Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales
2.2. El gobierno del Partido Aprista Peruano - PDF (Gobierno de Alan García Pérez)
A partir de la matanza de los penales, especialmente en el caso de El Frontón, se eludió señalamientos directos de responsabilidades que pudiesen involucrar a efectivos militares. Con ello, se toleró muchos casos de impunidad, los de Cayara, Molinos y el mismo de los Penales, son un ejemplo...
Allí terminaron apoyando medidas de alto costo político para desvirtuar investigaciones, de violaciones de derechos humanos, como las de los casos de Cayara o paramilitares que no ponían en serio riesgo ni al gobierno ni al partido. Al final de su Gobierno, el Partido aprista, como lo han reconocido sus dirigentes, se batía con varios frentes críticos a la vez, el principal de los cuales era la crisis económica. En ese contexto, según ellos mismos señalan, les fue más difícil aún pretender imponer la autoridad democrática. Es conocido que el país terminó en 1990, en una situación de crisis extrema. El Partido Aprista Peruano (PAP) ha sido el actor político que ha recibido mayor escrutinio público en torno a casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante su período de gobierno (1985-90) debido a diversas investigaciones judiciales y parlamentarias realizadas durante su Gobierno y luego a lo largo de más de quince años.
EL TERRORISMO HABÍA SECUESTRADO LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ DÉCADA DE LOS 80'
2.1.4.6. La fase final del gobierno aprista
La agudización del conflicto armado interno en el quinquenio aprista se revela mejor con estas cifras:
En 1985, el 6.04% de la población nacional y el 7.25% del territorio estaba bajo el régimen de estado de emergencia o de un comando político militar,
mientras que en 1990 lo eran el 45.18% de la población y el 29.62% del territorio.54
El Gobierno aprista fracasó en esta lucha. Su cambiante accionar expresa que finalmente no supo romper con la tendencia no sólo a militarizar el conflicto, sino a dejarlo luego fuera del control democrático.
Sus intentos de hacer algo distinto, no tuvieron coherencia y fuerza.
Es claro que los sectores sociales más afectados por esa estrategia no tenían la capacidad de hacer sentir la magnitud de su maltrato en la escena nacional y que la sociedad urbana, sobre todo sus sectores más influyentes, preferían no involucrarse en un problema tan duro y finalmente lejano aún de sus hogares.
Ese contexto, no afecta el juicio crítico de la Comisión sobre las graves responsabilidades éticas y políticas del Gobierno, pues era precisamente su principal obligación defender la vida de sus ciudadanos.
Otras implicancias de esta responsabilidad dependen del análisis de casos particulares de violaciones de derechos humanos que son materia de otra sección del Informe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario