"ABDICACIÓN DE LA AUTORIDAD DEMOCRÁTICA" - FERNANDO BELAUNDE TERRY

INFORME DE CVR: 

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“Fernando Belaunde Terry, un mes antes de finalizar su Gobierno, (5 – junio – 1985)- Uno de las últimas decisiones de política contrasubversiva del arquitecto Belaunde Terry fue la promulgación de la ley 24150. […]La Comisión considera que esta norma y las amplias atribuciones que otorgaba a los comandos político-militares constituyó un aval concluyente del gobierno saliente a una estrategia militar que había resultado en masivas violaciones de derechos humanos.⁵⁴ (…) 1984 es el año en que se han registrado la mayor cantidad de muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000.

2.1.3.2. Los comandos político-militares

Desde el primer día de enero de 1983 hasta el final del gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, las fuerzas armadas tuvieron a su cargo la lucha contrasubversiva en la zona de emergencia declarada en los andes centrales. Esto ocurrió bajo un marco legal poco definido en lo que se refiere a la acotación de las facultades de los jefes militares en la zona y sin que las autoridades políticas pusieran en práctica mecanismos adecuados de protección de los derechos humanos de la población que quedaba bajo control militar

2.1.4. La responsabilidad del gobierno

Es claro que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry respaldó la actuación de los comandos político-militares entre 1983 y 1985 a pesar de las denuncias sobre las grandes violaciones de derechos humanos de la población civil que se estaban cometiendo y del conocimiento que obviamente debió tener sobre esos hechos. El ingreso de las fuerzas armadas en la zona de emergencia para combatir a la subversión fue dispuesto sin tomar las previsiones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, la autoridad civil delegó en las autoridades militares amplias facultades y renunció a ejercer sus potestades para impedir o sancionar graves atropellos contra la población.”
PARTE IIEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO Y LA OLIGARQUÍA PERUANAEN EL SIGLO XX

En la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA los gobiernos del presidente Belaúnde y de Alan García encargaron a las Fuerzas Armadas la solución del problema mediante comandos político-militares en las zonas de emergencia. Apoyándose en la doctrina de seguridad nacional las Fuerzas Armadas desataron una guerra interna de baja intensidad, indiscriminada que confundía a los civiles residentes en las zonas de emergencia con potenciales terroristas y a las protestas sociales con actos emparentados con el terror.³⁰⁶ Así, en las postrimerías del segundo gobierno de Belaúnde, el 5 de junio de 1985 se promulgó la ley 24150 donde se establecían las normas que debían cumplirse en los estados de excepción, se dejaba claro que en esos territorios las Fuerzas Armadas (FF. AA.) asumían el control del orden interno. La ley precisaba las atribuciones del Comando Político Militar otorgándole la facultad de coordinar, supervisar y concertar las acciones con los organismos públicos y el sector privado concernientes al estado de emergencia.

Esta ley establecía asimismo: “la potestad de solicitar a los organismos competentes el cese, nombramiento o traslado de las autoridades políticas y administrativas de su jurisdicción en caso de negligencia, abandono, vacancia o impedimento para cumplir sus funciones”. El artículo 10.o Señalaba que: “los miembros de las FF. AA. o Fuerzas Policiales (...) que se encuentren prestando servicios en las zonas declaradas en estado de excepción, quedan sujetos a la aplicación del Código de Justicia Militar que constan en el ejercicio de sus funciones son de competencia del fuero privativo militar...”.

Dentro de la legalidad democrática se instauraba un Estado paralelo controlado, dirigido e implementado, por las Fuerzas Armadas. En las zonas de emergencia la población civil se vio sometida a la jurisdicción militar. El Estado de Derecho dejó de existir en estas áreas. La forma en que el gobierno de Belaúnde definió las funciones de los comandos político-militares fue definiendo también el curso que tomaría en los años siguientes la estrategia contrainsurgente del Estado. “Abdicación de la autoridad democrática”, la llamó Américas Watch;³⁰⁷ y fue criticada por no dar una respuesta a la subversión en la cual el gobierno civil democráticamente elegido tuviera la conducción de la estrategia contrainsurgente. Al mismo tiempo terminaron por convencer a los militares de que estaban ante un gobierno y principalmente ante un presidente que no les garantizaba la conducción de la lucha contrasubversiva y que ésta requería el respaldo político —léase impunidad— a su propio accionar militar