5. La delegación de capacidad políticas en los militares en lo relativoa la lucha contrasubversiva debilitó la incipiente institucionalidad democrática.
La declaración de estados de emergencia era una posibilidad considerada en la Constitución de 1979 como medida excepcional.
No obstante, ella se convirtió en situación permanente y fue acompañada innecesariamente de una renuncia a las atribuciones de gobierno por parte de la autoridad civil.
De este modo, el despliegue de la guerra sucia en el país terminó vulnerando el Estado de Derecho y justificando una represión militar indiscriminada.
2.1. El gobierno de Acción Popular - PDF
2.1.4. 3. El orden constitucional
El orden constitucional, sin embargo, resultó mellado en un aspecto esencial, como es el respeto de los derechos fundamentales en la medida que el gobierno del presidente Belaunde no fue exitoso en detener el avance de la subversión ni se interesó en prevenir o castigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad a las que había encargado la lucha contrasubversiva con amplias facultades.
Uno de las últimas decisiones de política contrasubversiva del arquitecto Belaunde Terry fue la promulgación de la ley 24150. En esta ley, se establecieron por primera vez las atribuciones del Comando Político Militar, que gozaba así de la facultad de
[…] coordinar la participación del sector público y no público ubicados en la zona de emergencia, coordinar y supervisar las acciones de los sectores, organismos públicos, corporaciones departamentales y demás instituciones del sector público, solicitar el nombramiento o traslado de las autoridades políticas y administrativas de su jurisdicción en caso de negligencia, abandono, vacancia o impedimento para cumplir sus funciones (...).
La Comisión considera que esta norma y las amplias atribuciones que otorgaba a los comandos político-militares constituyó un aval concluyente del gobierno saliente a una estrategia militar que había resultado en masivas violaciones de derechos humanos.54
2.1.5. Conclusiones
5. Desde enero de 1983 hasta el final del periodo gubernamental la lucha contrasubversiva quedó en manos de las fuerzas armadas en las zonas declaradas en emergencia. Tomada esta decisión, las autoridades civiles – y entre ellas, el Ministerio del Interior – descuidaron el diseño de la estrategia contrasubversiva.
Paralelamente, la actividad de las fuerzas armadas seguía una lógica propia, ajena a control o supervisión adecuada por el gobierno central. Esto ocurrió en un contexto en el que el comando político-militar había recibido autoridad en la zona de emergencia sin que se precisen estrictamente sus funciones y atribuciones, lo cual dejabó en situación de vulnerabilidad los derechos fundamentales de la ciudadanía.
*5. La delegación de capacidad políticas en los militares en lo relativoa la lucha contrasubversiva debilitó la incipiente institucionalidad democrática. La declaración de estados de emergencia era una posibilidad considerada en la Constitución de 1979 como medida excepcional. No obstante, ella se convirtió en situación permanente y fue acompañada innecesariamente de una renuncia a las atribuciones de gobierno por parte de la autoridad civil. De este modo, el despliegue de la guerra sucia en el país terminó vulnerando el Estado de Derecho y justificando una represión militar indiscriminada.
6. En este contexto, la resistencia del presidente Belaunde Terry a ordenar que se investiguen las denuncias sobre violaciones de derechos humanos – ejemplo de lo cual fue su decisión de desechar los informes enviados al respecto por la organización Amnistía Internacional –, antes que emitir una señal de gobernabilidad y firmeza, dio legitimidad política al modo de actuación militar en la zona de emergencia.
8. En síntesis, elegido para hacer de la democracia un proyecto nacional en ejecución, se puede considerar que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry fue la primera víctima política de la violencia criminal del PCP-SL.
Hacia el final de su gobierno Belaunde consideró un éxito que "un gobierno elegido democráticamente entregue el poder a otro elegido democráticamente".
En las circunstancias del grave desafío planteado al Estado y la sociedad, ello fue así. Pero, por desgracia, el gobierno saliente dejó tras de sí una legislación antiterrorista – la ley 24150 – que fortaleció las facultades de los comandos político-militares a pesar de las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, y que en la práctica significó una renuncia de la autoridad civil en el terreno de la lucha antisubversiva
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