUMENTO N° 30
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Masacre de Barrios Altos, 13 de diciembre, 1991, Secreto, 1 p. El Embajador Quainton describe un intercambio con varios funcionarios peruanos (incluyendo el presidente Fujimori), donde Quainton expresó la profunda preocupación de EE.UU. sobre la investigación de la masacre de Barrios Altos. Un funcionario no identificado dijo que la investigación estaba aún en proceso y opinó que los responsables eran probablemente un grupo de militares y civiles buscando revancha por las matanzas previas de Sendero. (Ver el documento 30)

DOCUMENTO N° 31
Cable de la Agencia de Defensa e Inteligencia, Actividades de Sendero Luminoso en la región Satipo-Mazamari, 2 de enero, 1992, Secreto, 6 p. Este cable informa de varias acciones de Sendero en la región Satipo-Mazamari durante la primera mitad de 1991. Se enfoca en los enfrentamientos de Sendero con los Sinchis, y en los asesinatos de Sendero de autoridades locales y organizadores de ronderos. Da los nombres y las circunstancias de las muertes de varias víctimas. (Ver el documento 31)

DOCUMENTO N° 32
Informe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgo de la Armada de EE.UU., Archivo de la Armada Nacional, 15 de junio, 1992, Secreto, 73 p. (extracto). Este extracto parcial da una perspectiva general de la situación política, económica y militar en el Perú, así como una descripción detallada de la misión, estructura, composición, personal, y operaciones del Ejército peruano y fuerzas de inteligencia. El informe también incluye una crítica de los esfuerzos contrainsurgentes del Ejército, resaltando deficiencias del Perú y formas sugeridas de reformar estos esfuerzos. La segunda sección de este informe de los archivos de inteligencia y seguridad incluye las principales figuras militares y de inteligencia, incluyendo en presidente Fujimori y a Vladimiro Montesinos. (Ver el documento 32)

DOCUMENTO N° 33
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Coche-bomba de Sendero al ILD: Continúa la escalada terrorista, 21 de julio, 1992, Confidencial, 5 p. Este cable describe recientes actos violentos cometidos por SL, incluyendo el ataque del Instituto Libertad y Democracia (ILD), dirigido por Hernando de Soto, en Miraflores, que mató a cinco e hirió a siete personas. Esta bomba viene luego de otro ataque con bomba el 17 de junio, que mató a 18 personas. (Ver el documento 33)

DOCUMENTO N° 34
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Supuesto testigo de la masacre de Barrios Altos quiere testimoniar – si puede dejar el Perú, 3 de enero, 1993, Secreto, 5 p. Un oficial del Ejército peruano y miembro de Servicio de Inteligencia del Ejército/Servicio de Inteligencia Nacional (SIE/SIN), contacta al Embajador de EE.UU. a través de un intermediario, estableciendo su deseo de testimoniar sobre la masacre de Barrios Altos y otras matanzas relacionadas al SIN, si es que se le da protección y salvoconducto a otro país. La embajada anota que dar asilo a este oficial se convertiría en un “asunto delicado mayor en las relaciones bilaterales” con el Perú, pero por otro lado, también contribuiría a los objetivos sobre derechos humanos en el país. La Embajada solicita asesoría del Departamento de Estado sobre qué asistencia deberían dar al oficial. (Ver el documento 34)

DOCUMENTO N° 35
Cable del Departamento de Estado, General pide asilo a la Embajada de EE.UU., por amenazas relacionadas a sus esfuerzos por investigar las matanzas, 6 de mayo, 1993, Secreto, 6 p. El general Rodolfo Robles hace un sorpresivo pedido de asilo al gobierno de EE.UU., mientras estaba en la Embajada de EE.UU. con su familia. En la Embajada, Robles afirma que él y su familia están en inminente peligro porque él ha otorgado información sobre las muertes de La Cantuta al juzgado militar que revisa el caso. Robles afirma que está listo para hacer públicas sus denuncias de que Vladimiro Montesinos y el comandante Hermoza fueron responsables de los escuadrones de la muerte que llevaron a cabo los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, y que además están conectados con el narcotráfico. La Embajada resalta la reputación de Robles dentro del Ejército y advierte que sus acciones serán una “bomba” en el Perú. (Ver el documento 35)

DOCUMENTO N° 36
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), General retirado en complot en el Ejército y la investigación de La Cantuta, 22 de mayo, 1993, Secreto, 7 p. Este cable describe una conversación con un general retirado del Ejército, en el grupo “Comaca” dentro de la armada, el incidente Robles, y una probable investigación del Congreso sobre las desapariciones de La Cantuta. El oficial califica de “absurda” la afirmación del gobierno peruano de que una investigación del Congreso sobre La Cantuta rompería la moral de la armada. Él resalta que la investigación será principalmente un problema para Hermoza y Montesinos, pero solo si oficiales de menor rango son acusados, las tensiones en la armada aumentarían, ya que la tradición del Ejército requiere que Hermoza acepte la responsablidad y no derivarla a otros. El oficial sugiere que solo Estados Unidos puede contener al presidente Fujimori. (Ver el documento 36)

DOCUMENTO N° 37
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Indica que los Escuadrones del Ejército/SIN existen, 24 de mayo, 1993, Secreto, 4 p. El consejero político de la Embajada de EE.UU. discute denuncias sobre el escuadrón de la muerte con un oficial peruano. El oficial afirma que el escuadrón de la muerte fue responsable de Barrios Altos y La Cantuta, y corrobora que los nombres dados por el general Robles eran correctos. Sin embargo, establece que no testimoniará, ya que los oficiales policiales y militares son vistos por el Estado “como la versión peruana de Alemania bajo la Gestapo”. (Ver el documento 37)

DOCUMENTO N° 38
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Oficial del Ejército convicto por el caso de Accomarca es reportado no encarcelado, 3 de diciembre, 1993, Secreto, 2 p. Este documento relaciona evidencia de que el capitán Telmo Hurtado, que había sido convicto por la masacre de Accomarca en 1985, está aún en servicio y no en prisión. La embajada comenta que si la información es verdad, negará cualquier resultado positivo por el encarcelamiento inicial y seriamente trae a cuestión el compromiso del gobierno peruano “de enfrentar la impunidad militar en casos de derechos humanos en el futuro”. (Ver el documento 38)

DOCUMENTO N° 39
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Accormarca, Hurtado y La Cantuta, 30 de diciembre, 1993, Confidencial, 5 p. El encargado de la Embajada se reúne con un oficial peruano no identificado, para discutir la situación del convicto capitán Telmo Hurtado. El encargado expresa gran preocupación de que Hurtado no está sirviendo su sentencia de seis años por la masacre de Accomarca. El oficial recalca que que investigará, pero sugiere que Hurtado pudo haber sido liberado por tiempo cumplido antes de la sentencia. También resalta el compromiso del Ejército para investigar las desapariciones de La Cantuta. (Ver el documento 39)

DOCUMENTO N° 40
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Informes de testigos del lugar de las matanzas, 20 de abril, 1994, Confidencial, 11 p. Un periodista peruano no identificado describe su “conmovedor recuento de la muerte y destrucción causada por un gran operativo del Ejército”. Describe el difícil viaje que hizo junto a un pequeño grupo de otros periodistas y trabajadores de derechos humanos, a la región selva de Huánuco para investigar la masacre en la zona. Luego de ser llevados al sitio de los campesinos masacrados por víctimas sobrevivientes, el grupo se dirigió a la base Los Laureles en Tingo María y entrevistó al coronel Javier Rivas Ramirez. Rivas describió las operaciones del Ejército en el área. (Ver el documento 40)

DOCUMENTO N° 41
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Plan de acción ante las denuncias de la operación asesina del Ejército en Huánuco, 21 de abril, 1994, Confidencial, 5 p. ONGs de derechos humanos y periodistas atribuyen los recientes abusos contra los derechos humanos en el Alto Huánuco a las operaciones militares de contraataque terrorista. Mientras el documento afirma que la embajada de EE.UU. no ha sido capaz de confirmar estos reportes, algunos de los cuales calculan el saldo de víctimas hasta de cien, la Embajada los considera creíbles. El informe continúa sugiriendo un apropiado alto nivel de respuesta de los gobiernos de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Estas respuestas buscarán presionar efectivamente al gobierno de Fujimori para permitir acceso libre a la zona de grupos no gubernamentales (especialmente el ICRC) y seguir con las investigaciones civiles y militares ahora bajo proceso. El informe reconoce que el gobierno de Fujimori ha estado preocupado por las pasadas críticas del gobierno estadounidense sobre derechos humanos, y enfatiza que se podrían necesitar nuevos esfuerzos del más alto nivel del gobierno y en conjunción con otros poderes mayores. (Ver el documento 41)