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En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".53
Tomo III
PRIMERA PARTE:
EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS
Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales
.1. EL GOBIERNO DE ACCIÓN POPULAR (Fernado Belaunde Terry)
2.1.4.2. Impunidad
La estrategia contrasubversiva que se puso en práctica con las fuerzas armadas en el escenario de la violencia resultó ser altamente costosa en vida humanas. Para cierto sector de las fuerzas armadas eso era inevitable, e incluso se hizo público ese punto de vista. El general Luis Cisneros Vizquerra, quien fue ministro de Guerra, afirmaba en septiembre de 1984:
(…) no podemos entender cómo en una zona de guerra, una zona prácticamente extraterritorial, pretendamos mantener el estado de derecho. Le encargamos a la fuerza armada que elimine a Sendero y cuando va a apretar el gatillo aparece el Fiscal de la Nación para ver si al hombre lo vamos a matar de frente, y se presenta el abogado, el periodista (…) Hay una inclinación a criticar todo lo que la fuerza armada hace en Ayacucho (…) da la impresión que se piensa que quienes deben ser eliminadas son las fuerzas del orden (…) hablamos de derechos humanos de manera unilateral. En la guerra no hay derechos humanos.50
Las múltiples violaciones de derechos humanos fueron conocidas por denuncias diversas. El gobierno de Acción Popular trató esas denuncias como elementos de la pugna política de la oposición. La prensa favorable al gobierno alentaba ese enfoque. Por ejemplo, el comentarista político Manuel D´Ornellas consideró el descubrimiento de fosas comunes como un "verdadero regalo político para la extrema izquierda" y añadía que "la guerra que quisiéramos limpia, pero que es obviamente sucia, la declaró oficialmente el grupo que comanda Guzmán".51
De acuerdo con Javier Alva Orlandini,52 el arquitecto Belaunde era consciente de la gravedad de los hechos y compartía con el ministro José María de La Jara las dudas sobre la conveniencia de establecer estado de emergencia y de ordenar la intervención militar.
Sin embargo, la Comisión encuentra que a partir del establecimiento del Comando Político Militar en Ayacucho, y ante el crecimiento de los crímenes del PCP-SLy de agentes de seguridad del Estado, el presidente Belaunde no desarrolló una política decidida de protección de los derechos humanos. Por el contrario, optó por no atender las denuncias a ese respecto que se hacían.
En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".53
La indeferencia del gobierno de Acción Popular ante estos crímenes no se confinó al Poder Ejecutivo, sino que se extendió también al Legislativo. La Comisión ha encontrado que el Congreso, en el que Acción Popular tenía mayoría, no instituyó ninguna comisión investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias existentes. En términos generales, el Legislativo incumplió su deber de fiscalización en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder Ejecutivo, estableció un ambiente de impunidad que la Comisión considera deplorable por las pérdidas de miles de vidas humanas a que ello dio lugar.
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