"La Comisión no ha encontrado evidencias de que el relevo de Huamán Centeno haya sido motivado por las violaciones de derechos humanos cometidas en la zona a su cargo. Durante la jefatura del comando político-militar por el general Mori Orzo se mantuvo la tendencia de crímenes y violaciones de derechos humanos a gran escala iniciada en 1983"
2.1. El gobierno de Acción Popular - PDF (Gobierno de Fernando Belaunde)
2.1.3.2.2. El segundo año: general Adrián Huamán
Parte del nuevo enfoque era reclamar medidas para mejorar la situación económica y social de la población. Esto suponía, entre otras cosas, una demanda de mayores recursos económicos:
[…] en la zona de emergencia hay un vacío no sólo político, sino también en lo que a abastecimiento se refiere. El Ejército está desplazando a Sendero en cuanto a distribución de víveres y otros bienes en la población, pero no hay partidas presupuestales suficientes para ejecutar satisfactoriamente ese plan.43
Las demandas de mayor inversión en Ayacucho no fueron acogidas favorablemente por el gobierno. Paulatinamente, las propuestas de Huamán Centeno se tradujeron en un reclamo de mayores prerrogativas oficiales sobre las autoridades y funcionarios civiles. En agosto de 1984, afirmó:
La solución no es militar, porque si fuera militar yo la resuelvo en minutos (…) si se tratara de matar, Ayacucho no existiría en media hora y Huancavelica tampoco (…) lo que pasa es que estamos hablando de seres humanos, de pueblos olvidados que han reclamado ciento sesenta años y nadie les ha hecho caso y ahora estamos cosechando ese resultado (…) la solución para mi es corregir la situación que existe, por decir, que la cárcel no esté llena de inocentes sin juicio, que los jueces no cobren coimas (…). Lima quiere ser el Perú (…). Si estamos con las mismas personas que dieron lugar a la subversión... ¿Acaso no están las mismas personas que abusaron, los mismos jueces, o sea los mismos que dieron lugar a todo esto? (…) La Fuerza Armada no está a cargo de la situación política. Solamente de la militar. Situación política significa que usted encuentra una injusticia y puede cambiar de inmediato a las autoridades.44
El nuevo enfoque preconizado por Huamán Centeno consistía en esencia en una mayor autonomía política para los mandos militares, pero no supuso ningún cambio respecto de la intensidad de la violencia. Por el contrario, 1984 es el año en que se han registrado la mayor cantidad de muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000. Se incrementó notoriamente la actividad terrorista del PCP-SL.
En agosto de 1984 salieron a la luz denuncias sucesivas de violaciones de derechos humanos: el asesinato a evangelistas en Callqui-Nisperocniyoc, la desaparición del periodista Jaime Ayala, la aparición del cadáver del dirigente campesino Jesús Oropesa (Puquio)47 y el hallazgo de fosas comunes en Pucayacu. Durante la jefatura político-militar del general Huamán Centeno se siguieron produciendo también las numerosas violaciones de derechos humanos en el cuartel "Los Cabitos" ya mencionadas, y que se exponen en detalle en otra sección del presente informe.48
La Comisión considera que estos hechos, mencionados aquí a manera de ejemplo entre muchos otros posibles, ameritaban un serio replanteo de la estrategia contrasubversiva por parte del gobierno, lo que no se produjo
La Comisión no ha encontrado evidencias de que el relevo de Huamán Centeno haya sido motivado por las violaciones de derechos humanos cometidas en la zona a su cargo. Durante la jefatura del comando político-militar por el general Mori Orzo se mantuvo la tendencia de crímenes y violaciones de derechos humanos a gran escala iniciada en 1983
2.1.4. La responsabilidad del gobierno
Es claro que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry respaldó la actuación de los comandos político-militares entre 1983 y 1985 a pesar de las denuncias sobre las grandes violaciones de derechos humanos de la población civil que se estaban cometiendo y del conocimiento que obviamente debió tener sobre esos hechos.
El ingreso de las fuerzas armadas en la zona de emergencia para combatir a la subversión fue dispuesto sin tomar las previsiones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, la autoridad civil delegó en las autoridades militares amplias facultades y renunció a ejercer sus potestades para impedir o sancionar graves atropellos contra la población.
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