En Lurigancho, penal encargado al Ejército, pero en el que bajo su supervisión, operó directamente la guardia Republicana, luego de retomar el pabellón de los senderistas amotinados, se produjo la ejecución extrajudicial de todos los presos rendidos, 124 personas en total.
Las ejecuciones extrajudiciales reconocidas entonces en Lurigancho, ocurrieron también en el penal San Juan Bautista de El Frontón, según indicios que hoy tiene la CVR.
Nada de esto pudo investigarse sin embargo, porque luego se desarrolló un operativo de encubrimiento declarando a los penales "Zona militar restringida", con un decreto Supremo del día 19 de junio.
Aunque el Gobierno no haya previsto el extremo de estas consecuencias, tenía todos los elementos para haber percibido la necesidad de prever y hasta ordenar que la represión del motín, que no atentaba contra la seguridad ni siquiera del conjunto de los 3 penales, no diese lugar al asesinato de rendidos.
Es en esos aspectos que se jugaba precisamente la diferenciación entre el proceder del Estado democrático y el de los grupos subversivos y terroristas.
Sin embargo no lo hizo así y al asumir como bueno lo realizado, y hasta felicitar al Comando Conjunto, en la sesión del Consejo de Ministros del 19 de julio, canceló con ese hecho, su búsqueda en curso de una estrategia antisubversiva democrática.
2.2. El gobierno del Partido Aprista Peruano - PDF (Gobierno de Alan García Pérez)
2.1.2.4 El impacto de la matanza de los penales
El gobierno de García recibió una situación crítica en los penales que se había agravado luego de que el 4 de octubre de 1985 un amotinamiento de reclusos acusados por terrorismo en el penal de Lurigancho fuese sofocado por la Guardia Republicana en un violento incidente.
Murieron 30 internos pero no hubo mayores investigaciones ni asunción de responsabilidades por parte del gobierno.
En los meses siguientes, siguieron los problemas en penales, insistiendo los reclusos senderistas en pedir garantías para su vida.
En junio de 1986 elevaron recursos de amparo frente a la amenaza a su seguridad y el dirigente senderista Antonio Díaz Martínez, poco antes de comenzar su interrogatorio del Quinto Tribunal Correccional, denunció "el nuevo plan genocida que prepara el gobierno en todo el país, para aplicarlo contra los reclusos de las diferentes cárceles".29
Es decir, los senderistas buscaban con sus acciones "inducir al genocidio" al gobierno aprista y al, mismo tiempo, lo denunciaban por prepararlo.
El motín senderista que dio inicio a la matanza de penales se inició el 18 de junio en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara con tomas de rehenes, mientras se celebraba en la capital un evento de la Internacional Socialista.
Luego de intentar controlar la situación a través de la mediación de funcionarios del INPE, del Poder Judicial y de la Comisión de Paz, el Consejo de Ministros decidió "que era necesario restablecer el orden en los penales con la máxima energía que permite la Ley, preservando -en lo posible-la vida de los rehenes y rescatando el principio de autoridad" encargándole la tarea al Comando Conjunto de las FF. AA.30
Con la intervención de la Fuerza Aérea, se recuperó rápidamente el orden en el penal de Santa Bárbara, en el que murieron tres reclusas.
En Lurigancho, penal encargado al Ejército, pero en el que bajo su supervisión, operó directamente la guardia Republicana, luego de retomar el pabellón de los senderistas amotinados, se produjo la ejecución extrajudicial de todos los presos rendidos, 124 personas en total.
En el caso de El Frontón, encargado a la Marina de Guerra, las acciones se extendieron un día más y fueron las más violentas porque fue el único lugar donde los amotinados tenían tres armas de fuego modernas y muchos proyectiles de fabricación artesanal.
Allí murieron (???) efectivos de la Marina y un número (???) muy elevado de internos, 111, según las cifras oficiales.
El Presidente, pocos días después, reconoció parcialmente la matanza visitando el penal de Lurigancho que, en ese momento, fue considerado el caso más grave de responsabilidad para el gobierno.
La CVR encuentra que el diagnóstico inicial de los hechos que señaló correctamente que se trataba de "una provocación senderista", según acta del Consejo de Ministros del 18 de junio, fue contradictoria con la decisión de encargar la represión a las FF AA y darles "el plazo más breve posible".
Luego se desinfomó deliberadamente al país, dando información falsa en la mayoría de los 6 comunicados oficiales que se propalaron.
La función disuasiva de la Comisión de Paz sólo se cumplió para la imagen pues sus miembros no están seguros que los reclusos escuchasen un único pedido de desestimiento trasmitido por altavoz.
Se impidió la acción de los agentes judiciales y penitenciarios regulares, y luego empezaron los operativos mortales.
Las ejecuciones extrajudiciales reconocidas entonces en Lurigancho, ocurrieron también en el penal San Juan Bautista de El Frontón, según indicios que hoy tiene la CVR.
Nada de esto pudo investigarse sin embargo, porque luego se desarrolló un operativo de encubrimiento declarando a los penales "Zona militar restringida", con un decreto Supremo del día 19 de junio.
Aunque el Gobierno no haya previsto el extremo de estas consecuencias, tenía todos los elementos para haber percibido la necesidad de prever y hasta ordenar que la represión del motín, que no atentaba contra la seguridad ni siquiera del conjunto de los 3 penales, no diese lugar al asesinato de rendidos.
Es en esos aspectos que se jugaba precisamente la diferenciación entre el proceder del Estado democrático y el de los grupos subversivos y terroristas.
Sin embargo no lo hizo así y al asumir como bueno lo realizado, y hasta felicitar al Comando Conjunto, en la sesión del Consejo de Ministros del 19 de julio, canceló con ese hecho, su búsqueda en curso de una estrategia antisubversiva democrática.
A partir de entonces la relación entre el Gobierno y los mandos militares fue regresando progresivamente a un estilo de prescindencia y ambigüedad en la toma de decisiones y en la asunción de responsabilidades.
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