El Perú en el ojo de la tormentahttp://www.reporterodelahistoria.com/2007/03/documentos-el-per-en-el-ojo-de-la.html
Los documentos desclasificados del National Security Archive
En enero del 2002 el Archivo Nacional de Seguridad de los EE.UU. desclasificó 41 documentos que hacían referencia a casos de tortura, violación de derechos humanos y matanzas ocurridas en el Perú entre los años 1980 y 1990, todos ellos enmarcados durante la lucha antisubversiva que se libró en el país durante esos años. Los documentos pusieron de relieve, esencialmente, dos cosas: las casos de impunidad en que muchos de ellos quedaron (incluso hasta hoy) y cómo las autoridades norteamericanas muchas veces contemplaban los hechos sin ir más allá de indicar una preocupación. Desfilan en sus páginas las matanzas de Accomarca, Cayara, Barrios Altos, Huánuco, los desaparecidos de La Cantuta, así como los motines de El Frontón y Lurigancho en 1986, develados a sangre y fuego y con cientos de muertos.
Los documentos forman parte de “Peru in The Eye of the Storm”, una de las muchas colecciones de documentos que alberga el sitio del NSA, muchos de ellos referidos a América Latina como la intervención de los EE.UU. en el Chile de Allende o la guerra sucia en Guatemala, sin mencionar otros tan interesantes como los referidos a la Crisis de los Misiles en 1962 o las fotografías y documentos de la reunión de Nixon con Elvis en 1970.
Estos son los 41 documentos desclasificados, cuyas sumillas fueron traducidas del original en inglés en el Centro de Documentación Periodística del diario El Comercio de Lima.
DOCUMENTO N° 01
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Terroristas peruanos pierden fuerza, 24 de febrero, 1983, Secreto. 8p. Este cable discute las consecuencias de la medida del presidente Belaúnde de poner al Ejército a cargo del orden público en la zona de emergencia de Ayacucho. El Ejército fue llamado para fortalecer a la policía con tropas para actividades de defensa, así como transporte, comunicaciones, logística y armas. El informe afirma que esta estrategia ha permitido a la policía operaciones de control más agresivas, y por tanto, reintroducir la presencia del gobierno en muchas áreas rurales previamente abandonadas por la influencia de Sendero. (Ver el documento 1)
DOCUMENTO N° 02
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Presidente Belaúnde hace visita sorpresiva a la zona de emergencia, 14 de junio, 1983, Confidencial, 3 p. El presidente Belaúnde visita la ciudad de Ayacucho, en un intento por demostrar que existe una estrategia coordinada de las fuerzas cívico-militares contra el terrorismo y la crisis económica. El documento anota que figuras de la oposición y la prensa se han inclinado a considerar este tipo de hechos como una aprobación presidencial de facto a las estrategias de contraataque empleadas por las fuerzas de seguridad. El cable describe también críticas públicas y nuevos editoriales sobre las muertes y el incierto destino de cientos de personas detenidas por los militares y la poca voluntad del gobierno para ofrecer explicaciones públicas. (Ver el documento 2)
DOCUMENTO N° 03
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Gobierno prohibe marcha “Por la paz y la justicia” y militariza Lima, 28 de agosto, 1984, Confidencial, 3p. El documento describe la cancelación de la marcha “por la paz y la justicia” (convocada para protestar por dos notorias desapariciones y recientes reportes de matanzas masivas tanto por terroristas como por fuerzas militares) que fue fijada para el 24 de agosto, 1984 en el centro de Lima. Un día antes, el gobierno revocó un permiso previo para la marcha y asignó a los militares el mantenimiento del orden público. Para evitar un enfrentamiento con el poder militar, Izquierda Unida (IU) canceló oficialmente la marcha, a pesar que varios líderes de IU intentaron dirigir otra marcha más pequeña. Luego de que los militares arrestaran 236 personas, la protesta de disipó, y dentro de 48 horas 235 de los 236 detenidos fueron liberados. (Ver el documento 3)
DOCUMENTO N° 04
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Fosas masivas descubiertas en zona de emergencia, 28 de agosto, 1984, Confidencial, 4 p. Fosas clandestinas son descubiertas a 36 kilómetros de la ciudad de Huanta. Este cable calcula que entre 49 o 50 hombres y una mujer fueron asesinados de manera metódica y luego desfigurados para evitar su identificación. Mientras que el gobierno niega oficialmente cualquier responsabilidad por la atrocidad, la opinión pública, representada tanto por la oposición y prensa pro régimen, han atribuido las matanzas decididamente a las fuerzas de gobierno. (Ver el documento 4)
DOCUMENTO N° 05
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Abogados locales distritales denuncian a comandante de la Marina en la desaparición de Ayala y el caso de los evangélicos asesinados, 26 de febrero, 1985, Confidencial, 2p. La Embajada de Estados Unidos describe los cargos criminales en contra del comandante marino Alvaro Artaza Adrianzen, ex jefe de la Marina en la guarnición de Huanta. Los cargos incluyen la desaparición en agosto de 1984 del periodista Jaime Ayala y el asesinato de 6 miembros de una iglesia evangélica el 1 de agosto de 1984 en Callqui. Es la primera vez, desde que se le otorgó poderes al Ejército sobre las zonas de emergencia en diciembre de 1982, que el Estado ha tratado de procesar a oficiales militares con responsabilidad primaria en actos criminales perpretados contra la población civil. (Ver el documento 5)
DOCUMENTO N° 06
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Reacciones dentro de la Armada ante la destitución de los generales Jamara y Mori, 19 de septiembre, 1985, Confidencial, 4 p. El 17 de septiembre de 1985, el presidente García destituyó a los generales Jarama y Mori de la zona de emergencia, luego de los informes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de que un comandante del ejército fue responsable de la masacre de civiles en Accomarca, el 14 de agosto. Su destitución representa el descontento general de la administración García con el negativo récord del Ejército sobre respecto a derechos humanos. El manejo de este asunto provoca insatisfacción dentro del Ejército y preocupación entre los oficiales militares, de que sus propias experiencias en operaciones de contraataque puedan ponerlos en riesgo de represalias del gobierno. (Ver el documento 6)
DOCUMENTO N° 07
Supuesta relación de la Marina en la desaparición de un oficial naval, 6 de marzo, 1986, Confidencial, 3 p. El documento discute la reciente decisión de la Corte Suprema de enjuiciar por el fuero civil al comandante Artaza, por la desparición del periodista Jaime Ayala en 1984, la posterior huida de Artaza y las presiones del gobierno para cancelar la edición del 3 de marzo del programa de comentario “Encuentros”, que criticaría la relación de la marina en la desaparición de Artaza. El cable describe la difícil posición del presidente en este problema, y reconoce que la Marina estuvo probablemente involucrada en la fuga de Artaza y un subsecuente encubrimiento. (Ver el documento 7)
DOCUMENTO N° 08
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Gobierno ordena investigación de muertes de presos, 23 de junio, 1986, Confidencial, 5 p. (NOTA: Este documento proviene de una colección donada por el periodista freelance Jeremy Bigwood). La embajada de EE.UU. evalúa la reponsabilidad pública y gubernamental ante los motines de julio, que dejaron al menos 240 terroristas/presos muertos, incluyendo llamados de la Conferencia Internacional Socialista en curso y otros, para una investigación independiente. El documento incluye también la descripción de un comunicado gubernamental que reconoce que el alto índice de muertes (ningún terrorista preso sobrevivió) lleva a creer que sí ocurrieron excesos, y que se busca investigar y castigar a cualquier responsable. El cable finaliza con un breve análisis del perjuicio político que una real investigación podría traer al presidente García, quién ordenó en persona la acción militar, concluyendo que en este problema, es poco probable que el Ejército se deje usar como chivo expiatorio del presidente. (Ver el documento 8)
DOCUMENTO N° 09
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), García declara a 95 policías arrestados por las ejecuciones en la cárcel de Lurigancho, 25 de junio, 1986, confidencial, 3 p. (NOTA: Este documento es de una colección donada por el periodista freelance Jeremy Bigwood). El presidente García anuncia hallazgos iniciales de la investigación sobre los motines en Lurigancho, anotando que la policía ejecutó entre 30-40 presos después de que ellos se habían rendido. La embajada advierte que en comparación a investigaciones previas sobre derechos humanos en las masacres de Accomarca y Pucayacu, esta vez “podría ser difícil para Alan García controlar un proceso que él ha puesto en marcha”. El cable cuestiona además cómo la policía sola se ha responzabilizado por ejecuciones en una operación, sin que el Ejército comparta también la culpa, y advierte que García “tiene las manos llenas tratando de evitar la imagen de que está involucrado en una coartada de la policía para evitar una confrontación con el Ejército”. (Ver el documento 9)
DOCUMENTO N° 10
Cable del Departamento de Estado, García y el Ejército: petición de ayuda internacional, 28 de junio, 1986, Secreto, 4 p. El vicesecretario de Estado John C. Whitehead envía asesoramiento a las embajadas de Estados Unidos en Latinoamérica sobre cómo manejar la actual crisis en el Perú. El cable resalta la creciente tensión entre el presidente García y las fuerzas armadas sobre los motines en la cárcel de Lurigancho y la posterior investigación. Whitehead sugiere que la embajada haga contacto con oficiales relevantes para convencer a García de parar su confrontable acercamiento al Ejército peruano en vista de la creciente amenaza terrorista. (Ver el documento 10)
DOCUMENTO N° 11
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Crisis actual en el Perú, 30 de junio, 1986, Secreto, 4 p. El documento describe las consecuencias de los motines y las masacres en prisión, incluyendo la probable designación del Ministro de Justicia y el Ministro del Interior. Policías arrestados luego de la investigación sobre Lurigancho continúan en manos de las autoridades policiales y no han sido transferidos a la prisión de Canto Grande como se prometió previamente. Fuerzas de la Marina también han estado recientemente implicadas en las ejecuciones en la cárcel de El Frontón. El cable anota además la posibilidad de que García destituya altos jefes militares, si se determina que la responsabilidad final por la masacre recae en el comando conjunto. (Ver el documento 11)
DOCUMENTO N° 12
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), El presidente García dice que la crisis ha terminado, 1 de julio, 1986, Secreto, 2 p. El asesor político de la embajada y el presidente García se reúnen para discutir la actual situación política nacional, incluyendo los dos motines en El Frontón y Lurigancho. En la conversación, García aclara que la Marina no tuvo responsabilidad por los hechos de El Frontón, y dice que mientras la Guardia Republicana fue responsable de los excesos en Lurigancho, el comando conjunto militar podría no ser responsable. García limita la posible responsabilidad por la masacre de Lurigancho al general Rabanal, de quien dice tendría que enfrentar las consecuencias si fuera encontrado culpable. En la conversación el presidente García continúa diciendo que, aunque infortunada, la crisis en las prisiones podrían tener el efecto positivo a largo plazo de disminuir la capacidad de Sendero Luminoso, y hasta que el terrorismo pueda ser erradicado, el pueblo peruano tendría que “aprender a vivir con un alto grado de violencia”. (Ver el documento 12)
DOCUMENTO N° 13
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Supuesta masacre en Pomatambo y Parcco, 26 de noviembre, 1986, Confidencial, 5 p. El documento discute informes discrepantes entre Ejército y documentos independientes, sobre la matanza de entre 12 y 13 personas en Ayacucho en octubre. Los reportes militares dan cuenta de que 13 guerrilleros, incluyendo el líder senderista Camarada Caszelly, fueron muertos en combate, mientras que reportes de la prensa, basados en testimonios de testigos presenciales, afirman que las fuerzas de seguridad ejecutaron realmente 12 civiles. Grupos locales de derechos humanos se preguntan si investigaciones del Senado se llevarán a cabo (del mismo modo a la investigación del Senado sobre Accomarca en 1985) o en cambio se disipará como anteriores investigaciones sobre los asesinatos carcelarios en junio. (Ver el documento 13)
DOCUMENTO N° 14
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), La Embajada visita Ayacucho, 21 de enero, 1987, Confidencial, 18 p. La Embajada de EE.UU. evalúa la actual situación en la zona de emergencia de Ayacucho, luego de una visita de dos días a esta zona en diciembre. El reporte otorga un análisis de las siguientes áreas: terrorismo y operaciones de contraataque terrorista, abusos a los derechos humanos, grupos políticos, proyectos de desarrollo y narcóticos. El documento concluye que el Ejército mantiene un fuerte control sobre las actividades de gobiernos locales. (Ver el documento 14)
DOCUMENTO N° 15
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Cayara: ningún cuerpo hallado, 1 de junio, 1988, Confidencial, 2 p. El documento describe la controversia alrededor de las matanzas que ocurrieron en o alrededor de Cayara el 14 de mayo, y las protestas estudiantiles en respuesta a estos crímenes. De acuerdo al Ejército, 16 guerrilleros murieron en un tiroteo con fuerzas del gobierno en o cerca de Cayara. Otras fuentes, incluyendo el fiscal especial de Ayacucho Carlos Escobar, sotiene que el Ejército ejecutó al menos 30 campesinos antes de remover sus cuerpos de la escena. El Ejército ha negado el acceso al área a la prensa, el ICRC, y otros grupos peruanos de derechos humanos. Mientras que por el momento no hay una respuesta decisiva a esta controversia, ya que primero se tienen que encontrar los cuerpos de las víctimas, el cable da a entender que los funcionarios de la embajada son escépticos de la posición de la armada, a causa del gran número de víctimas y la ausencia de bajas militares. (Ver el documento 15)
DOCUMENTO N° 16
Memorándum de conversación de la Embajada de EE.UU. (Lima), Abusos a los derechos humanos en aumento, 20 de septiembre, 1988, Confidencial, 5 p. Este memorándum representa la opinión de un entrevistado secreto. Se abordan temas como la violencia senderista, que él pronostica crecerá mientras la economía empeore; violaciones a los derechos humanos, que él cree continuarán en aumento por la actual ideología militar; y el uso de la tortura por parte de la Policía y del Ejército, que se mantendrá igual ante las ineficaces técnicas/procedimientos de investigación. (Ver el documento 16)
DOCUMENTO N° 17
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima) Gobierno anula reporte sobre masacre de Cayara, 10 de noviembre, 1988, Confidencial, 3 p. El cable discute los problemas de la investigación sobre la masacre de Cayara del 14 de mayo, incluyendo testimonios discordantes de testigos presenciales. Basado en la información de una fuente de la embajada y otra información confiable, este documento traza tres conclusiones principales: algunos pobladores de Cayara probablemente participaron en emboscada al patrullaje de la armada; la armada sí liquidó a los residentes de Cayara; y finalmente, con certeza la armada tratará de encubrir su participación. (Ver el documento 17)
DOCUMENTO N° 18
Resumen de la Agencia de inteligencia, Perú: Actividad de SL, 14 de diciembre, 1988, 2 p. La Agencia de Inteligencia y Defensa (DIA) evalúa recientes actividades de Sendero Luminoso en Lima y Huaraz. Las acciones discutidas incluyen el atentado explosivo una torre de alta tensión del 7 de diciembre, el asesinato de dos trabajadores de desarrollo franceses y dos técnicos peruanos el 5 de diciembre, y el atentado explosivo de cuatro hoteles en Huaraz el 1 de diciembre. (Ver el documento 18)
DOCUMENTO N° 19
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Sendero masacra a 39 campesinos, 3 de marzo, 1989, Confidencial, 5 p. El cable trata sobre la matanza de 39 campesinos en el departamento de Ayacucho. Luego de dar un detallado informe de la masacre, basado en el testimonio de los sobrevivientes, el reporte menciona que fuentes de derechos humanos han especulado que los crímenes fueron en respuesta a los esfuerzos de los campesinos de organizar rondas de defensa contra los ataques de Sendero. El documento sugiere también que el ataque pudo haber estado relacionado a producción ilícita de coca en el valle del Mantaro. (Ver el documento 19)
DOCUMENTO N° 20
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Sendero aniquila catorce alcaldes en un periodo de diez días, 17 de octubre, 1989, Confidencial, 5 p. La violencia senderista surge de nuevo, después de dos meses de inacción. Se da información específica del número de muertes y sus posiciones de refugio, y especulaciones sobre cómo el gobierno manejará las próximas elecciones en vista de la volencia notada. El reporte analiza también los posibles efectos de esta violencia y comenta que estas acciones han dado a Sendero una enorme ventaja psicológica en su lucha con el gobierno. (Ver el documento 20)
DOCUMENTO N° 21
Cable de la Agencia de Inteligencia y Defensa, Perú: Movimientos insurgentes, 1 de mayo, 1990, 2 p. Este cable enumera varios de los recientes ataques terroristas de Sendero Luminoso, y los efectos que han tenido en la provincia de Satipo. Efectos resaltantes han sido la gran migración de refugiados hacia los principales pueblos de Satipo y el cierre de todas las escuelas en la provincia. Estimados de la comisión del Congreso sobre el número de muertes son incluídos en el informe, que concluye que Sendero Luminoso está ganando fuerza y que con el décimo aniversario de Sendero el 17 de mayo y la segunda vuelta en las elecciones el 3 de junio, el nivel de violencia en el campo seguirá creciendo. (Ver el documento 21)
DOCUMENTO N° 22
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho: Ejército peruano y Sendero son culpados, 25 de octubre, 1990, Confidencial, 6 p. El documento discute dos matanzas masivas, una cometida por las guerrillas y otra por el Ejército. El informe indica que la guardia del Ejército que cometió los crímenes estaba bajo el control de un oficial local del Ejército conocido como “centurión”, quien de acuerdo con otros reportes de la embajada ha operado con impunidad en Huanta y pudo haber sido “la mano derecha” del mando político-militar de Ayacucho, general Fernández-Dávila. El fiscal y el presidente regional han atribuído las matanzas a las “rondas” (patrullas de defensa civiles) o al Ejército, y el Senado ha aprobado la formación de una comisión especial para investigar las matanzas. El informe concluye que este episodio representa la primera prueba del compromiso del presidente Fujimori para reforzar la rendición de cuentas del Ejército en su campaña contra las guerrillas. (Ver el documento 22)
DOCUMENTO N° 23
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Llamado por los Derechos Humanos del Embajador en Ayacucho, 11 de diciembre, 1990, Confidencial, 12 p. El embajador Quainton de EE.UU. discute el tema de los derechos humanos y la violencia política en Ayacucho con el jefe en la zona de emergencia de Ayacucho, general Fernández-Dávila, el fiscal superior del Ministerio Público, el fiscal especial de Derechos Humanos, y autoridades municipales. El general Fernández-Dávila afirma que la frecuencia de las violaciones contra los derechos humanos ha sido grandemente exagerada, y que cuando han ocurrido excesos, los funcionarios responsables han sido investigados y perseguidos. Otros funcionarios locales, incluyendo el alcalde y fiscales, reconocen que ha crecido la cooperación de las autoridades del Ejército. El informe cita la buena voluntad del Ejército para revelar la identidad de “Centurión” (Sargento Johnny José Zapata Acuña), como un nuevo ejemplo de este nuevo espíritu de cooperación. Sin embargo, el documento concluye que las afirmaciones generales de la derrota de Sendero por parte del Ejército es muy optimista, y de que a pesar de evidentes signos de mejoras en los meses recientes, la actuación del Ejército en el tema de los derechos humanos está “lejos de buena” y que la armada no ha sido “enteramente reformada”. (Ver el documento 23)
DOCUMENTO N° 24
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Un policía de Ayacucho describe las matanzas extrajudiciales, 19 de diciembre, 19990, Secreto, 10 p. En este cable autoridades políticas de la Embajada revelan sus conversaciones con una autoridad policial de Ayacucho, quien había sido miembro de un escuadrón secreto de la policía. El policía detalla actividades del escuadrón de la muerte, anotando que 300 sospechosos fueron asesinados en 1989. Él explica cómo objetivos del escuadrón fueron disueltos en 1990 luego de que una emboscada de Sendero hirió seriamente o mató tres de sus cuatro miembros. El cable dice que el oficial no parecía “ni orgulloso ni avergonzado de su rol como un asesino extrajudicial”, y lucía dispuesto a contar su historia to alguien “oficial”, ya que pocos (inclusive dentro de la fuerza policial) sabían de la existencia o actividades del escuadrón. (Ver el documento 24)
DOCUMENTO N° 25
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), En el Ojo de la Tormenta: Reporte de un viaje a Ayacucho, Parte I, 20 de diciembre, 1990, Confidencial, 19 p. El embajador Quainton describe en detalle la situación de violencia política e insurgencia en Ayacucho, detallando las raíces históricas de la región y la actual situación política y militar. Anota que Ayacucho tiene una importancia primaria tanto para Sendero como para el gobierno peruano, a pesar de que es de poca importancia estratégica. El documento detalla crecientes quejas de que los líderes de las “rondas” (patrullas de defensa civil) son muchas veces matones o narcotraficantes. También discute denuncias de que la policía raptó hombres jóvenes, los acusó de terrorismo y luego chantajeó a sus familias. (Ver el documento 25)
DOCUMENTO N° 26
Cable de la Embajada, Preguntas del Americas Watch Human Rights, 2 de agosto, 1991, Confidencial, 5 p. La Embajada de EE.UU. trata de descubrir información sobre las desapariciones de Chuschi y casos que involucran el maltrato, por parte del Ejército, de profesores del SUTEP en San Martín, en particular el presunto abuso al profesor del SUTEP Moisés Tenorio Banda. Se reporta que en ambos casos, el jefe político-militar de Ayacucho, General Martínez, se ha declarado militarmente inocente. Fuentes consultadas en este documento han anulado aparentemente el caso Chuschi, salvando una decisión por parte del Ejército de cooperar en una investigación. El cable sugiere también la poca esperanza de que se resuelva el caso Tenorio. (Ver el documento 26)
DOCUMENTO N° 27
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), La mente de la Bestia: La brutalidad de Sendero Luminoso, 7 de agosto, 1991, Confidencial, 12 p. Este documento presenta una perfil de la violencia de Sendero Luminoso, especula sobre la naturaleza de esta violencia y otorga varios ejemplos de recientes y pasadas atrocidades cometidas por Sendero. Concluye que Sendero no es patológico en sus matanzas, sino “calmado y desapasionado” en su violencia, que es cometida puramente por razones ideológicas. (Ver el documento 27)
DOCUMENTO N° 28
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima) Masacre de Barrios Altos: un mes después, 14 de diciembre, 1991, Secreto, 2 p. Esta actualización sobre el desarrollo de la investigación de la masacre de Barrios Altos resalta que el gobierno peruano ha demostrado poca “voluntad política” para encontrar a los autores del crimen, y que la mayoría cree ahora que fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en la matanza. (Ver el documento 28)
DOCUMENTO N° 29
Cable del Departamento de Estado, Masacre de Barrios Altos, 12 de diciembre, 1991, Secreto, 1 p. El Secretario de Estado James Baker indica al embajador de EE.UU. en Lima que busque una reunión con el presidente Fujimori para discutir el caso Barrios Altos. Este cable establece los principales puntos a ser discutidos. El Embajador debe mostrar la profunda preocupación de Estados Unidos sobre el manejo de la investigación del caso Barrios Altos, y debe convencer a Fujimori de que una vigorosa investigación traerá a los responsables a la justicia. Baker resalta en particular, la reciente destitución del encargado del caso, como un hecho inquietante para el gobierno de EE.UU. (Ver el documento 29)
DOCUMENTO N° 30
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Masacre de Barrios Altos, 13 de diciembre, 1991, Secreto, 1 p. El Embajador Quainton describe un intercambio con varios funcionarios peruanos (incluyendo el presidente Fujimori), donde Quainton expresó la profunda preocupación de EE.UU. sobre la investigación de la masacre de Barrios Altos. Un funcionario no identificado dijo que la investigación estaba aún en proceso y opinó que los responsables eran probablemente un grupo de militares y civiles buscando revancha por las matanzas previas de Sendero. (Ver el documento 30)
DOCUMENTO N° 31
Cable de la Agencia de Defensa e Inteligencia, Actividades de Sendero Luminoso en la región Satipo-Mazamari, 2 de enero, 1992, Secreto, 6 p. Este cable informa de varias acciones de Sendero en la región Satipo-Mazamari durante la primera mitad de 1991. Se enfoca en los enfrentamientos de Sendero con los Sinchis, y en los asesinatos de Sendero de autoridades locales y organizadores de ronderos. Da los nombres y las circunstancias de las muertes de varias víctimas. (Ver el documento 31)
DOCUMENTO N° 32
Informe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgo de la Armada de EE.UU., Archivo de la Armada Nacional, 15 de junio, 1992, Secreto, 73 p. (extracto). Este extracto parcial da una perspectiva general de la situación política, económica y militar en el Perú, así como una descripción detallada de la misión, estructura, composición, personal, y operaciones del Ejército peruano y fuerzas de inteligencia. El informe también incluye una crítica de los esfuerzos contrainsurgentes del Ejército, resaltando deficiencias del Perú y formas sugeridas de reformar estos esfuerzos. La segunda sección de este informe de los archivos de inteligencia y seguridad incluye las principales figuras militares y de inteligencia, incluyendo en presidente Fujimori y a Vladimiro Montesinos. (Ver el documento 32)
DOCUMENTO N° 33
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Coche-bomba de Sendero al ILD: Continúa la escalada terrorista, 21 de julio, 1992, Confidencial, 5 p. Este cable describe recientes actos violentos cometidos por SL, incluyendo el ataque del Instituto Libertad y Democracia (ILD), dirigido por Hernando de Soto, en Miraflores, que mató a cinco e hirió a siete personas. Esta bomba viene luego de otro ataque con bomba el 17 de junio, que mató a 18 personas. (Ver el documento 33)
DOCUMENTO N° 34
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Supuesto testigo de la masacre de Barrios Altos quiere testimoniar – si puede dejar el Perú, 3 de enero, 1993, Secreto, 5 p. Un oficial del Ejército peruano y miembro de Servicio de Inteligencia del Ejército/Servicio de Inteligencia Nacional (SIE/SIN), contacta al Embajador de EE.UU. a través de un intermediario, estableciendo su deseo de testimoniar sobre la masacre de Barrios Altos y otras matanzas relacionadas al SIN, si es que se le da protección y salvoconducto a otro país. La embajada anota que dar asilo a este oficial se convertiría en un “asunto delicado mayor en las relaciones bilaterales” con el Perú, pero por otro lado, también contribuiría a los objetivos sobre derechos humanos en el país. La Embajada solicita asesoría del Departamento de Estado sobre qué asistencia deberían dar al oficial. (Ver el documento 34)
DOCUMENTO N° 35
Cable del Departamento de Estado, General pide asilo a la Embajada de EE.UU., por amenazas relacionadas a sus esfuerzos por investigar las matanzas, 6 de mayo, 1993, Secreto, 6 p. El general Rodolfo Robles hace un sorpresivo pedido de asilo al gobierno de EE.UU., mientras estaba en la Embajada de EE.UU. con su familia. En la Embajada, Robles afirma que él y su familia están en inminente peligro porque él ha otorgado información sobre las muertes de La Cantuta al juzgado militar que revisa el caso. Robles afirma que está listo para hacer públicas sus denuncias de que Vladimiro Montesinos y el comandante Hermoza fueron responsables de los escuadrones de la muerte que llevaron a cabo los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, y que además están conectados con el narcotráfico. La Embajada resalta la reputación de Robles dentro del Ejército y advierte que sus acciones serán una “bomba” en el Perú. (Ver el documento 35)
DOCUMENTO N° 36
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), General retirado en complot en el Ejército y la investigación de La Cantuta, 22 de mayo, 1993, Secreto, 7 p. Este cable describe una conversación con un general retirado del Ejército, en el grupo “Comaca” dentro de la armada, el incidente Robles, y una probable investigación del Congreso sobre las desapariciones de La Cantuta. El oficial califica de “absurda” la afirmación del gobierno peruano de que una investigación del Congreso sobre La Cantuta rompería la moral de la armada. Él resalta que la investigación será principalmente un problema para Hermoza y Montesinos, pero solo si oficiales de menor rango son acusados, las tensiones en la armada aumentarían, ya que la tradición del Ejército requiere que Hermoza acepte la responsablidad y no derivarla a otros. El oficial sugiere que solo Estados Unidos puede contener al presidente Fujimori. (Ver el documento 36)
DOCUMENTO N° 37
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Indica que los Escuadrones del Ejército/SIN existen, 24 de mayo, 1993, Secreto, 4 p. El consejero político de la Embajada de EE.UU. discute denuncias sobre el escuadrón de la muerte con un oficial peruano. El oficial afirma que el escuadrón de la muerte fue responsable de Barrios Altos y La Cantuta, y corrobora que los nombres dados por el general Robles eran correctos. Sin embargo, establece que no testimoniará, ya que los oficiales policiales y militares son vistos por el Estado “como la versión peruana de Alemania bajo la Gestapo”. (Ver el documento 37)
DOCUMENTO N° 38
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Oficial del Ejército convicto por el caso de Accomarca es reportado no encarcelado, 3 de diciembre, 1993, Secreto, 2 p. Este documento relaciona evidencia de que el capitán Telmo Hurtado, que había sido convicto por la masacre de Accomarca en 1985, está aún en servicio y no en prisión. La embajada comenta que si la información es verdad, negará cualquier resultado positivo por el encarcelamiento inicial y seriamente trae a cuestión el compromiso del gobierno peruano “de enfrentar la impunidad militar en casos de derechos humanos en el futuro”. (Ver el documento 38)
DOCUMENTO N° 39
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Accormarca, Hurtado y La Cantuta, 30 de diciembre, 1993, Confidencial, 5 p. El encargado de la Embajada se reúne con un oficial peruano no identificado, para discutir la situación del convicto capitán Telmo Hurtado. El encargado expresa gran preocupación de que Hurtado no está sirviendo su sentencia de seis años por la masacre de Accomarca. El oficial recalca que que investigará, pero sugiere que Hurtado pudo haber sido liberado por tiempo cumplido antes de la sentencia. También resalta el compromiso del Ejército para investigar las desapariciones de La Cantuta. (Ver el documento 39)
DOCUMENTO N° 40
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Informes de testigos del lugar de las matanzas, 20 de abril, 1994, Confidencial, 11 p. Un periodista peruano no identificado describe su “conmovedor recuento de la muerte y destrucción causada por un gran operativo del Ejército”. Describe el difícil viaje que hizo junto a un pequeño grupo de otros periodistas y trabajadores de derechos humanos, a la región selva de Huánuco para investigar la masacre en la zona. Luego de ser llevados al sitio de los campesinos masacrados por víctimas sobrevivientes, el grupo se dirigió a la base Los Laureles en Tingo María y entrevistó al coronel Javier Rivas Ramirez. Rivas describió las operaciones del Ejército en el área. (Ver el documento 40)
DOCUMENTO N° 41
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Plan de acción ante las denuncias de la operación asesina del Ejército en Huánuco, 21 de abril, 1994, Confidencial, 5 p. ONGs de derechos humanos y periodistas atribuyen los recientes abusos contra los derechos humanos en el Alto Huánuco a las operaciones militares de contraataque terrorista. Mientras el documento afirma que la embajada de EE.UU. no ha sido capaz de confirmar estos reportes, algunos de los cuales calculan el saldo de víctimas hasta de cien, la Embajada los considera creíbles. El informe continúa sugiriendo un apropiado alto nivel de respuesta de los gobiernos de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Estas respuestas buscarán presionar efectivamente al gobierno de Fujimori para permitir acceso libre a la zona de grupos no gubernamentales (especialmente el ICRC) y seguir con las investigaciones civiles y militares ahora bajo proceso. El informe reconoce que el gobierno de Fujimori ha estado preocupado por las pasadas críticas del gobierno estadounidense sobre derechos humanos, y enfatiza que se podrían necesitar nuevos esfuerzos del más alto nivel del gobierno y en conjunción con otros poderes mayores. (Ver el documento 41)
Los documentos forman parte de “Peru in The Eye of the Storm”, una de las muchas colecciones de documentos que alberga el sitio del NSA, muchos de ellos referidos a América Latina como la intervención de los EE.UU. en el Chile de Allende o la guerra sucia en Guatemala, sin mencionar otros tan interesantes como los referidos a la Crisis de los Misiles en 1962 o las fotografías y documentos de la reunión de Nixon con Elvis en 1970.
Estos son los 41 documentos desclasificados, cuyas sumillas fueron traducidas del original en inglés en el Centro de Documentación Periodística del diario El Comercio de Lima.
DOCUMENTO N° 01
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Terroristas peruanos pierden fuerza, 24 de febrero, 1983, Secreto. 8p. Este cable discute las consecuencias de la medida del presidente Belaúnde de poner al Ejército a cargo del orden público en la zona de emergencia de Ayacucho. El Ejército fue llamado para fortalecer a la policía con tropas para actividades de defensa, así como transporte, comunicaciones, logística y armas. El informe afirma que esta estrategia ha permitido a la policía operaciones de control más agresivas, y por tanto, reintroducir la presencia del gobierno en muchas áreas rurales previamente abandonadas por la influencia de Sendero. (Ver el documento 1)
DOCUMENTO N° 02
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Presidente Belaúnde hace visita sorpresiva a la zona de emergencia, 14 de junio, 1983, Confidencial, 3 p. El presidente Belaúnde visita la ciudad de Ayacucho, en un intento por demostrar que existe una estrategia coordinada de las fuerzas cívico-militares contra el terrorismo y la crisis económica. El documento anota que figuras de la oposición y la prensa se han inclinado a considerar este tipo de hechos como una aprobación presidencial de facto a las estrategias de contraataque empleadas por las fuerzas de seguridad. El cable describe también críticas públicas y nuevos editoriales sobre las muertes y el incierto destino de cientos de personas detenidas por los militares y la poca voluntad del gobierno para ofrecer explicaciones públicas. (Ver el documento 2)
DOCUMENTO N° 03
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Gobierno prohibe marcha “Por la paz y la justicia” y militariza Lima, 28 de agosto, 1984, Confidencial, 3p. El documento describe la cancelación de la marcha “por la paz y la justicia” (convocada para protestar por dos notorias desapariciones y recientes reportes de matanzas masivas tanto por terroristas como por fuerzas militares) que fue fijada para el 24 de agosto, 1984 en el centro de Lima. Un día antes, el gobierno revocó un permiso previo para la marcha y asignó a los militares el mantenimiento del orden público. Para evitar un enfrentamiento con el poder militar, Izquierda Unida (IU) canceló oficialmente la marcha, a pesar que varios líderes de IU intentaron dirigir otra marcha más pequeña. Luego de que los militares arrestaran 236 personas, la protesta de disipó, y dentro de 48 horas 235 de los 236 detenidos fueron liberados. (Ver el documento 3)
DOCUMENTO N° 04
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Fosas masivas descubiertas en zona de emergencia, 28 de agosto, 1984, Confidencial, 4 p. Fosas clandestinas son descubiertas a 36 kilómetros de la ciudad de Huanta. Este cable calcula que entre 49 o 50 hombres y una mujer fueron asesinados de manera metódica y luego desfigurados para evitar su identificación. Mientras que el gobierno niega oficialmente cualquier responsabilidad por la atrocidad, la opinión pública, representada tanto por la oposición y prensa pro régimen, han atribuido las matanzas decididamente a las fuerzas de gobierno. (Ver el documento 4)
DOCUMENTO N° 05
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Abogados locales distritales denuncian a comandante de la Marina en la desaparición de Ayala y el caso de los evangélicos asesinados, 26 de febrero, 1985, Confidencial, 2p. La Embajada de Estados Unidos describe los cargos criminales en contra del comandante marino Alvaro Artaza Adrianzen, ex jefe de la Marina en la guarnición de Huanta. Los cargos incluyen la desaparición en agosto de 1984 del periodista Jaime Ayala y el asesinato de 6 miembros de una iglesia evangélica el 1 de agosto de 1984 en Callqui. Es la primera vez, desde que se le otorgó poderes al Ejército sobre las zonas de emergencia en diciembre de 1982, que el Estado ha tratado de procesar a oficiales militares con responsabilidad primaria en actos criminales perpretados contra la población civil. (Ver el documento 5)
DOCUMENTO N° 06
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Reacciones dentro de la Armada ante la destitución de los generales Jamara y Mori, 19 de septiembre, 1985, Confidencial, 4 p. El 17 de septiembre de 1985, el presidente García destituyó a los generales Jarama y Mori de la zona de emergencia, luego de los informes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de que un comandante del ejército fue responsable de la masacre de civiles en Accomarca, el 14 de agosto. Su destitución representa el descontento general de la administración García con el negativo récord del Ejército sobre respecto a derechos humanos. El manejo de este asunto provoca insatisfacción dentro del Ejército y preocupación entre los oficiales militares, de que sus propias experiencias en operaciones de contraataque puedan ponerlos en riesgo de represalias del gobierno. (Ver el documento 6)
DOCUMENTO N° 07
Supuesta relación de la Marina en la desaparición de un oficial naval, 6 de marzo, 1986, Confidencial, 3 p. El documento discute la reciente decisión de la Corte Suprema de enjuiciar por el fuero civil al comandante Artaza, por la desparición del periodista Jaime Ayala en 1984, la posterior huida de Artaza y las presiones del gobierno para cancelar la edición del 3 de marzo del programa de comentario “Encuentros”, que criticaría la relación de la marina en la desaparición de Artaza. El cable describe la difícil posición del presidente en este problema, y reconoce que la Marina estuvo probablemente involucrada en la fuga de Artaza y un subsecuente encubrimiento. (Ver el documento 7)
DOCUMENTO N° 08
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Gobierno ordena investigación de muertes de presos, 23 de junio, 1986, Confidencial, 5 p. (NOTA: Este documento proviene de una colección donada por el periodista freelance Jeremy Bigwood). La embajada de EE.UU. evalúa la reponsabilidad pública y gubernamental ante los motines de julio, que dejaron al menos 240 terroristas/presos muertos, incluyendo llamados de la Conferencia Internacional Socialista en curso y otros, para una investigación independiente. El documento incluye también la descripción de un comunicado gubernamental que reconoce que el alto índice de muertes (ningún terrorista preso sobrevivió) lleva a creer que sí ocurrieron excesos, y que se busca investigar y castigar a cualquier responsable. El cable finaliza con un breve análisis del perjuicio político que una real investigación podría traer al presidente García, quién ordenó en persona la acción militar, concluyendo que en este problema, es poco probable que el Ejército se deje usar como chivo expiatorio del presidente. (Ver el documento 8)
DOCUMENTO N° 09
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), García declara a 95 policías arrestados por las ejecuciones en la cárcel de Lurigancho, 25 de junio, 1986, confidencial, 3 p. (NOTA: Este documento es de una colección donada por el periodista freelance Jeremy Bigwood). El presidente García anuncia hallazgos iniciales de la investigación sobre los motines en Lurigancho, anotando que la policía ejecutó entre 30-40 presos después de que ellos se habían rendido. La embajada advierte que en comparación a investigaciones previas sobre derechos humanos en las masacres de Accomarca y Pucayacu, esta vez “podría ser difícil para Alan García controlar un proceso que él ha puesto en marcha”. El cable cuestiona además cómo la policía sola se ha responzabilizado por ejecuciones en una operación, sin que el Ejército comparta también la culpa, y advierte que García “tiene las manos llenas tratando de evitar la imagen de que está involucrado en una coartada de la policía para evitar una confrontación con el Ejército”. (Ver el documento 9)
DOCUMENTO N° 10
Cable del Departamento de Estado, García y el Ejército: petición de ayuda internacional, 28 de junio, 1986, Secreto, 4 p. El vicesecretario de Estado John C. Whitehead envía asesoramiento a las embajadas de Estados Unidos en Latinoamérica sobre cómo manejar la actual crisis en el Perú. El cable resalta la creciente tensión entre el presidente García y las fuerzas armadas sobre los motines en la cárcel de Lurigancho y la posterior investigación. Whitehead sugiere que la embajada haga contacto con oficiales relevantes para convencer a García de parar su confrontable acercamiento al Ejército peruano en vista de la creciente amenaza terrorista. (Ver el documento 10)
DOCUMENTO N° 11
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Crisis actual en el Perú, 30 de junio, 1986, Secreto, 4 p. El documento describe las consecuencias de los motines y las masacres en prisión, incluyendo la probable designación del Ministro de Justicia y el Ministro del Interior. Policías arrestados luego de la investigación sobre Lurigancho continúan en manos de las autoridades policiales y no han sido transferidos a la prisión de Canto Grande como se prometió previamente. Fuerzas de la Marina también han estado recientemente implicadas en las ejecuciones en la cárcel de El Frontón. El cable anota además la posibilidad de que García destituya altos jefes militares, si se determina que la responsabilidad final por la masacre recae en el comando conjunto. (Ver el documento 11)
DOCUMENTO N° 12
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), El presidente García dice que la crisis ha terminado, 1 de julio, 1986, Secreto, 2 p. El asesor político de la embajada y el presidente García se reúnen para discutir la actual situación política nacional, incluyendo los dos motines en El Frontón y Lurigancho. En la conversación, García aclara que la Marina no tuvo responsabilidad por los hechos de El Frontón, y dice que mientras la Guardia Republicana fue responsable de los excesos en Lurigancho, el comando conjunto militar podría no ser responsable. García limita la posible responsabilidad por la masacre de Lurigancho al general Rabanal, de quien dice tendría que enfrentar las consecuencias si fuera encontrado culpable. En la conversación el presidente García continúa diciendo que, aunque infortunada, la crisis en las prisiones podrían tener el efecto positivo a largo plazo de disminuir la capacidad de Sendero Luminoso, y hasta que el terrorismo pueda ser erradicado, el pueblo peruano tendría que “aprender a vivir con un alto grado de violencia”. (Ver el documento 12)
DOCUMENTO N° 13
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Supuesta masacre en Pomatambo y Parcco, 26 de noviembre, 1986, Confidencial, 5 p. El documento discute informes discrepantes entre Ejército y documentos independientes, sobre la matanza de entre 12 y 13 personas en Ayacucho en octubre. Los reportes militares dan cuenta de que 13 guerrilleros, incluyendo el líder senderista Camarada Caszelly, fueron muertos en combate, mientras que reportes de la prensa, basados en testimonios de testigos presenciales, afirman que las fuerzas de seguridad ejecutaron realmente 12 civiles. Grupos locales de derechos humanos se preguntan si investigaciones del Senado se llevarán a cabo (del mismo modo a la investigación del Senado sobre Accomarca en 1985) o en cambio se disipará como anteriores investigaciones sobre los asesinatos carcelarios en junio. (Ver el documento 13)
DOCUMENTO N° 14
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), La Embajada visita Ayacucho, 21 de enero, 1987, Confidencial, 18 p. La Embajada de EE.UU. evalúa la actual situación en la zona de emergencia de Ayacucho, luego de una visita de dos días a esta zona en diciembre. El reporte otorga un análisis de las siguientes áreas: terrorismo y operaciones de contraataque terrorista, abusos a los derechos humanos, grupos políticos, proyectos de desarrollo y narcóticos. El documento concluye que el Ejército mantiene un fuerte control sobre las actividades de gobiernos locales. (Ver el documento 14)
DOCUMENTO N° 15
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Cayara: ningún cuerpo hallado, 1 de junio, 1988, Confidencial, 2 p. El documento describe la controversia alrededor de las matanzas que ocurrieron en o alrededor de Cayara el 14 de mayo, y las protestas estudiantiles en respuesta a estos crímenes. De acuerdo al Ejército, 16 guerrilleros murieron en un tiroteo con fuerzas del gobierno en o cerca de Cayara. Otras fuentes, incluyendo el fiscal especial de Ayacucho Carlos Escobar, sotiene que el Ejército ejecutó al menos 30 campesinos antes de remover sus cuerpos de la escena. El Ejército ha negado el acceso al área a la prensa, el ICRC, y otros grupos peruanos de derechos humanos. Mientras que por el momento no hay una respuesta decisiva a esta controversia, ya que primero se tienen que encontrar los cuerpos de las víctimas, el cable da a entender que los funcionarios de la embajada son escépticos de la posición de la armada, a causa del gran número de víctimas y la ausencia de bajas militares. (Ver el documento 15)
DOCUMENTO N° 16
Memorándum de conversación de la Embajada de EE.UU. (Lima), Abusos a los derechos humanos en aumento, 20 de septiembre, 1988, Confidencial, 5 p. Este memorándum representa la opinión de un entrevistado secreto. Se abordan temas como la violencia senderista, que él pronostica crecerá mientras la economía empeore; violaciones a los derechos humanos, que él cree continuarán en aumento por la actual ideología militar; y el uso de la tortura por parte de la Policía y del Ejército, que se mantendrá igual ante las ineficaces técnicas/procedimientos de investigación. (Ver el documento 16)
DOCUMENTO N° 17
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima) Gobierno anula reporte sobre masacre de Cayara, 10 de noviembre, 1988, Confidencial, 3 p. El cable discute los problemas de la investigación sobre la masacre de Cayara del 14 de mayo, incluyendo testimonios discordantes de testigos presenciales. Basado en la información de una fuente de la embajada y otra información confiable, este documento traza tres conclusiones principales: algunos pobladores de Cayara probablemente participaron en emboscada al patrullaje de la armada; la armada sí liquidó a los residentes de Cayara; y finalmente, con certeza la armada tratará de encubrir su participación. (Ver el documento 17)
DOCUMENTO N° 18
Resumen de la Agencia de inteligencia, Perú: Actividad de SL, 14 de diciembre, 1988, 2 p. La Agencia de Inteligencia y Defensa (DIA) evalúa recientes actividades de Sendero Luminoso en Lima y Huaraz. Las acciones discutidas incluyen el atentado explosivo una torre de alta tensión del 7 de diciembre, el asesinato de dos trabajadores de desarrollo franceses y dos técnicos peruanos el 5 de diciembre, y el atentado explosivo de cuatro hoteles en Huaraz el 1 de diciembre. (Ver el documento 18)
DOCUMENTO N° 19
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Sendero masacra a 39 campesinos, 3 de marzo, 1989, Confidencial, 5 p. El cable trata sobre la matanza de 39 campesinos en el departamento de Ayacucho. Luego de dar un detallado informe de la masacre, basado en el testimonio de los sobrevivientes, el reporte menciona que fuentes de derechos humanos han especulado que los crímenes fueron en respuesta a los esfuerzos de los campesinos de organizar rondas de defensa contra los ataques de Sendero. El documento sugiere también que el ataque pudo haber estado relacionado a producción ilícita de coca en el valle del Mantaro. (Ver el documento 19)
DOCUMENTO N° 20
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Sendero aniquila catorce alcaldes en un periodo de diez días, 17 de octubre, 1989, Confidencial, 5 p. La violencia senderista surge de nuevo, después de dos meses de inacción. Se da información específica del número de muertes y sus posiciones de refugio, y especulaciones sobre cómo el gobierno manejará las próximas elecciones en vista de la volencia notada. El reporte analiza también los posibles efectos de esta violencia y comenta que estas acciones han dado a Sendero una enorme ventaja psicológica en su lucha con el gobierno. (Ver el documento 20)
DOCUMENTO N° 21
Cable de la Agencia de Inteligencia y Defensa, Perú: Movimientos insurgentes, 1 de mayo, 1990, 2 p. Este cable enumera varios de los recientes ataques terroristas de Sendero Luminoso, y los efectos que han tenido en la provincia de Satipo. Efectos resaltantes han sido la gran migración de refugiados hacia los principales pueblos de Satipo y el cierre de todas las escuelas en la provincia. Estimados de la comisión del Congreso sobre el número de muertes son incluídos en el informe, que concluye que Sendero Luminoso está ganando fuerza y que con el décimo aniversario de Sendero el 17 de mayo y la segunda vuelta en las elecciones el 3 de junio, el nivel de violencia en el campo seguirá creciendo. (Ver el documento 21)
DOCUMENTO N° 22
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho: Ejército peruano y Sendero son culpados, 25 de octubre, 1990, Confidencial, 6 p. El documento discute dos matanzas masivas, una cometida por las guerrillas y otra por el Ejército. El informe indica que la guardia del Ejército que cometió los crímenes estaba bajo el control de un oficial local del Ejército conocido como “centurión”, quien de acuerdo con otros reportes de la embajada ha operado con impunidad en Huanta y pudo haber sido “la mano derecha” del mando político-militar de Ayacucho, general Fernández-Dávila. El fiscal y el presidente regional han atribuído las matanzas a las “rondas” (patrullas de defensa civiles) o al Ejército, y el Senado ha aprobado la formación de una comisión especial para investigar las matanzas. El informe concluye que este episodio representa la primera prueba del compromiso del presidente Fujimori para reforzar la rendición de cuentas del Ejército en su campaña contra las guerrillas. (Ver el documento 22)
DOCUMENTO N° 23
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Llamado por los Derechos Humanos del Embajador en Ayacucho, 11 de diciembre, 1990, Confidencial, 12 p. El embajador Quainton de EE.UU. discute el tema de los derechos humanos y la violencia política en Ayacucho con el jefe en la zona de emergencia de Ayacucho, general Fernández-Dávila, el fiscal superior del Ministerio Público, el fiscal especial de Derechos Humanos, y autoridades municipales. El general Fernández-Dávila afirma que la frecuencia de las violaciones contra los derechos humanos ha sido grandemente exagerada, y que cuando han ocurrido excesos, los funcionarios responsables han sido investigados y perseguidos. Otros funcionarios locales, incluyendo el alcalde y fiscales, reconocen que ha crecido la cooperación de las autoridades del Ejército. El informe cita la buena voluntad del Ejército para revelar la identidad de “Centurión” (Sargento Johnny José Zapata Acuña), como un nuevo ejemplo de este nuevo espíritu de cooperación. Sin embargo, el documento concluye que las afirmaciones generales de la derrota de Sendero por parte del Ejército es muy optimista, y de que a pesar de evidentes signos de mejoras en los meses recientes, la actuación del Ejército en el tema de los derechos humanos está “lejos de buena” y que la armada no ha sido “enteramente reformada”. (Ver el documento 23)
DOCUMENTO N° 24
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Un policía de Ayacucho describe las matanzas extrajudiciales, 19 de diciembre, 19990, Secreto, 10 p. En este cable autoridades políticas de la Embajada revelan sus conversaciones con una autoridad policial de Ayacucho, quien había sido miembro de un escuadrón secreto de la policía. El policía detalla actividades del escuadrón de la muerte, anotando que 300 sospechosos fueron asesinados en 1989. Él explica cómo objetivos del escuadrón fueron disueltos en 1990 luego de que una emboscada de Sendero hirió seriamente o mató tres de sus cuatro miembros. El cable dice que el oficial no parecía “ni orgulloso ni avergonzado de su rol como un asesino extrajudicial”, y lucía dispuesto a contar su historia to alguien “oficial”, ya que pocos (inclusive dentro de la fuerza policial) sabían de la existencia o actividades del escuadrón. (Ver el documento 24)
DOCUMENTO N° 25
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), En el Ojo de la Tormenta: Reporte de un viaje a Ayacucho, Parte I, 20 de diciembre, 1990, Confidencial, 19 p. El embajador Quainton describe en detalle la situación de violencia política e insurgencia en Ayacucho, detallando las raíces históricas de la región y la actual situación política y militar. Anota que Ayacucho tiene una importancia primaria tanto para Sendero como para el gobierno peruano, a pesar de que es de poca importancia estratégica. El documento detalla crecientes quejas de que los líderes de las “rondas” (patrullas de defensa civil) son muchas veces matones o narcotraficantes. También discute denuncias de que la policía raptó hombres jóvenes, los acusó de terrorismo y luego chantajeó a sus familias. (Ver el documento 25)
DOCUMENTO N° 26
Cable de la Embajada, Preguntas del Americas Watch Human Rights, 2 de agosto, 1991, Confidencial, 5 p. La Embajada de EE.UU. trata de descubrir información sobre las desapariciones de Chuschi y casos que involucran el maltrato, por parte del Ejército, de profesores del SUTEP en San Martín, en particular el presunto abuso al profesor del SUTEP Moisés Tenorio Banda. Se reporta que en ambos casos, el jefe político-militar de Ayacucho, General Martínez, se ha declarado militarmente inocente. Fuentes consultadas en este documento han anulado aparentemente el caso Chuschi, salvando una decisión por parte del Ejército de cooperar en una investigación. El cable sugiere también la poca esperanza de que se resuelva el caso Tenorio. (Ver el documento 26)
DOCUMENTO N° 27
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), La mente de la Bestia: La brutalidad de Sendero Luminoso, 7 de agosto, 1991, Confidencial, 12 p. Este documento presenta una perfil de la violencia de Sendero Luminoso, especula sobre la naturaleza de esta violencia y otorga varios ejemplos de recientes y pasadas atrocidades cometidas por Sendero. Concluye que Sendero no es patológico en sus matanzas, sino “calmado y desapasionado” en su violencia, que es cometida puramente por razones ideológicas. (Ver el documento 27)
DOCUMENTO N° 28
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima) Masacre de Barrios Altos: un mes después, 14 de diciembre, 1991, Secreto, 2 p. Esta actualización sobre el desarrollo de la investigación de la masacre de Barrios Altos resalta que el gobierno peruano ha demostrado poca “voluntad política” para encontrar a los autores del crimen, y que la mayoría cree ahora que fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en la matanza. (Ver el documento 28)
DOCUMENTO N° 29
Cable del Departamento de Estado, Masacre de Barrios Altos, 12 de diciembre, 1991, Secreto, 1 p. El Secretario de Estado James Baker indica al embajador de EE.UU. en Lima que busque una reunión con el presidente Fujimori para discutir el caso Barrios Altos. Este cable establece los principales puntos a ser discutidos. El Embajador debe mostrar la profunda preocupación de Estados Unidos sobre el manejo de la investigación del caso Barrios Altos, y debe convencer a Fujimori de que una vigorosa investigación traerá a los responsables a la justicia. Baker resalta en particular, la reciente destitución del encargado del caso, como un hecho inquietante para el gobierno de EE.UU. (Ver el documento 29)
DOCUMENTO N° 30
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Masacre de Barrios Altos, 13 de diciembre, 1991, Secreto, 1 p. El Embajador Quainton describe un intercambio con varios funcionarios peruanos (incluyendo el presidente Fujimori), donde Quainton expresó la profunda preocupación de EE.UU. sobre la investigación de la masacre de Barrios Altos. Un funcionario no identificado dijo que la investigación estaba aún en proceso y opinó que los responsables eran probablemente un grupo de militares y civiles buscando revancha por las matanzas previas de Sendero. (Ver el documento 30)
DOCUMENTO N° 31
Cable de la Agencia de Defensa e Inteligencia, Actividades de Sendero Luminoso en la región Satipo-Mazamari, 2 de enero, 1992, Secreto, 6 p. Este cable informa de varias acciones de Sendero en la región Satipo-Mazamari durante la primera mitad de 1991. Se enfoca en los enfrentamientos de Sendero con los Sinchis, y en los asesinatos de Sendero de autoridades locales y organizadores de ronderos. Da los nombres y las circunstancias de las muertes de varias víctimas. (Ver el documento 31)
DOCUMENTO N° 32
Informe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgo de la Armada de EE.UU., Archivo de la Armada Nacional, 15 de junio, 1992, Secreto, 73 p. (extracto). Este extracto parcial da una perspectiva general de la situación política, económica y militar en el Perú, así como una descripción detallada de la misión, estructura, composición, personal, y operaciones del Ejército peruano y fuerzas de inteligencia. El informe también incluye una crítica de los esfuerzos contrainsurgentes del Ejército, resaltando deficiencias del Perú y formas sugeridas de reformar estos esfuerzos. La segunda sección de este informe de los archivos de inteligencia y seguridad incluye las principales figuras militares y de inteligencia, incluyendo en presidente Fujimori y a Vladimiro Montesinos. (Ver el documento 32)
DOCUMENTO N° 33
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Coche-bomba de Sendero al ILD: Continúa la escalada terrorista, 21 de julio, 1992, Confidencial, 5 p. Este cable describe recientes actos violentos cometidos por SL, incluyendo el ataque del Instituto Libertad y Democracia (ILD), dirigido por Hernando de Soto, en Miraflores, que mató a cinco e hirió a siete personas. Esta bomba viene luego de otro ataque con bomba el 17 de junio, que mató a 18 personas. (Ver el documento 33)
DOCUMENTO N° 34
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Supuesto testigo de la masacre de Barrios Altos quiere testimoniar – si puede dejar el Perú, 3 de enero, 1993, Secreto, 5 p. Un oficial del Ejército peruano y miembro de Servicio de Inteligencia del Ejército/Servicio de Inteligencia Nacional (SIE/SIN), contacta al Embajador de EE.UU. a través de un intermediario, estableciendo su deseo de testimoniar sobre la masacre de Barrios Altos y otras matanzas relacionadas al SIN, si es que se le da protección y salvoconducto a otro país. La embajada anota que dar asilo a este oficial se convertiría en un “asunto delicado mayor en las relaciones bilaterales” con el Perú, pero por otro lado, también contribuiría a los objetivos sobre derechos humanos en el país. La Embajada solicita asesoría del Departamento de Estado sobre qué asistencia deberían dar al oficial. (Ver el documento 34)
DOCUMENTO N° 35
Cable del Departamento de Estado, General pide asilo a la Embajada de EE.UU., por amenazas relacionadas a sus esfuerzos por investigar las matanzas, 6 de mayo, 1993, Secreto, 6 p. El general Rodolfo Robles hace un sorpresivo pedido de asilo al gobierno de EE.UU., mientras estaba en la Embajada de EE.UU. con su familia. En la Embajada, Robles afirma que él y su familia están en inminente peligro porque él ha otorgado información sobre las muertes de La Cantuta al juzgado militar que revisa el caso. Robles afirma que está listo para hacer públicas sus denuncias de que Vladimiro Montesinos y el comandante Hermoza fueron responsables de los escuadrones de la muerte que llevaron a cabo los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, y que además están conectados con el narcotráfico. La Embajada resalta la reputación de Robles dentro del Ejército y advierte que sus acciones serán una “bomba” en el Perú. (Ver el documento 35)
DOCUMENTO N° 36
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), General retirado en complot en el Ejército y la investigación de La Cantuta, 22 de mayo, 1993, Secreto, 7 p. Este cable describe una conversación con un general retirado del Ejército, en el grupo “Comaca” dentro de la armada, el incidente Robles, y una probable investigación del Congreso sobre las desapariciones de La Cantuta. El oficial califica de “absurda” la afirmación del gobierno peruano de que una investigación del Congreso sobre La Cantuta rompería la moral de la armada. Él resalta que la investigación será principalmente un problema para Hermoza y Montesinos, pero solo si oficiales de menor rango son acusados, las tensiones en la armada aumentarían, ya que la tradición del Ejército requiere que Hermoza acepte la responsablidad y no derivarla a otros. El oficial sugiere que solo Estados Unidos puede contener al presidente Fujimori. (Ver el documento 36)
DOCUMENTO N° 37
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Indica que los Escuadrones del Ejército/SIN existen, 24 de mayo, 1993, Secreto, 4 p. El consejero político de la Embajada de EE.UU. discute denuncias sobre el escuadrón de la muerte con un oficial peruano. El oficial afirma que el escuadrón de la muerte fue responsable de Barrios Altos y La Cantuta, y corrobora que los nombres dados por el general Robles eran correctos. Sin embargo, establece que no testimoniará, ya que los oficiales policiales y militares son vistos por el Estado “como la versión peruana de Alemania bajo la Gestapo”. (Ver el documento 37)
DOCUMENTO N° 38
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Oficial del Ejército convicto por el caso de Accomarca es reportado no encarcelado, 3 de diciembre, 1993, Secreto, 2 p. Este documento relaciona evidencia de que el capitán Telmo Hurtado, que había sido convicto por la masacre de Accomarca en 1985, está aún en servicio y no en prisión. La embajada comenta que si la información es verdad, negará cualquier resultado positivo por el encarcelamiento inicial y seriamente trae a cuestión el compromiso del gobierno peruano “de enfrentar la impunidad militar en casos de derechos humanos en el futuro”. (Ver el documento 38)
DOCUMENTO N° 39
Cable de la Embajada de EE.UU. (Lima), Accormarca, Hurtado y La Cantuta, 30 de diciembre, 1993, Confidencial, 5 p. El encargado de la Embajada se reúne con un oficial peruano no identificado, para discutir la situación del convicto capitán Telmo Hurtado. El encargado expresa gran preocupación de que Hurtado no está sirviendo su sentencia de seis años por la masacre de Accomarca. El oficial recalca que que investigará, pero sugiere que Hurtado pudo haber sido liberado por tiempo cumplido antes de la sentencia. También resalta el compromiso del Ejército para investigar las desapariciones de La Cantuta. (Ver el documento 39)
DOCUMENTO N° 40
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Informes de testigos del lugar de las matanzas, 20 de abril, 1994, Confidencial, 11 p. Un periodista peruano no identificado describe su “conmovedor recuento de la muerte y destrucción causada por un gran operativo del Ejército”. Describe el difícil viaje que hizo junto a un pequeño grupo de otros periodistas y trabajadores de derechos humanos, a la región selva de Huánuco para investigar la masacre en la zona. Luego de ser llevados al sitio de los campesinos masacrados por víctimas sobrevivientes, el grupo se dirigió a la base Los Laureles en Tingo María y entrevistó al coronel Javier Rivas Ramirez. Rivas describió las operaciones del Ejército en el área. (Ver el documento 40)
DOCUMENTO N° 41
Cable de la Embajada de EE.UU (Lima), Plan de acción ante las denuncias de la operación asesina del Ejército en Huánuco, 21 de abril, 1994, Confidencial, 5 p. ONGs de derechos humanos y periodistas atribuyen los recientes abusos contra los derechos humanos en el Alto Huánuco a las operaciones militares de contraataque terrorista. Mientras el documento afirma que la embajada de EE.UU. no ha sido capaz de confirmar estos reportes, algunos de los cuales calculan el saldo de víctimas hasta de cien, la Embajada los considera creíbles. El informe continúa sugiriendo un apropiado alto nivel de respuesta de los gobiernos de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Estas respuestas buscarán presionar efectivamente al gobierno de Fujimori para permitir acceso libre a la zona de grupos no gubernamentales (especialmente el ICRC) y seguir con las investigaciones civiles y militares ahora bajo proceso. El informe reconoce que el gobierno de Fujimori ha estado preocupado por las pasadas críticas del gobierno estadounidense sobre derechos humanos, y enfatiza que se podrían necesitar nuevos esfuerzos del más alto nivel del gobierno y en conjunción con otros poderes mayores. (Ver el documento 41)
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