martes, 9 de diciembre de 2014

SEÑOR BAN KI MOON, SOS - FUJIMORI, PRISIONERO POLÍTICO Y RACISTA-

SR BAN KI-MOON
SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Salvad al ex Presidente Alberto Fujimori del Odio Político y Judicial del Perú.


 El Juez Cesar San Martín, que condenó al ex presidente Alberto Fujimori, no fue imparcial, ya tenía concebido condenarlo desde un año antes que terminara el juicio y en plena etapa en que se estaban ventilando las pruebas. Existen correos electrónicos que intercambio San Martín con el abogado Gonzalo del Río, solicitando fundamento para acusar al ex Presidente del Perú de Autoría Mediata.

No se ha tomado en cuenta el contexto en que gobernó el ex Presidente Alberto Fujimori, el Perú que encontró en julio de 1990.
ESTE FUE EL PERÚ QUE RECIBIÓ EN 1990, ALBERTO FUJIMORI
He aquí unos párrafos que el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, no pudo ocultar.

Tomo III
PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS
Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales
CAPÍTULO 2 LOS ACTORES POLÍTICOS E INSTITUCIONALES
2.1. EL GOBIERNO DE ACCIÓN POPULAR – (Fernando Belaunde Terry)
2.1.4. La responsabilidad del gobierno
Es claro que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry respaldó la actuación de los comandos político-militares entre 1983 y 1985 a pesar de las denuncias sobre las grandes violaciones de derechos humanos de la población civil que se estaban cometiendo y del conocimiento que obviamente debió tener sobre esos hechos. El ingreso de las fuerzas armadas en la zona de emergencia para combatir a la subversión fue dispuesto sin tomar las previsiones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, la autoridad civil delegó en las autoridades militares amplias facultades y renunció a ejercer sus potestades para impedir o sancionar graves atropellos contra la población.
2.1.4.2. Impunidad
La estrategia contrasubversiva que se puso en práctica con las fuerzas armadas en el escenario de la violencia resultó ser altamente costosa en vidas humanas. Para cierto sector de las fuerzas armadas eso era inevitable, e incluso se hizo público ese punto de vista. El general Luis Cisneros Vizquerra, quien fue ministro de Guerra, afirmaba en septiembre de 1984: (…) no podemos entender cómo en una zona de guerra, una zona prácticamente extraterritorial, pretendamos mantener el estado de derecho
Las múltiples violaciones de derechos humanos fueron conocidas por denuncias diversas… 
 Sin embargo, la Comisión encuentra que a partir del establecimiento del Comando Político Militar en Ayacucho, y ante el crecimiento de los crímenes del PCP-SLy de agentes de seguridad del Estado, el presidente Belaunde no desarrolló una política decidida de protección de los derechos humanos. Por el contrario, optó por no atender las denuncias a ese respecto que se hacían.
En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".53
La indiferencia del gobierno de Acción Popular ante estos crímenes no se confinó al Poder Ejecutivo, sino que se extendió también al Legislativo. La Comisión ha encontrado que el Congreso, en el que Acción Popular tenía mayoría, no instituyó ninguna comisión investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias existentes. En términos generales, el Legislativo incumplió su deber de fiscalización en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder Ejecutivo, estableció un ambiente de impunidad que la Comisión considera deplorable por las pérdidas de miles de vidas humanas a que ello dio lugar…
En entrevistas con la CVR, el general Noel afirma que desde el comienzo de su gestión contó con el respaldo explícito del arquitecto Belaunde. Según sus recuerdos reconstruye el siguiente diálogo:
"Señor presidente [Fernando Belaunde], perdón, quiero hacerle una pregunta: usted me ha cambiado la misión; ¿voy o no voy a combatir?" El presidente Belaunde me dice: "General, usted combata con toda energía y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional". "Gracias".41
El general Noel afirma también que informaba de sus actividades periódicamente:
Yo normalmente venía cada dos meses, tres meses y coordinaba con el presidente del Comando Conjunto; yo iba a Palacio porque iba al acuerdo (sic) de guerra con el Ministro de Guerra y con el comandante general del Ejército. Y de ahí (…) en el Consejo de Defensa Nacional donde el Presidente impartía órdenes con cosas con las que se le informaba.42
El General Adrián Human Centeno…  agosto de 1984, afirmó:
La solución no es militar, porque si fuera militar yo la resuelvo en minutos (…) si se tratara de matar, Ayacucho no existiría en media hora y Huancavelica tampoco (…) lo que pasa es que estamos hablando de seres humanos, de pueblos olvidados que han reclamado ciento sesenta años y nadie les ha hecho caso y ahora estamos cosechando ese resultado (…) la solución para mi es corregir la situación que existe, por decir, que la cárcel no esté llena de inocentes sin juicio, que los jueces no cobren coimas (…). Lima quiere ser el Perú (…). Si estamos con las mismas personas que dieron lugar a la subversión... ¿Acaso no están las mismas personas que abusaron, los mismos jueces, o sea los mismos que dieron lugar a todo esto? (…) La Fuerza Armada no está a cargo de la situación política. Solamente de la militar. Situación política significa que usted encuentra una injusticia y puede cambiar de inmediato a las autoridades.44
8. En síntesis, elegido para hacer de la democracia un proyecto nacional en ejecución, se puede considerar que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry fue la primera víctima política de la violencia criminal del PCP-SL. Hacia el final de su gobierno Belaunde consideró un éxito que "un gobierno elegido democráticamente entregue el poder a otro elegido democráticamente". En las circunstancias del grave desafío planteado al Estado y la sociedad, ello fue así. Pero, por desgracia, el gobierno saliente dejó tras de sí una legislación antiterrorista – la ley 24150 – que fortaleció las facultades de los comandos político-militares a pesar de las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, y que en la práctica significó una renuncia de la autoridad civil en el terreno de la lucha antisubversiva.
2.1.4.6. La fase final del gobierno aprista
La agudización del conflicto armado interno en el quinquenio aprista se revela mejor con estas cifras: En 1985, el 6.04% de la población nacional y el 7.25% del territorio estaba bajo el régimen de estado de emergencia o de un comando político militar, mientras que en 1990 lo eran el 45.18% de la población y el 29.62% del territorio.54 El Gobierno aprista fracasó en esta lucha. Su cambiante accionar expresa que finalmente no supo romper con la tendencia no sólo a militarizar el conflicto, sino a dejarlo luego fuera del control democrático. Sus intentos de hacer algo distinto, no tuvieron coherencia y fuerza. Es claro que los sectores sociales más afectados por esa estrategia no tenían la capacidad de hacer sentir la magnitud de su maltrato en la escena nacional y que la sociedad urbana, sobre todo sus sectores más influyentes, preferían no involucrarse en un problema tan duro y finalmente lejano aún de sus hogares. Ese contexto, no afecta el juicio crítico de la Comisión sobre las graves responsabilidades éticas y políticas del Gobierno, pues era precisamente su principal obligación defender la vida de sus ciudadanos. Otras implicancias de esta responsabilidad dependen del análisis de casos particulares de violaciones de derechos humanos que son materia de otra sección del Informe.
ESTE FUE EL PERÚ QUE RECIBIÓ EN 1990, ALBERTO FUJIMORI

El ex Presidente Fernando Belaunde Terry, (1980-1985) nunca fue juzgado por las miles de víctimas que causó su inacción, al delegar el Poder Político a los Mandos Militares. 
El ex Presidente Alan García Pérez, (1985-1990) igualmente abdicó el Poder Político a los Mandos Militares, nunca fue juzgado por se acogió a la Prescripción de delitos para evadir a la justicia peruana.
- Yo denuncio a las Autoridades de Turno del Perú, ante la Comunidad y ante los Gobiernos del Mundo, por este violento y cruel atentado que expone en peligro la vida del ex Presidente Alberto Fujimori.
- "La manera más noble y fácil, no es eliminar a los demás, sino ser mejor vosotros mismos" (Sócrates).

DR. PABLO ALBAN
Médico-Psiquiatra

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