Tomo IIIPRIMERA PARTE:
EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS
Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales En PDF
CAPÍTULO 2 LOS ACTORES POLÍTICOS E INSTITUCIONALES
LINK: 2.1. Acción Popular (GOBIERNO DE FERNANDO BELAUNDE TERRY)
Finalmente, el 29 de diciembre de 1982 el presidente Belaunde firmó el decreto supremo 068-92-IN por el que declaró en estado de emergencia las provincias de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo y Huamanga, además de una provincia del departamento de Huancavelica y una del departamento de Apurímac, y encargó el control del orden interno a las fuerzas armadas.
De ese modo, el gobierno constitucional optó por la respuesta militar al conflicto.
El desarrollo de éste lo hacía inevitable; sin embargo, la Comisión considera que ello no debió significar una transferencia de las responsabilidades políticas ni la omisión de los deberes de control al modo como se ejercía la represión de la subversión armada.
Ésta omisión fue, obviamente, un grave error.
2.1.3. La militarización del conflicto
Con el ingreso de las fuerzas armadas en Ayacucho se inició el periodo de mayor violencia en el proceso de veinte años estudiado por la Comisión
Las cifras de muertos y desaparecidos alcanzaron en esos años una magnitud que no se volvería a registrar en el resto del periodo de violencia.
(Observando detenidamente el diagrama, en 1984 -Gobierno de Belaunde- y entre los años 1989-1990 -finalizando el gobierno de Alan García- se alcanzó los picos más altos de muertes y desapariciones.
Es durante la década del Gobierno de Fujimori que la curva desciende, balance que es reconocido por numerosos analistas políticos que lo relacionan con la estrategia sistemática implementada en la década de los 90' basada en no represión indiscriminada de la población sino la organizó y trabajo con ella y la inteligencia policial para identificar y capturar a los líderes)
2.1.3.2. Los comandos político-militares
Desde el primer día de enero de 1983 hasta el final del gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, las fuerzas armadas tuvieron a su cargo la lucha contrasubversiva en la zona de emergencia declarada en los andes centrales.
Esto ocurrió bajo un marco legal poco definido en lo que se refiere a la acotación de las facultades de los jefes militares en la zona y sin que las autoridades políticas pusieran en práctica mecanismos adecuados de protección de los derechos humanos de la población que quedaba bajo control militar.
La actividad de los comandos político-militares, según ha constatado la Comisión, si bien golpeó duramente a la organización subversiva PCP-SL, no llegó a reprimir sus actos terroristas ni a erradicarla, y en cambio acarreó prácticas generalizadas de violación de los derechos humanos de la población civil de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica en ciertos periodos y lugares específicos.
La orden dada por el presidente Belaunde, si bien amplia, no incluyó previsiones sobre el complemento de la acción del gobierno civil constitucional a las actividades militares.
El equipo de gobierno, en un contexto de agresiones criminales del PCP-SL a las autoridades civiles locales, y también en consonancia con el diagnóstico incipiente del problema ante reseñado, optó por dejar el problema en manos del sector militar sin diseñar una estrategia propia de defensa o restauración de la autoridad civil.36
Hasta el final del periodo gubernamental (Fernado Belaunde) hubo tres jefes militares en la zona en emergencia.
Jefes del comando político militar de la zona de emergencia
Cuadro No 1
Jefe del Comando Político Militarde la Zona de Emergencia
Periodo
General EP Roberto Clemente Noel : 31. Dic. 1982-31. Dic. 1983
General EP Adrián Huamán: 31. Dic. 1983-28. Ago. 1984
General EP Wilfredo Mori37 : 28. Ago. 1984-18. Set. 1985
Fuente: elaboración CVR.
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