CVR: LA MILITARIZACIÓN DEL CONFLICTO

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN

Tomo IIIPRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS 

Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales En PDF
CAPÍTULO 2 LOS ACTORES POLÍTICOS E INSTITUCIONALES

2.1. EL GOBIERNO DE ACCIÓN POPULAR – FERNANDO BELAUNDE TERRY

2.1.3. La militarización del conflicto

Con el ingreso de las fuerzas armadas en Ayacucho se inició el periodo de mayor violencia en el proceso de veinte años estudiado por la Comisión.

Las cifras de muertos y desaparecidos alcanzaron en esos años una magnitud que no se volvería a registrar en el resto del periodo de violencia.

2.1.3.2. Los comandos político-militares

Desde el primer día de enero de 1983 hasta el final del gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, las fuerzas armadas tuvieron a su cargo la lucha contrasubversiva en la zona de emergencia declarada en los andes centrales. Esto ocurrió bajo un marco legal poco definido en lo que se refiere a la acotación de las facultades de los jefes militares en la zona y sin que las autoridades políticas pusieran en práctica mecanismos adecuados de protección de los derechos humanos de la población que quedaba bajo control militar.
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En entrevistas con la CVR, el general Noel afirma que desde el comienzo de su gestión contó con el respaldo explícito del arquitecto Belaunde. Según sus recuerdos reconstruye el siguiente diálogo:

"Señor presidente [Fernando Belaunde], perdón, quiero hacerle una pregunta: usted me ha cambiado la misión; ¿voy o no voy a combatir?" El presidente Belaunde me dice: "General, usted combata con toda energía y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional". "Gracias".⁴¹

El general Noel afirma también que informaba de sus actividades periódicamente:

Yo normalmente venía cada dos meses, tres meses y coordinaba con el presidente del Comando Conjunto; yo iba a Palacio porque iba al acuerdo (sic) de guerra con el Ministro de Guerra y con el comandante general del Ejército. Y de ahí (…) en el Consejo de Defensa Nacional donde el Presidente impartía órdenes con cosas con las que se le informaba.⁴²

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 2.1.4. La responsabilidad del gobierno
Es claro que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry respaldó la actuación de los comandos político-militares entre 1983 y 1985 a pesar de las denuncias sobre las grandes violaciones de derechos humanos de la población civil que se estaban cometiendo y del conocimiento que obviamente debió tener sobre esos hechos. El ingreso de las fuerzas armadas en la zona de emergencia para combatir a la subversión fue dispuesto sin tomar las previsiones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, la autoridad civil delegó en las autoridades militares amplias facultades y renunció a ejercer sus potestades para impedir o sancionar graves atropellos contra la población.
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2.1.4.2. Impunidad
La estrategia contrasubversiva que se puso en práctica con las fuerzas armadas en el escenario de la violencia resultó ser altamente costosa en vida humanas
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En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".⁵³
La indeferencia del gobierno de Acción Popular ante estos crímenes no se confinó al Poder Ejecutivo, sino que se extendió también al Legislativo. La Comisión ha encontrado que el Congreso, en el que Acción Popular tenía mayoría, no instituyó ninguna comisión investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias existentes. En términos generales, el Legislativo incumplió su deber de fiscalización en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder Ejecutivo, estableció un ambiente de impunidad que la Comisión considera deplorable por las pérdidas de miles de vidas humanas a que ello dio lugar.
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Uno de las últimas decisiones de política contrasubversiva del arquitecto Belaunde Terry fue la promulgación de la ley 24150. En esta ley, se establecieron por primera vez las atribuciones del Comando Político Militar, que gozaba así de la facultad de

[…] coordinar la participación del sector público y no público ubicados en la zona de emergencia, coordinar y supervisar las acciones de los sectores, organismos públicos, corporaciones departamentales y demás instituciones del sector público, solicitar el nombramiento o traslado de las autoridades políticas y administrativas de su jurisdicción en caso de negligencia, abandono, vacancia o impedimento para cumplir sus funciones (...).

La Comisión considera que esta norma y las amplias atribuciones que otorgaba a los comandos político-militares constituyó un aval concluyente del gobierno saliente a una estrategia militar que había resultado en masivas violaciones de derechos humanos.⁵⁴
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2.1.5. Conclusiones
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8. En síntesis, elegido para hacer de la democracia un proyecto nacional en ejecución, se puede considerar que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry fue la primera víctima política de la violencia criminal del PCP-SL. Hacia el final de su gobierno Belaunde consideró un éxito que "un gobierno elegido democráticamente entregue el poder a otro elegido democráticamente". En las circunstancias del grave desafío planteado al Estado y la sociedad, ello fue así. Pero, por desgracia, el gobierno saliente dejó tras de sí una legislación antiterrorista – la ley 24150 – que fortaleció las facultades de los comandos político-militares a pesar de las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, y que en la práctica significó una renuncia de la autoridad civil en el terreno de la lucha antisubversiva