Treinta y dos años de los luctuosos sucesos acaecidos en las serranías de Ayacucho en 1983
30 años de una masacre, que nunca se resolvió
El 26 de enero, se cumplIó treinta y dos años de los luctuosos sucesos acaecidos en las serranías de Ayacucho en 1983, sin que hasta el momento los familiares de los periodistas asesinados en aquella ocasión, sientan que la justicia hizo su trabajo identificando y sancionando a los verdaderos culpables y no a “chivos expiatorios”.
INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN:
| Tomo III PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS Sección segunda: Los actores del conflicto Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales |
2.1. EL GOBIERNO DE ACCIÓN POPULAR
2.1.3. La militarización del conflicto
Con el ingreso de las fuerzas armadas en Ayacucho se inició el periodo de mayor violencia en el proceso de veinte años estudiado por la Comisión.
2.1.3.2. Los comandos político-militares
Desde el primer día de enero de 1983 hasta el final del gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, las fuerzas armadas tuvieron a su cargo la lucha contrasubversiva en la zona de emergencia declarada en los andes centrales. Esto ocurrió bajo un marco legal poco definido en lo que se refiere a la acotación de las facultades de los jefes militares en la zona y sin que las autoridades políticas pusieran en práctica mecanismos adecuados de protección de los derechos humanos de la población que quedaba bajo control militar.
La actividad de los comandos político-militares, según ha constatado la Comisión, si bien golpeó duramente a la organización subversiva PCP-SL, no llegó a reprimir sus actos terroristas ni a erradicarla, y en cambio acarreó prácticas generalizadas de violación de los derechos humanos de la población civil de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica en ciertos periodos y lugares específicos.
2.1.3.2.1. El primer año: general Roberto Noel
El primer jefe del comando político-militar de la zona de emergencia fue el general del Ejército Peruano Roberto Clemente Noel. Tomó posesión del cargo el 31 de diciembre de 1982 y de inmediato dos mil soldados del ejército asumieron el control de las provincias declaradas en emergencia.
En entrevistas con la CVR, el general Noel afirma que desde el comienzo de su gestión contó con el respaldo explícito del arquitecto Belaunde. Según sus recuerdos reconstruye el siguiente diálogo:
"Señor presidente [Fernando Belaunde], perdón, quiero hacerle una pregunta: usted me ha cambiado la misión; ¿voy o no voy a combatir?" El presidente Belaunde me dice: "General, usted combata con toda energía y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional". "Gracias".41El general Noel afirma también que informaba de sus actividades periódicamente:
Yo normalmente venía cada dos meses, tres meses y coordinaba con el presidente del Comando Conjunto; yo iba a Palacio porque iba al acuerdo (sic) de guerra con el Ministro de Guerra y con el comandante general del Ejército. Y de ahí (…) en el Consejo de Defensa Nacional donde el Presidente impartía órdenes con cosas con las que se le informaba.422.1.4.2. Impunidad
La estrategia contrasubversiva que se puso en práctica con las fuerzas armadas en el escenario de la violencia resultó ser altamente costosa en vida humanas.
En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".53
La indeferencia del gobierno de Acción Popular ante estos crímenes no se confinó al Poder Ejecutivo, sino que se extendió también al Legislativo. La Comisión ha encontrado que el Congreso, en el que Acción Popular tenía mayoría, no instituyó ninguna comisión investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias existentes. En términos generales, el Legislativo incumplió su deber de fiscalización en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder Ejecutivo, estableció un ambiente de impunidad que la Comisión considera deplorable por las pérdidas de miles de vidas humanas a que ello dio lugar.
2.1.5. Conclusiones
... Hacia el final de su gobierno Belaunde consideró un éxito que "un gobierno elegido democráticamente entregue el poder a otro elegido democráticamente". En las circunstancias del grave desafío planteado al Estado y la sociedad, ello fue así. Pero, por desgracia, el gobierno saliente dejó tras de sí una legislación antiterrorista – la ley 24150 – que fortaleció las facultades de los comandos político-militares a pesar de las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, y que en la práctica significó una renuncia de la autoridad civil en el terreno de la lucha antisubversiva
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