LA "C.V.R" Y EL PARTIDO APRISTA

Tomo III
PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS
Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales.

2.2. EL GOBIERNO DEL PARTIDO APRISTA PERUANO (PAP)

Un mes y medio antes de que García asumiera la presidencia, se había promulgado el DL 24150 que normaba "los estados de excepción en que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno", dejando todas las actividades referidas al control del orden interno en esas zonas bajo comandos político-militares. El DL 24150 limitó en la práctica el poder de las autoridades civiles, a pesar de lo cual, continuaron realizándose elecciones y nombramientos de autoridades.

En la segunda semana de septiembre de 1985 aparecieron denuncias sobre hallazgos de fosas clandestinas correspondientes a matanzas realizadas, semanas antes, por diferentes patrullas del Ejército en las localidades de Pucayacu y Accomarca dejando 7 y 69 muertos, respectivamente. El gobierno inició inmediatamente una investigación y dispuso que los jefes de la II región militar y del comando político militar de la zona de emergencia informen sobre lo ocurrido. Al constatarse que se habían producido las matanzas, se solicitó la renuncia del presidente del Comando Conjunto y, luego, se destituyó a los jefes de región y de comando político militar.21 La rápida respuesta de García marcó una distancia con el comportamiento del gobierno anterior y tuvo un impacto público favorable en el corto plazo. Un conocido columnista, sin vinculaciones con el PAP, lo expresaba escuetamente:

2.1.2.4 El impacto de la matanza de los penales

El gobierno de García recibió una situación crítica en los penales que se había agravado luego de que el 4 de octubre de 1985 un amotinamiento de reclusos acusados por terrorismo en el penal de Lurigancho fuese sofocado por la Guardia Republicana en un violento incidente. Murieron 30 internos pero no hubo mayores investigaciones ni asunción de responsabilidades por parte del gobierno.
Con la intervención de la Fuerza Aérea, se recuperó rápidamente el orden en el penal de Santa Bárbara, en el que murieron tres reclusas. En Lurigancho, penal encargado al Ejército, pero en el que bajo su supervisión, operó directamente la guardia Republicana, luego de retomar el pabellón de los senderistas amotinados, se produjo la ejecución extrajudicial de todos los presos rendidos, 124 personas en total. En el caso de El Frontón, encargado a la Marina de Guerra, las acciones se extendieron un día más y fueron las más violentas porque fue el único lugar donde los amotinados tenían tres armas de fuego modernas y muchos proyectiles de fabricación artesanal. Allí murieron XXX efectivos de la Marina y un número muy elevado de internos, 111, según las cifras oficiales. El Presidente, pocos días después, reconoció parcialmente la matanza visitando el penal de Lurigancho que, en ese momento, fue considerado el caso más grave de responsabilidad para el gobierno.

Sin embargo, un informe en minoría de la misma comisión del senador Melgar, mucho mejor sustentado, encontró pruebas de que en Cayara, efectivamente, hubo asesinatos de campesinos indefensos poco después de la emboscada al convoy militar, y señaló al comandante político militar de la zona, el general EP José Valdivia Dueñas, como responsable de esos hechos. Finalmente, el caso fue sobreseído en 1990.38

Así pues, al comenzar 1989, el país se precipitaba en una grave crisis económica de amplias repercusiones, con amenazas de golpe militar y pedidos de adelanto de elecciones. El líder del Movimiento Libertad, Mario Vargas Llosa, acusó al Presidente de haber "claudicado en su deber de gobernar. Parece haber levantado los brazos ante la violencia y la crisis económica; guarda frente a ello total inacción, lo que hace sospechar que acaso sea el primer interesado en una quiebra del orden constitucional"

44 Y le exigió "un respaldo político resuelto a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y que encabece una movilización de la sociedad civil de apoyo a la acción militar contra la subversión y la delincuencia."45 Un ejemplo de la respuesta de García es la siguiente:" El balance de nueve años transcurridos nos dice que todos de alguna y de otra manera hemos sido complacientes por sentirnos ajenos al peligro inmediato. Todos decimos que el Perú está en guerra contra el terrorismo, pero todos queremos seguir viviendo igual."

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En la práctica, la nueva estrategia contra-subversiva fue definida sin la participación directa en el proceso del gobierno y del congreso. Las fuerzas armadas reorientaron su actuación a partir de un balance propio, mientras que al interior de las fuerzas policiales se gestaba, también autónomamente, el trabajo especializado de inteligencia contra el terrorismo. De este modo el Ejecutivo no logró constituir una instancia alternativa al Consejo de Defensa Nacional mientras que el congreso no transformó en leyes las recomendaciones de su propia comisión especial sobre el tema.

2.1.4.4. El "Comando Rodrigo Franco"

El 28 de julio de 1988, horas antes del mensaje presidencial de Fiestas Patrias, fue asesinado en Lima el abogado Manuel Febres Flores, presidente de la Asociación de Abogados Democráticos y defensor del dirigente senderista Osmán Morote. La autoría del crimen fue reivindicada por un autodenominado "Comando Rodrigo Franco" (CRF), que utilizaba el nombre del dirigente aprista asesinado por Sendero Luminoso el año anterior. A partir de esa fecha se asoció en diversas fuentes al "" COMANDO RODRIGO FRANCO"" con el Partido Aprista, con el Ministerio del Interior y con las fuerzas policiales; atribuyéndole numerosos crímenes y acciones de amedrentamiento en diversos puntos del país. Sorprendentemente, el día elegido para la primera acción pública del "" COMANDO RODRIGO FRANCO"" era el menos indicado para favorecer al PAP porque correspondía al primer mensaje presidencial después del anuncio de la estatización y el nombre de la organización era en sí mismo una tácita asunción de responsabilidades.

2.1.4.6. La fase final del gobierno aprista

La agudización del conflicto armado interno en el quinquenio aprista se revela mejor con estas cifras: En 1985, el 6.04% de la población nacional y el 7.25% del territorio estaba bajo el régimen de estado de emergencia o de un comando político militar, mientras que en 1990 lo eran el 45.18% de la población y el 29.62% del territorio.54 El Gobierno aprista fracasó en esta lucha. Su cambiante accionar expresa que finalmente no supo romper con la tendencia no sólo a militarizar el conflicto, sino a dejarlo luego fuera del control democrático. Sus intentos de hacer algo distinto, no tuvieron coherencia y fuerza. Es claro que los sectores sociales más afectados por esa estrategia no tenían la capacidad de hacer sentir la magnitud de su maltrato en la escena nacional y que la sociedad urbana, sobre todo sus sectores más influyentes, preferían no involucrarse en un problema tan duro y finalmente lejano aún de sus hogares. Ese contexto, no afecta el juicio crítico de la Comisión sobre las graves responsabilidades éticas y políticas del Gobierno, pues era precisamente su principal obligación defender la vida de sus ciudadanos. Otras implicancias de esta responsabilidad dependen del análisis de casos particulares de violaciones de derechos humanos que son materia de otra sección del Informe.
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