INTENTANDO DESENTRAÑAR AL AUTOR EN SU RINCÓN
Hugo Guerra: "RINCON DEL AUTOR" -
Diario "El Comercio" Sábado 19/febrero/2011
1º PÁRRAFO: "Llama poderosamente la atención que -según el cable 54459 de Wikileaks, recientemente revelado por este Diario -Vladimiro Montesinos, el todo poderoso jefe del SIN durante el fujimorato, pidiera a Estados Unidos, apoyo en el proceso judicial relativo a la Operación Siberia"...
11º PÁRRAFO: "En el 2006, poco antes de ser sentenciado a 20 años de prisión por esta causa, Montesinos pidió la ayuda de la embajada norteamericana en lo que quizá fue un intento de extorsión a cambio de no revelar la identidad de quienes apoyaron desde Washington la operación frustrada de las armas de las FARC"
- ¿Vladimiro Montesinos era el hombre de la CIA, operando en el Perú? ¿Con EE.UU. era una relación legal-ilegal, dependiendo desde que ángulo se le observe?
2º PÁRRAFO:... "El 21 de agosto 2000... contrabando de armamento jordano destinado a la FARC"
3º PÁRRAFO:... "el autócrata intenta 'blanquear' a su asesor.... (´blanquear' ¿?)." El Gobierno de Bogotá demostró que desde un año antes se venía rastreando la red contrabandista y que todo era maniobra del SIN"
- (¿No era un plan de la político-militar estadounidense?).
4º PÁRRAFO:... "Bajo ese paraguas Montesinos negoció con las FARC para aprovisionarles masivamente armas a cambio de cocaína"...
- (Extraño... ¿'cocaína'? ¿Cuál era el negocio de Montesinos?... da la impresión que el articulista se enredó en sus disquisiciones....
"quienes desde 1995 estuvieron involucrados en la compra de los aviones chatarra de Bielorrusia.
- ¿Éran chatarra? ¿De qué fuentes parte?
5º PÁRRAFO:... "El contacto se hizo con funcionarios y militares de Jordania...
- (¿Habrá algún país en que los militares no estén comprometidos en negocios turbios? Si no hay guerra la crean... ¿Será que los militares de Ecuador y Perú salieron perdiendo con la firma del Acuerdo de Paz de Itamaraty...? ¿El fraudulento negocio de los Mirages en el Gobierno de Alan García...? ¿No estoy justificando... pero... el tráfico de armas en el Perú lo inventó Montesinos...?
6º PÁRRAFO:... "Según se reconstruyó en el juicio posterior, la transacción original era por más de 24 millones de dólares y no se trataba no solo de fusiles, sino también de "misiles" y otras armas... En 1999 el SIN internó en Colombia una "30,000 granadas de guerra... 8,302 granadas rusa por Panamá"...
- (¿Y los "MISILES"?)
7º PÁRRAFO:... "´Según diversos cálculos, el dinero "negro" levantado por esta vía llegaría a los dos mil millones de dólares.
- (Había que decir una suma fuerte para que impacte... "según diversos cálculos") (¿"dinero negro"?) recordar este episodio... la macro-ética...
Irán-Contra - Wikipedia, la enciclopedia libre
2 Tráfico ilegal de armas y financiación de la Contra... desmantelamiento de la Guardia Nacional, grupos aislados de guardias, con base en Honduras, .... En febrero de 1986, las armas fueron enviadas directamente a Irán por los Estados
Informante iraquí revela que le mintió a EE.UU.
Le dijo a los servicios secretos que en su país había armas de destrucción masiva
El hombre que dijo que había armas biológicas en Irak admite que ...
16 Feb 2011 ... El informante asegura además que en 2002 los agentes le ... en este caso Estados Unidos, pues ello suponía un incumplimiento del acuerdo mutuo. ... hombre que dijo que había armas biológicas en Irak admite que mintió · contador de visitas. © 2011 El Informe Digital. Todos Los derechos Reservados. ...
8º PÁRRAFO:... "Ante esto, Fujimori se dio cuenta de que la Operación Siberia era un papelón insostenible..."
- (En el siguiente párrafo, el mismo "autor" del artículo se descubre)
9º PÁRRAFO:... (Puritanamente se interroga el articulista) "¿Qué hubo detrás de esa maniobra? La principal hipótesis es que con las armas se fortalecía a las FARC para perforar el Plan Colombia de Bill Clinton... Con ello se impondría la alternativa militar para los colombianos, mientras el SIN pasaría a ser pieza clave para la línea dura de la CIA y otras agencias de seguridad.
- (¿Entre medias verdades, dónde queda el delito que el articulista le imputa a Alberto Fujimori?)
10º PÁRRÁFO: "Montesinos no contó con que, debido a las complejidades del sistema estadounidense, el entonces embajador en Lima, John Hamilton, alentaría el escándalo del contrabando de armas. Caso que fue utilizado por los demócratas para obtener ayuda financiera al mencionado Plan Colombia".
- ¿El articulista estará bien documentado de la política americana? para el ciudadano común y corriente le basta con leer cualquier cable relacionado con el tema a lo largo de todo los últimos treinta años, para darse una idea de la macro-ética.... En el artículo, los escotomas fríamente calculado de intereses de su grupo los expande al público incauto.
Olivera - Diario Ojo
... el embajador de Estados Unidos, John Hamilton, quiso hacer lobby a favor de la liberación de Lori Berenson (terrorista de origen estadounidense)
ojo.pe/ojo/nota.php%3FtxtSecci_parent... - En caché - Similares
12º PÁRRAFO:... (DÓNDE APUNTA EL "AUTOR") "Y hoy la candidata Keiko Fujimori pide que se suspendan las revelaciones de los cables de Wikileaks para no empañar las elecciones... ¿o para que el escándalo no llegue a sus filas? Extraño, por decir lo menos.
- Habría que recordarle al hombre detrás de la "entrega" Wikileaks, al diario "El Comercio", cables relacionados con estos temas...
La venganza de las avestruces
LA VENGANZA DE LAS AVESTRUCES Por: RICARDO UZTARROZ (*) Periodista, investigador y escritor Francés.
www.slideshare.net/Jorgelld/la-vengan... - En caché - Similares
- Estados Unidos por escudar a sus ciudadana confesa activista terrorista emerretista Lori Berenson recurrió a todos los medios de presión mediáticos y judiciales para evadir la justicia antiterrorista peruana.
Hay que recordar que en el Perú, los embajadores Dennis Jett y John Hamilton en representación de los EE.UU. dirigieron expresiones ofensivas contra la decisión soberana del Perú de crear Tribunales Militares para procesar a los terroristas en defensa de nuestra sociedad.
Lo que antes prohibieron en el Perú, para salvaguardar el Estado de Derecho como Nación, ahora EE.UU: ha implementado Tribunales Militares para juzgar a terroristas que atenten contra su territorio y sus ciudadanos. Se abolió el Habeas Corpus para tales prisioneros. Al unísono con Inglaterra y España a partir del 11 de setiembre del 2001 y tras la ola de criminales atentados terroristas subsecuentes, estas Potencias Mundiales que antes se enorgullecían de ser los Padres de las Libertades, hoy no se respetan los Derechos individuales en ara de una mayor seguridad. El bien común prevalece sobre el interés individual.
SU AMIGO
DR. PABLO ALBAN
domingo, 20 de febrero de 2011
martes, 15 de febrero de 2011
INFORME CVR 1988 (GOB. ALAN GARCÍA) : MATANZA DE CAYARA
2.2. El gobierno del Partido Aprista Peruano - PDF (Gob. Alan Garía Pérez)
2.1.3.1. La toma de Juanjuí
Las acciones del MRTA en el departamento de San Martín afectaron al gobierno que, en un contexto en el que recibía fuertes críticas a consecuencia del intento de la estatización de la banca, tuvo que militarizar una región del país que no había sido escenario central del conflicto en años anteriores.
A mediados de mayo de 1988 se produjo una incursión punitiva del Ejército en la localidad de Cayara, luego de una emboscada senderista a una patrulla militar.
Al comienzo la Presidencia del Consejo de Ministros expresó en un comunicado oficial "la falsedad de una supuesta masacre de campesinos". Ante la aparición de campesinos que atestiguaban la veracidad de los hechos, una comisión de ministros, funcionarios del Ministerio Público y congresistas visitaron la zona.
Luego fue el mismo Presidente de la República y las autoridades comenzaron a revisar sus versiones iniciales.
Un mes después una Comisión Investigadora del Senado, presidida por el Dr. Carlos Enrique Melgar, se dirigió a la zona, donde ya la fiscalía había acudido e iniciado sus propias averiguaciones.
Hubo declaraciones encontradas entre ambas instancias.
Entre tanto, varios testigos eran desaparecidos o asesinados.
Al cabo de un tiempo, el fiscal Escobar a cargo de la investigación fiscal, presentó sus conclusiones preliminares confirmando que había ocurrido una matanza y fue retirado del caso.
Un nuevo fiscal apoyó las tesis del senador Melgar, quien en su informe al congreso desconoció la masacre.
El presidente García en su discurso del 28 de julio de 1988, hizo un llamado a la unidad nacional, denunciando el manejo inescrupuloso de información que ponía en riesgo la seguridad de jueces y fiscales, y propuso devolverle a la policía la responsabilidad de investigar los casos de terrorismo, capacitando al personal policial para así evitar obstáculos judiciales que habían terminado favoreciendo a los detenidos por terrorismo, como ya había ocurrido con, por ejemplo, la sentencia absolutoria al conocido dirigente senderista Osmán Morote.40
... De esta manera, se produjo una situación peculiar por la que se creaban comisiones investigadoras que, de alguna manera, implicaban un reconocimiento del problema por parte del Estado, pero a la hora de emitir las conclusiones o las recomendaciones se preparaban dictámenes en mayoría que dejaban casi sin razón de ser a las comisiones mismas, favoreciendo situaciones de impunidad.
Informe Comisión Verdad Perú: CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME ...
Informe de la Comisión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú CONCLUSIONES ... Las investigaciones de la CVR confirman la matanza de Cayara y ...
www.derechos.org/nizkor/peru/libros/c... - En caché - Similares
94. La CVR considera el encubrimiento de la matanza de Cayara ocurrida en mayo de 1988, como paradigmático de la nueva la actitud del partido de gobierno frente la actuación de las FF.AA. en la lucha contrasubversiva.
La comisión investigadora conformada en el Senado de la República, presidida por el parlamentario del PAP Carlos Enrique Melgar, dictaminó que la matanza no había ocurrido, mientras que la minoría de dicha comisión y un fiscal aseguraban lo contrario.
El dictamen, no obstante, fue aprobado por la mayoría aprista. Las investigaciones de la CVR confirman la matanza de Cayara y encuentran responsabilidad política en el PAP por colaborar en el encubrimiento de dicha masacre.
APRODEH Caso Cayara
Después de hacerse pública la matanza de Cayara, el presidente Alan García mostró abiertamente su respaldo a las Fuerzas Armadas por la lucha ...
www.aprodeh.org.pe/sem_verdad/memoria... - En caché - Similares
2.1.3.1. La toma de Juanjuí
Las acciones del MRTA en el departamento de San Martín afectaron al gobierno que, en un contexto en el que recibía fuertes críticas a consecuencia del intento de la estatización de la banca, tuvo que militarizar una región del país que no había sido escenario central del conflicto en años anteriores.
A mediados de mayo de 1988 se produjo una incursión punitiva del Ejército en la localidad de Cayara, luego de una emboscada senderista a una patrulla militar.
Al comienzo la Presidencia del Consejo de Ministros expresó en un comunicado oficial "la falsedad de una supuesta masacre de campesinos". Ante la aparición de campesinos que atestiguaban la veracidad de los hechos, una comisión de ministros, funcionarios del Ministerio Público y congresistas visitaron la zona.
Luego fue el mismo Presidente de la República y las autoridades comenzaron a revisar sus versiones iniciales.
Un mes después una Comisión Investigadora del Senado, presidida por el Dr. Carlos Enrique Melgar, se dirigió a la zona, donde ya la fiscalía había acudido e iniciado sus propias averiguaciones.
Hubo declaraciones encontradas entre ambas instancias.
Entre tanto, varios testigos eran desaparecidos o asesinados.
Al cabo de un tiempo, el fiscal Escobar a cargo de la investigación fiscal, presentó sus conclusiones preliminares confirmando que había ocurrido una matanza y fue retirado del caso.
Un nuevo fiscal apoyó las tesis del senador Melgar, quien en su informe al congreso desconoció la masacre.
El presidente García en su discurso del 28 de julio de 1988, hizo un llamado a la unidad nacional, denunciando el manejo inescrupuloso de información que ponía en riesgo la seguridad de jueces y fiscales, y propuso devolverle a la policía la responsabilidad de investigar los casos de terrorismo, capacitando al personal policial para así evitar obstáculos judiciales que habían terminado favoreciendo a los detenidos por terrorismo, como ya había ocurrido con, por ejemplo, la sentencia absolutoria al conocido dirigente senderista Osmán Morote.40
... De esta manera, se produjo una situación peculiar por la que se creaban comisiones investigadoras que, de alguna manera, implicaban un reconocimiento del problema por parte del Estado, pero a la hora de emitir las conclusiones o las recomendaciones se preparaban dictámenes en mayoría que dejaban casi sin razón de ser a las comisiones mismas, favoreciendo situaciones de impunidad.
Informe Comisión Verdad Perú: CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME ...
Informe de la Comisión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú CONCLUSIONES ... Las investigaciones de la CVR confirman la matanza de Cayara y ...
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94. La CVR considera el encubrimiento de la matanza de Cayara ocurrida en mayo de 1988, como paradigmático de la nueva la actitud del partido de gobierno frente la actuación de las FF.AA. en la lucha contrasubversiva.
La comisión investigadora conformada en el Senado de la República, presidida por el parlamentario del PAP Carlos Enrique Melgar, dictaminó que la matanza no había ocurrido, mientras que la minoría de dicha comisión y un fiscal aseguraban lo contrario.
El dictamen, no obstante, fue aprobado por la mayoría aprista. Las investigaciones de la CVR confirman la matanza de Cayara y encuentran responsabilidad política en el PAP por colaborar en el encubrimiento de dicha masacre.
APRODEH Caso Cayara
Después de hacerse pública la matanza de Cayara, el presidente Alan García mostró abiertamente su respaldo a las Fuerzas Armadas por la lucha ...
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INFORME CVR: PERU 1987 (GOB. ALAN GARCÍA) "INICIO DE ACCIONES IRREGULARES Y PARAMILITARES CONTRA LAS ORGANIZACIONES SUBVERSIVAS"
2.2. El gobierno del Partido Aprista Peruano - PDF
(Gobierno de Alan García Pérez)
2.1.3. El PAP ante el despliegue nacional del conflicto
Uno de los recursos más importantes que controlaba el PAP era el Ministerio del Interior. Con la llegada del ministro Barsallo, empezaron fuertes críticas por la utilización partidaria del Ministerio y también por el inicio de acciones irregulares y paramilitares contra las organizaciones subversivas (como el frustrado atentado con explosivos contra el local de El Diario, atribuidas a personal vinculado al sector).
(¿?) Barsallo reveló en una entrevista con la CVR, la desconfianza en la que vivía el gobierno y su tensión con las Fuerzas Armadas. "(...) yo sabía donde estaban todos los generales y comandantes generales del Ejército, de la Marina, Aviación. Lo sabía perfectamente porque era mi función, yo no iba a permitir que dieran un golpe de Estado. ¡Qué buena gracia!
La actuación del presidente en un evento partidario contribuyó a estas especulaciones. Buscando ganar la moral de sus jóvenes partidarios -enfrentados con las dirigencias intermedias-,
García idealizó los rasgos de la militancia senderista para justificar la importancia del compromiso con el partido.
En el discurso que dio al inaugurarse el VII Congreso Nacional de la Juventud Aprista, mayo del 88 -y que se filtró a la prensa, el Presidente dijo:
Y debemos reconocer cómo Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, sacrificados.
Debemos reconocer algo que ellos tienen y nosotros no tenemos como partido… equivocado o no, criminal o no, el senderista tiene lo que nosotros no tenemos: mística y entrega…
Esa es gente que merece nuestro respeto y mi personal admiración porque son, quiérase o no, militantes.
Fanáticos les dicen.
Yo creo que tienen mística y es parte de nuestra autocrítica, compañeros, saber reconocer que quien, subordinado o no, se entrega a la muerte, entrega la vida, tiene mística.36
(Gobierno de Alan García Pérez)
2.1.3. El PAP ante el despliegue nacional del conflicto
Uno de los recursos más importantes que controlaba el PAP era el Ministerio del Interior. Con la llegada del ministro Barsallo, empezaron fuertes críticas por la utilización partidaria del Ministerio y también por el inicio de acciones irregulares y paramilitares contra las organizaciones subversivas (como el frustrado atentado con explosivos contra el local de El Diario, atribuidas a personal vinculado al sector).
(¿?) Barsallo reveló en una entrevista con la CVR, la desconfianza en la que vivía el gobierno y su tensión con las Fuerzas Armadas. "(...) yo sabía donde estaban todos los generales y comandantes generales del Ejército, de la Marina, Aviación. Lo sabía perfectamente porque era mi función, yo no iba a permitir que dieran un golpe de Estado. ¡Qué buena gracia!
La actuación del presidente en un evento partidario contribuyó a estas especulaciones. Buscando ganar la moral de sus jóvenes partidarios -enfrentados con las dirigencias intermedias-,
García idealizó los rasgos de la militancia senderista para justificar la importancia del compromiso con el partido.
En el discurso que dio al inaugurarse el VII Congreso Nacional de la Juventud Aprista, mayo del 88 -y que se filtró a la prensa, el Presidente dijo:
Y debemos reconocer cómo Sendero Luminoso tiene militantes activos, entregados, sacrificados.
Debemos reconocer algo que ellos tienen y nosotros no tenemos como partido… equivocado o no, criminal o no, el senderista tiene lo que nosotros no tenemos: mística y entrega…
Esa es gente que merece nuestro respeto y mi personal admiración porque son, quiérase o no, militantes.
Fanáticos les dicen.
Yo creo que tienen mística y es parte de nuestra autocrítica, compañeros, saber reconocer que quien, subordinado o no, se entrega a la muerte, entrega la vida, tiene mística.36
INFORME CVR: PERU 1986 (GOB. ALAN GARCÍA) "EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE TODOS LOS PRESOS RENDIDOS"
En Lurigancho, penal encargado al Ejército, pero en el que bajo su supervisión, operó directamente la guardia Republicana, luego de retomar el pabellón de los senderistas amotinados, se produjo la ejecución extrajudicial de todos los presos rendidos, 124 personas en total.
Las ejecuciones extrajudiciales reconocidas entonces en Lurigancho, ocurrieron también en el penal San Juan Bautista de El Frontón, según indicios que hoy tiene la CVR.
Nada de esto pudo investigarse sin embargo, porque luego se desarrolló un operativo de encubrimiento declarando a los penales "Zona militar restringida", con un decreto Supremo del día 19 de junio.
Aunque el Gobierno no haya previsto el extremo de estas consecuencias, tenía todos los elementos para haber percibido la necesidad de prever y hasta ordenar que la represión del motín, que no atentaba contra la seguridad ni siquiera del conjunto de los 3 penales, no diese lugar al asesinato de rendidos.
Es en esos aspectos que se jugaba precisamente la diferenciación entre el proceder del Estado democrático y el de los grupos subversivos y terroristas.
Sin embargo no lo hizo así y al asumir como bueno lo realizado, y hasta felicitar al Comando Conjunto, en la sesión del Consejo de Ministros del 19 de julio, canceló con ese hecho, su búsqueda en curso de una estrategia antisubversiva democrática.
2.2. El gobierno del Partido Aprista Peruano - PDF (Gobierno de Alan García Pérez)
2.1.2.4 El impacto de la matanza de los penales
El gobierno de García recibió una situación crítica en los penales que se había agravado luego de que el 4 de octubre de 1985 un amotinamiento de reclusos acusados por terrorismo en el penal de Lurigancho fuese sofocado por la Guardia Republicana en un violento incidente.
Murieron 30 internos pero no hubo mayores investigaciones ni asunción de responsabilidades por parte del gobierno.
En los meses siguientes, siguieron los problemas en penales, insistiendo los reclusos senderistas en pedir garantías para su vida.
En junio de 1986 elevaron recursos de amparo frente a la amenaza a su seguridad y el dirigente senderista Antonio Díaz Martínez, poco antes de comenzar su interrogatorio del Quinto Tribunal Correccional, denunció "el nuevo plan genocida que prepara el gobierno en todo el país, para aplicarlo contra los reclusos de las diferentes cárceles".29
Es decir, los senderistas buscaban con sus acciones "inducir al genocidio" al gobierno aprista y al, mismo tiempo, lo denunciaban por prepararlo.
El motín senderista que dio inicio a la matanza de penales se inició el 18 de junio en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara con tomas de rehenes, mientras se celebraba en la capital un evento de la Internacional Socialista.
Luego de intentar controlar la situación a través de la mediación de funcionarios del INPE, del Poder Judicial y de la Comisión de Paz, el Consejo de Ministros decidió "que era necesario restablecer el orden en los penales con la máxima energía que permite la Ley, preservando -en lo posible-la vida de los rehenes y rescatando el principio de autoridad" encargándole la tarea al Comando Conjunto de las FF. AA.30
Con la intervención de la Fuerza Aérea, se recuperó rápidamente el orden en el penal de Santa Bárbara, en el que murieron tres reclusas.
En Lurigancho, penal encargado al Ejército, pero en el que bajo su supervisión, operó directamente la guardia Republicana, luego de retomar el pabellón de los senderistas amotinados, se produjo la ejecución extrajudicial de todos los presos rendidos, 124 personas en total.
En el caso de El Frontón, encargado a la Marina de Guerra, las acciones se extendieron un día más y fueron las más violentas porque fue el único lugar donde los amotinados tenían tres armas de fuego modernas y muchos proyectiles de fabricación artesanal.
Allí murieron (???) efectivos de la Marina y un número (???) muy elevado de internos, 111, según las cifras oficiales.
El Presidente, pocos días después, reconoció parcialmente la matanza visitando el penal de Lurigancho que, en ese momento, fue considerado el caso más grave de responsabilidad para el gobierno.
La CVR encuentra que el diagnóstico inicial de los hechos que señaló correctamente que se trataba de "una provocación senderista", según acta del Consejo de Ministros del 18 de junio, fue contradictoria con la decisión de encargar la represión a las FF AA y darles "el plazo más breve posible".
Luego se desinfomó deliberadamente al país, dando información falsa en la mayoría de los 6 comunicados oficiales que se propalaron.
La función disuasiva de la Comisión de Paz sólo se cumplió para la imagen pues sus miembros no están seguros que los reclusos escuchasen un único pedido de desestimiento trasmitido por altavoz.
Se impidió la acción de los agentes judiciales y penitenciarios regulares, y luego empezaron los operativos mortales.
Las ejecuciones extrajudiciales reconocidas entonces en Lurigancho, ocurrieron también en el penal San Juan Bautista de El Frontón, según indicios que hoy tiene la CVR.
Nada de esto pudo investigarse sin embargo, porque luego se desarrolló un operativo de encubrimiento declarando a los penales "Zona militar restringida", con un decreto Supremo del día 19 de junio.
Aunque el Gobierno no haya previsto el extremo de estas consecuencias, tenía todos los elementos para haber percibido la necesidad de prever y hasta ordenar que la represión del motín, que no atentaba contra la seguridad ni siquiera del conjunto de los 3 penales, no diese lugar al asesinato de rendidos.
Es en esos aspectos que se jugaba precisamente la diferenciación entre el proceder del Estado democrático y el de los grupos subversivos y terroristas.
Sin embargo no lo hizo así y al asumir como bueno lo realizado, y hasta felicitar al Comando Conjunto, en la sesión del Consejo de Ministros del 19 de julio, canceló con ese hecho, su búsqueda en curso de una estrategia antisubversiva democrática.
A partir de entonces la relación entre el Gobierno y los mandos militares fue regresando progresivamente a un estilo de prescindencia y ambigüedad en la toma de decisiones y en la asunción de responsabilidades.
Las ejecuciones extrajudiciales reconocidas entonces en Lurigancho, ocurrieron también en el penal San Juan Bautista de El Frontón, según indicios que hoy tiene la CVR.
Nada de esto pudo investigarse sin embargo, porque luego se desarrolló un operativo de encubrimiento declarando a los penales "Zona militar restringida", con un decreto Supremo del día 19 de junio.
Aunque el Gobierno no haya previsto el extremo de estas consecuencias, tenía todos los elementos para haber percibido la necesidad de prever y hasta ordenar que la represión del motín, que no atentaba contra la seguridad ni siquiera del conjunto de los 3 penales, no diese lugar al asesinato de rendidos.
Es en esos aspectos que se jugaba precisamente la diferenciación entre el proceder del Estado democrático y el de los grupos subversivos y terroristas.
Sin embargo no lo hizo así y al asumir como bueno lo realizado, y hasta felicitar al Comando Conjunto, en la sesión del Consejo de Ministros del 19 de julio, canceló con ese hecho, su búsqueda en curso de una estrategia antisubversiva democrática.
2.2. El gobierno del Partido Aprista Peruano - PDF (Gobierno de Alan García Pérez)
2.1.2.4 El impacto de la matanza de los penales
El gobierno de García recibió una situación crítica en los penales que se había agravado luego de que el 4 de octubre de 1985 un amotinamiento de reclusos acusados por terrorismo en el penal de Lurigancho fuese sofocado por la Guardia Republicana en un violento incidente.
Murieron 30 internos pero no hubo mayores investigaciones ni asunción de responsabilidades por parte del gobierno.
En los meses siguientes, siguieron los problemas en penales, insistiendo los reclusos senderistas en pedir garantías para su vida.
En junio de 1986 elevaron recursos de amparo frente a la amenaza a su seguridad y el dirigente senderista Antonio Díaz Martínez, poco antes de comenzar su interrogatorio del Quinto Tribunal Correccional, denunció "el nuevo plan genocida que prepara el gobierno en todo el país, para aplicarlo contra los reclusos de las diferentes cárceles".29
Es decir, los senderistas buscaban con sus acciones "inducir al genocidio" al gobierno aprista y al, mismo tiempo, lo denunciaban por prepararlo.
El motín senderista que dio inicio a la matanza de penales se inició el 18 de junio en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara con tomas de rehenes, mientras se celebraba en la capital un evento de la Internacional Socialista.
Luego de intentar controlar la situación a través de la mediación de funcionarios del INPE, del Poder Judicial y de la Comisión de Paz, el Consejo de Ministros decidió "que era necesario restablecer el orden en los penales con la máxima energía que permite la Ley, preservando -en lo posible-la vida de los rehenes y rescatando el principio de autoridad" encargándole la tarea al Comando Conjunto de las FF. AA.30
Con la intervención de la Fuerza Aérea, se recuperó rápidamente el orden en el penal de Santa Bárbara, en el que murieron tres reclusas.
En Lurigancho, penal encargado al Ejército, pero en el que bajo su supervisión, operó directamente la guardia Republicana, luego de retomar el pabellón de los senderistas amotinados, se produjo la ejecución extrajudicial de todos los presos rendidos, 124 personas en total.
En el caso de El Frontón, encargado a la Marina de Guerra, las acciones se extendieron un día más y fueron las más violentas porque fue el único lugar donde los amotinados tenían tres armas de fuego modernas y muchos proyectiles de fabricación artesanal.
Allí murieron (???) efectivos de la Marina y un número (???) muy elevado de internos, 111, según las cifras oficiales.
El Presidente, pocos días después, reconoció parcialmente la matanza visitando el penal de Lurigancho que, en ese momento, fue considerado el caso más grave de responsabilidad para el gobierno.
La CVR encuentra que el diagnóstico inicial de los hechos que señaló correctamente que se trataba de "una provocación senderista", según acta del Consejo de Ministros del 18 de junio, fue contradictoria con la decisión de encargar la represión a las FF AA y darles "el plazo más breve posible".
Luego se desinfomó deliberadamente al país, dando información falsa en la mayoría de los 6 comunicados oficiales que se propalaron.
La función disuasiva de la Comisión de Paz sólo se cumplió para la imagen pues sus miembros no están seguros que los reclusos escuchasen un único pedido de desestimiento trasmitido por altavoz.
Se impidió la acción de los agentes judiciales y penitenciarios regulares, y luego empezaron los operativos mortales.
Las ejecuciones extrajudiciales reconocidas entonces en Lurigancho, ocurrieron también en el penal San Juan Bautista de El Frontón, según indicios que hoy tiene la CVR.
Nada de esto pudo investigarse sin embargo, porque luego se desarrolló un operativo de encubrimiento declarando a los penales "Zona militar restringida", con un decreto Supremo del día 19 de junio.
Aunque el Gobierno no haya previsto el extremo de estas consecuencias, tenía todos los elementos para haber percibido la necesidad de prever y hasta ordenar que la represión del motín, que no atentaba contra la seguridad ni siquiera del conjunto de los 3 penales, no diese lugar al asesinato de rendidos.
Es en esos aspectos que se jugaba precisamente la diferenciación entre el proceder del Estado democrático y el de los grupos subversivos y terroristas.
Sin embargo no lo hizo así y al asumir como bueno lo realizado, y hasta felicitar al Comando Conjunto, en la sesión del Consejo de Ministros del 19 de julio, canceló con ese hecho, su búsqueda en curso de una estrategia antisubversiva democrática.
A partir de entonces la relación entre el Gobierno y los mandos militares fue regresando progresivamente a un estilo de prescindencia y ambigüedad en la toma de decisiones y en la asunción de responsabilidades.
INFORME CVR PERÚ 1990, EL PERÚ QUE ENCONTRÓ ALBERTO FUJIMORI
Tomo IIIPRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS
Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales
2.2. El gobierno del Partido Aprista Peruano - PDF (Gobierno de Alan García Pérez)
A partir de la matanza de los penales, especialmente en el caso de El Frontón, se eludió señalamientos directos de responsabilidades que pudiesen involucrar a efectivos militares. Con ello, se toleró muchos casos de impunidad, los de Cayara, Molinos y el mismo de los Penales, son un ejemplo...
Allí terminaron apoyando medidas de alto costo político para desvirtuar investigaciones, de violaciones de derechos humanos, como las de los casos de Cayara o paramilitares que no ponían en serio riesgo ni al gobierno ni al partido. Al final de su Gobierno, el Partido aprista, como lo han reconocido sus dirigentes, se batía con varios frentes críticos a la vez, el principal de los cuales era la crisis económica. En ese contexto, según ellos mismos señalan, les fue más difícil aún pretender imponer la autoridad democrática. Es conocido que el país terminó en 1990, en una situación de crisis extrema. El Partido Aprista Peruano (PAP) ha sido el actor político que ha recibido mayor escrutinio público en torno a casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante su período de gobierno (1985-90) debido a diversas investigaciones judiciales y parlamentarias realizadas durante su Gobierno y luego a lo largo de más de quince años.
2.1.4.6. La fase final del gobierno aprista
La agudización del conflicto armado interno en el quinquenio aprista se revela mejor con estas cifras:
En 1985, el 6.04% de la población nacional y el 7.25% del territorio estaba bajo el régimen de estado de emergencia o de un comando político militar,
mientras que en 1990 lo eran el 45.18% de la población y el 29.62% del territorio.54
El Gobierno aprista fracasó en esta lucha. Su cambiante accionar expresa que finalmente no supo romper con la tendencia no sólo a militarizar el conflicto, sino a dejarlo luego fuera del control democrático.
Sus intentos de hacer algo distinto, no tuvieron coherencia y fuerza.
Es claro que los sectores sociales más afectados por esa estrategia no tenían la capacidad de hacer sentir la magnitud de su maltrato en la escena nacional y que la sociedad urbana, sobre todo sus sectores más influyentes, preferían no involucrarse en un problema tan duro y finalmente lejano aún de sus hogares.
Ese contexto, no afecta el juicio crítico de la Comisión sobre las graves responsabilidades éticas y políticas del Gobierno, pues era precisamente su principal obligación defender la vida de sus ciudadanos.
Otras implicancias de esta responsabilidad dependen del análisis de casos particulares de violaciones de derechos humanos que son materia de otra sección del Informe.
Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales
2.2. El gobierno del Partido Aprista Peruano - PDF (Gobierno de Alan García Pérez)
A partir de la matanza de los penales, especialmente en el caso de El Frontón, se eludió señalamientos directos de responsabilidades que pudiesen involucrar a efectivos militares. Con ello, se toleró muchos casos de impunidad, los de Cayara, Molinos y el mismo de los Penales, son un ejemplo...
Allí terminaron apoyando medidas de alto costo político para desvirtuar investigaciones, de violaciones de derechos humanos, como las de los casos de Cayara o paramilitares que no ponían en serio riesgo ni al gobierno ni al partido. Al final de su Gobierno, el Partido aprista, como lo han reconocido sus dirigentes, se batía con varios frentes críticos a la vez, el principal de los cuales era la crisis económica. En ese contexto, según ellos mismos señalan, les fue más difícil aún pretender imponer la autoridad democrática. Es conocido que el país terminó en 1990, en una situación de crisis extrema. El Partido Aprista Peruano (PAP) ha sido el actor político que ha recibido mayor escrutinio público en torno a casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante su período de gobierno (1985-90) debido a diversas investigaciones judiciales y parlamentarias realizadas durante su Gobierno y luego a lo largo de más de quince años.
EL TERRORISMO HABÍA SECUESTRADO LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ DÉCADA DE LOS 80'
2.1.4.6. La fase final del gobierno aprista
La agudización del conflicto armado interno en el quinquenio aprista se revela mejor con estas cifras:
En 1985, el 6.04% de la población nacional y el 7.25% del territorio estaba bajo el régimen de estado de emergencia o de un comando político militar,
mientras que en 1990 lo eran el 45.18% de la población y el 29.62% del territorio.54
El Gobierno aprista fracasó en esta lucha. Su cambiante accionar expresa que finalmente no supo romper con la tendencia no sólo a militarizar el conflicto, sino a dejarlo luego fuera del control democrático.
Sus intentos de hacer algo distinto, no tuvieron coherencia y fuerza.
Es claro que los sectores sociales más afectados por esa estrategia no tenían la capacidad de hacer sentir la magnitud de su maltrato en la escena nacional y que la sociedad urbana, sobre todo sus sectores más influyentes, preferían no involucrarse en un problema tan duro y finalmente lejano aún de sus hogares.
Ese contexto, no afecta el juicio crítico de la Comisión sobre las graves responsabilidades éticas y políticas del Gobierno, pues era precisamente su principal obligación defender la vida de sus ciudadanos.
Otras implicancias de esta responsabilidad dependen del análisis de casos particulares de violaciones de derechos humanos que son materia de otra sección del Informe.
INFORME CVR PERÚ GOB. FBT: "DESPLIEGUE DE LA GUERRA SUCIA"
5. La delegación de capacidad políticas en los militares en lo relativoa la lucha contrasubversiva debilitó la incipiente institucionalidad democrática.
La declaración de estados de emergencia era una posibilidad considerada en la Constitución de 1979 como medida excepcional.
No obstante, ella se convirtió en situación permanente y fue acompañada innecesariamente de una renuncia a las atribuciones de gobierno por parte de la autoridad civil.
De este modo, el despliegue de la guerra sucia en el país terminó vulnerando el Estado de Derecho y justificando una represión militar indiscriminada.
2.1. El gobierno de Acción Popular - PDF
2.1.4. 3. El orden constitucional
El orden constitucional, sin embargo, resultó mellado en un aspecto esencial, como es el respeto de los derechos fundamentales en la medida que el gobierno del presidente Belaunde no fue exitoso en detener el avance de la subversión ni se interesó en prevenir o castigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad a las que había encargado la lucha contrasubversiva con amplias facultades.
Uno de las últimas decisiones de política contrasubversiva del arquitecto Belaunde Terry fue la promulgación de la ley 24150. En esta ley, se establecieron por primera vez las atribuciones del Comando Político Militar, que gozaba así de la facultad de
[…] coordinar la participación del sector público y no público ubicados en la zona de emergencia, coordinar y supervisar las acciones de los sectores, organismos públicos, corporaciones departamentales y demás instituciones del sector público, solicitar el nombramiento o traslado de las autoridades políticas y administrativas de su jurisdicción en caso de negligencia, abandono, vacancia o impedimento para cumplir sus funciones (...).
La Comisión considera que esta norma y las amplias atribuciones que otorgaba a los comandos político-militares constituyó un aval concluyente del gobierno saliente a una estrategia militar que había resultado en masivas violaciones de derechos humanos.54
2.1.5. Conclusiones
5. Desde enero de 1983 hasta el final del periodo gubernamental la lucha contrasubversiva quedó en manos de las fuerzas armadas en las zonas declaradas en emergencia. Tomada esta decisión, las autoridades civiles – y entre ellas, el Ministerio del Interior – descuidaron el diseño de la estrategia contrasubversiva.
Paralelamente, la actividad de las fuerzas armadas seguía una lógica propia, ajena a control o supervisión adecuada por el gobierno central. Esto ocurrió en un contexto en el que el comando político-militar había recibido autoridad en la zona de emergencia sin que se precisen estrictamente sus funciones y atribuciones, lo cual dejabó en situación de vulnerabilidad los derechos fundamentales de la ciudadanía.
*5. La delegación de capacidad políticas en los militares en lo relativoa la lucha contrasubversiva debilitó la incipiente institucionalidad democrática. La declaración de estados de emergencia era una posibilidad considerada en la Constitución de 1979 como medida excepcional. No obstante, ella se convirtió en situación permanente y fue acompañada innecesariamente de una renuncia a las atribuciones de gobierno por parte de la autoridad civil. De este modo, el despliegue de la guerra sucia en el país terminó vulnerando el Estado de Derecho y justificando una represión militar indiscriminada.
6. En este contexto, la resistencia del presidente Belaunde Terry a ordenar que se investiguen las denuncias sobre violaciones de derechos humanos – ejemplo de lo cual fue su decisión de desechar los informes enviados al respecto por la organización Amnistía Internacional –, antes que emitir una señal de gobernabilidad y firmeza, dio legitimidad política al modo de actuación militar en la zona de emergencia.
8. En síntesis, elegido para hacer de la democracia un proyecto nacional en ejecución, se puede considerar que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry fue la primera víctima política de la violencia criminal del PCP-SL.
Hacia el final de su gobierno Belaunde consideró un éxito que "un gobierno elegido democráticamente entregue el poder a otro elegido democráticamente".
En las circunstancias del grave desafío planteado al Estado y la sociedad, ello fue así. Pero, por desgracia, el gobierno saliente dejó tras de sí una legislación antiterrorista – la ley 24150 – que fortaleció las facultades de los comandos político-militares a pesar de las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, y que en la práctica significó una renuncia de la autoridad civil en el terreno de la lucha antisubversiva
La declaración de estados de emergencia era una posibilidad considerada en la Constitución de 1979 como medida excepcional.
No obstante, ella se convirtió en situación permanente y fue acompañada innecesariamente de una renuncia a las atribuciones de gobierno por parte de la autoridad civil.
De este modo, el despliegue de la guerra sucia en el país terminó vulnerando el Estado de Derecho y justificando una represión militar indiscriminada.
2.1. El gobierno de Acción Popular - PDF
2.1.4. 3. El orden constitucional
El orden constitucional, sin embargo, resultó mellado en un aspecto esencial, como es el respeto de los derechos fundamentales en la medida que el gobierno del presidente Belaunde no fue exitoso en detener el avance de la subversión ni se interesó en prevenir o castigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad a las que había encargado la lucha contrasubversiva con amplias facultades.
Uno de las últimas decisiones de política contrasubversiva del arquitecto Belaunde Terry fue la promulgación de la ley 24150. En esta ley, se establecieron por primera vez las atribuciones del Comando Político Militar, que gozaba así de la facultad de
[…] coordinar la participación del sector público y no público ubicados en la zona de emergencia, coordinar y supervisar las acciones de los sectores, organismos públicos, corporaciones departamentales y demás instituciones del sector público, solicitar el nombramiento o traslado de las autoridades políticas y administrativas de su jurisdicción en caso de negligencia, abandono, vacancia o impedimento para cumplir sus funciones (...).
La Comisión considera que esta norma y las amplias atribuciones que otorgaba a los comandos político-militares constituyó un aval concluyente del gobierno saliente a una estrategia militar que había resultado en masivas violaciones de derechos humanos.54
2.1.5. Conclusiones
5. Desde enero de 1983 hasta el final del periodo gubernamental la lucha contrasubversiva quedó en manos de las fuerzas armadas en las zonas declaradas en emergencia. Tomada esta decisión, las autoridades civiles – y entre ellas, el Ministerio del Interior – descuidaron el diseño de la estrategia contrasubversiva.
Paralelamente, la actividad de las fuerzas armadas seguía una lógica propia, ajena a control o supervisión adecuada por el gobierno central. Esto ocurrió en un contexto en el que el comando político-militar había recibido autoridad en la zona de emergencia sin que se precisen estrictamente sus funciones y atribuciones, lo cual dejabó en situación de vulnerabilidad los derechos fundamentales de la ciudadanía.
*5. La delegación de capacidad políticas en los militares en lo relativoa la lucha contrasubversiva debilitó la incipiente institucionalidad democrática. La declaración de estados de emergencia era una posibilidad considerada en la Constitución de 1979 como medida excepcional. No obstante, ella se convirtió en situación permanente y fue acompañada innecesariamente de una renuncia a las atribuciones de gobierno por parte de la autoridad civil. De este modo, el despliegue de la guerra sucia en el país terminó vulnerando el Estado de Derecho y justificando una represión militar indiscriminada.
6. En este contexto, la resistencia del presidente Belaunde Terry a ordenar que se investiguen las denuncias sobre violaciones de derechos humanos – ejemplo de lo cual fue su decisión de desechar los informes enviados al respecto por la organización Amnistía Internacional –, antes que emitir una señal de gobernabilidad y firmeza, dio legitimidad política al modo de actuación militar en la zona de emergencia.
8. En síntesis, elegido para hacer de la democracia un proyecto nacional en ejecución, se puede considerar que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry fue la primera víctima política de la violencia criminal del PCP-SL.
Hacia el final de su gobierno Belaunde consideró un éxito que "un gobierno elegido democráticamente entregue el poder a otro elegido democráticamente".
En las circunstancias del grave desafío planteado al Estado y la sociedad, ello fue así. Pero, por desgracia, el gobierno saliente dejó tras de sí una legislación antiterrorista – la ley 24150 – que fortaleció las facultades de los comandos político-militares a pesar de las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, y que en la práctica significó una renuncia de la autoridad civil en el terreno de la lucha antisubversiva
INFORME CVR PERÚ GOB. FBT: "TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN ESTADO DE EMERGENCIA"
El 30 de mayo de 1983 todo el territorio nacional se encontraba en estado de emergencia por primera vez, situación que se repitió seis veces más durante el gobierno del arquitecto Belaunde.
2.1. El gobierno de Acción Popular - PDF
2.1.4.1. Debilitamiento del Estado de Derecho
El artículo 231 de la Constitución Política de 1979, vigente hasta 1993, admitía el estado de emergencia "en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación".
El plazo de esta medida no podía exceder los sesenta días y cualquier prórroga requeriría de un nuevo decreto. Además, de acuerdo con este mismo artículo, en caso de declararse el estado de emergencia, quedaban suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad de reunión y de violabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
De esta manera, quedaban en suspenso algunos derechos ciudadanos como la inviolabilidad del domicilio (Art. 2, inciso 7), la elección libre del lugar de residencia (Art. 2, incuso 9), la reunión pacífica sin armas (Art. 2, inciso10), y la imposibilidad de ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en flagrante delito (Art. 2, inciso 20g).
Desde el 12 de octubre de 1981 el gobierno de Acción Popular optó por el estado de emergencia, y desde el 1º de enero de 1983 ese régimen de excepción fue acompañado del encargo a las fuerzas armadas de mantener el orden interno.
Esta medida de carácter provisional y excepcional se volvió permanente, primero en Ayacucho, después en otros departamentos (incluyendo la capital de la República) y luego en todo el país. El 25 de mayo de 1983, las ciudades de Lima y Callao fueron declaradas en emergencia a causa de una huelga policial.
El 30 de mayo de 1983 todo el territorio nacional se encontraba en estado de emergencia por primera vez, situación que se repitió seis veces más durante el gobierno del arquitecto Belaunde.
Sin una clara disposición de las funciones y atribuciones que implicaba el control militar y con una restricción casi permanente de las garantías constitucionales de los derechos suspendidos, la lucha contrasubversiva se desenvolvió en un contexto de vulnerabilidad de los derechos fundamentales de la población.
2.1. El gobierno de Acción Popular - PDF
2.1.4.1. Debilitamiento del Estado de Derecho
El artículo 231 de la Constitución Política de 1979, vigente hasta 1993, admitía el estado de emergencia "en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación".
El plazo de esta medida no podía exceder los sesenta días y cualquier prórroga requeriría de un nuevo decreto. Además, de acuerdo con este mismo artículo, en caso de declararse el estado de emergencia, quedaban suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad de reunión y de violabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
De esta manera, quedaban en suspenso algunos derechos ciudadanos como la inviolabilidad del domicilio (Art. 2, inciso 7), la elección libre del lugar de residencia (Art. 2, incuso 9), la reunión pacífica sin armas (Art. 2, inciso10), y la imposibilidad de ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en flagrante delito (Art. 2, inciso 20g).
Desde el 12 de octubre de 1981 el gobierno de Acción Popular optó por el estado de emergencia, y desde el 1º de enero de 1983 ese régimen de excepción fue acompañado del encargo a las fuerzas armadas de mantener el orden interno.
Esta medida de carácter provisional y excepcional se volvió permanente, primero en Ayacucho, después en otros departamentos (incluyendo la capital de la República) y luego en todo el país. El 25 de mayo de 1983, las ciudades de Lima y Callao fueron declaradas en emergencia a causa de una huelga policial.
El 30 de mayo de 1983 todo el territorio nacional se encontraba en estado de emergencia por primera vez, situación que se repitió seis veces más durante el gobierno del arquitecto Belaunde.
Sin una clara disposición de las funciones y atribuciones que implicaba el control militar y con una restricción casi permanente de las garantías constitucionales de los derechos suspendidos, la lucha contrasubversiva se desenvolvió en un contexto de vulnerabilidad de los derechos fundamentales de la población.
INFORME CVR PERU 1983-1984: "CRIMENES Y VIOLACIONES DE DD.HH. A GRAN ESCALA"
"La Comisión no ha encontrado evidencias de que el relevo de Huamán Centeno haya sido motivado por las violaciones de derechos humanos cometidas en la zona a su cargo. Durante la jefatura del comando político-militar por el general Mori Orzo se mantuvo la tendencia de crímenes y violaciones de derechos humanos a gran escala iniciada en 1983"
2.1. El gobierno de Acción Popular - PDF (Gobierno de Fernando Belaunde)
2.1.3.2.2. El segundo año: general Adrián Huamán
Parte del nuevo enfoque era reclamar medidas para mejorar la situación económica y social de la población. Esto suponía, entre otras cosas, una demanda de mayores recursos económicos:
[…] en la zona de emergencia hay un vacío no sólo político, sino también en lo que a abastecimiento se refiere. El Ejército está desplazando a Sendero en cuanto a distribución de víveres y otros bienes en la población, pero no hay partidas presupuestales suficientes para ejecutar satisfactoriamente ese plan.43
Las demandas de mayor inversión en Ayacucho no fueron acogidas favorablemente por el gobierno. Paulatinamente, las propuestas de Huamán Centeno se tradujeron en un reclamo de mayores prerrogativas oficiales sobre las autoridades y funcionarios civiles. En agosto de 1984, afirmó:
La solución no es militar, porque si fuera militar yo la resuelvo en minutos (…) si se tratara de matar, Ayacucho no existiría en media hora y Huancavelica tampoco (…) lo que pasa es que estamos hablando de seres humanos, de pueblos olvidados que han reclamado ciento sesenta años y nadie les ha hecho caso y ahora estamos cosechando ese resultado (…) la solución para mi es corregir la situación que existe, por decir, que la cárcel no esté llena de inocentes sin juicio, que los jueces no cobren coimas (…). Lima quiere ser el Perú (…). Si estamos con las mismas personas que dieron lugar a la subversión... ¿Acaso no están las mismas personas que abusaron, los mismos jueces, o sea los mismos que dieron lugar a todo esto? (…) La Fuerza Armada no está a cargo de la situación política. Solamente de la militar. Situación política significa que usted encuentra una injusticia y puede cambiar de inmediato a las autoridades.44
El nuevo enfoque preconizado por Huamán Centeno consistía en esencia en una mayor autonomía política para los mandos militares, pero no supuso ningún cambio respecto de la intensidad de la violencia. Por el contrario, 1984 es el año en que se han registrado la mayor cantidad de muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000. Se incrementó notoriamente la actividad terrorista del PCP-SL.
En agosto de 1984 salieron a la luz denuncias sucesivas de violaciones de derechos humanos: el asesinato a evangelistas en Callqui-Nisperocniyoc, la desaparición del periodista Jaime Ayala, la aparición del cadáver del dirigente campesino Jesús Oropesa (Puquio)47 y el hallazgo de fosas comunes en Pucayacu. Durante la jefatura político-militar del general Huamán Centeno se siguieron produciendo también las numerosas violaciones de derechos humanos en el cuartel "Los Cabitos" ya mencionadas, y que se exponen en detalle en otra sección del presente informe.48
La Comisión considera que estos hechos, mencionados aquí a manera de ejemplo entre muchos otros posibles, ameritaban un serio replanteo de la estrategia contrasubversiva por parte del gobierno, lo que no se produjo
La Comisión no ha encontrado evidencias de que el relevo de Huamán Centeno haya sido motivado por las violaciones de derechos humanos cometidas en la zona a su cargo. Durante la jefatura del comando político-militar por el general Mori Orzo se mantuvo la tendencia de crímenes y violaciones de derechos humanos a gran escala iniciada en 1983
2.1.4. La responsabilidad del gobierno
Es claro que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry respaldó la actuación de los comandos político-militares entre 1983 y 1985 a pesar de las denuncias sobre las grandes violaciones de derechos humanos de la población civil que se estaban cometiendo y del conocimiento que obviamente debió tener sobre esos hechos.
El ingreso de las fuerzas armadas en la zona de emergencia para combatir a la subversión fue dispuesto sin tomar las previsiones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, la autoridad civil delegó en las autoridades militares amplias facultades y renunció a ejercer sus potestades para impedir o sancionar graves atropellos contra la población.
2.1. El gobierno de Acción Popular - PDF (Gobierno de Fernando Belaunde)
2.1.3.2.2. El segundo año: general Adrián Huamán
Parte del nuevo enfoque era reclamar medidas para mejorar la situación económica y social de la población. Esto suponía, entre otras cosas, una demanda de mayores recursos económicos:
[…] en la zona de emergencia hay un vacío no sólo político, sino también en lo que a abastecimiento se refiere. El Ejército está desplazando a Sendero en cuanto a distribución de víveres y otros bienes en la población, pero no hay partidas presupuestales suficientes para ejecutar satisfactoriamente ese plan.43
Las demandas de mayor inversión en Ayacucho no fueron acogidas favorablemente por el gobierno. Paulatinamente, las propuestas de Huamán Centeno se tradujeron en un reclamo de mayores prerrogativas oficiales sobre las autoridades y funcionarios civiles. En agosto de 1984, afirmó:
La solución no es militar, porque si fuera militar yo la resuelvo en minutos (…) si se tratara de matar, Ayacucho no existiría en media hora y Huancavelica tampoco (…) lo que pasa es que estamos hablando de seres humanos, de pueblos olvidados que han reclamado ciento sesenta años y nadie les ha hecho caso y ahora estamos cosechando ese resultado (…) la solución para mi es corregir la situación que existe, por decir, que la cárcel no esté llena de inocentes sin juicio, que los jueces no cobren coimas (…). Lima quiere ser el Perú (…). Si estamos con las mismas personas que dieron lugar a la subversión... ¿Acaso no están las mismas personas que abusaron, los mismos jueces, o sea los mismos que dieron lugar a todo esto? (…) La Fuerza Armada no está a cargo de la situación política. Solamente de la militar. Situación política significa que usted encuentra una injusticia y puede cambiar de inmediato a las autoridades.44
El nuevo enfoque preconizado por Huamán Centeno consistía en esencia en una mayor autonomía política para los mandos militares, pero no supuso ningún cambio respecto de la intensidad de la violencia. Por el contrario, 1984 es el año en que se han registrado la mayor cantidad de muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000. Se incrementó notoriamente la actividad terrorista del PCP-SL.
En agosto de 1984 salieron a la luz denuncias sucesivas de violaciones de derechos humanos: el asesinato a evangelistas en Callqui-Nisperocniyoc, la desaparición del periodista Jaime Ayala, la aparición del cadáver del dirigente campesino Jesús Oropesa (Puquio)47 y el hallazgo de fosas comunes en Pucayacu. Durante la jefatura político-militar del general Huamán Centeno se siguieron produciendo también las numerosas violaciones de derechos humanos en el cuartel "Los Cabitos" ya mencionadas, y que se exponen en detalle en otra sección del presente informe.48
La Comisión considera que estos hechos, mencionados aquí a manera de ejemplo entre muchos otros posibles, ameritaban un serio replanteo de la estrategia contrasubversiva por parte del gobierno, lo que no se produjo
La Comisión no ha encontrado evidencias de que el relevo de Huamán Centeno haya sido motivado por las violaciones de derechos humanos cometidas en la zona a su cargo. Durante la jefatura del comando político-militar por el general Mori Orzo se mantuvo la tendencia de crímenes y violaciones de derechos humanos a gran escala iniciada en 1983
2.1.4. La responsabilidad del gobierno
Es claro que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry respaldó la actuación de los comandos político-militares entre 1983 y 1985 a pesar de las denuncias sobre las grandes violaciones de derechos humanos de la población civil que se estaban cometiendo y del conocimiento que obviamente debió tener sobre esos hechos.
El ingreso de las fuerzas armadas en la zona de emergencia para combatir a la subversión fue dispuesto sin tomar las previsiones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, la autoridad civil delegó en las autoridades militares amplias facultades y renunció a ejercer sus potestades para impedir o sancionar graves atropellos contra la población.
INFORME CVR PERÚ 1982: "EL PRESIDENTE IMPARTÍA ÓRDENES"
El general Noel afirma también que informaba de sus actividades periódicamente:
Yo normalmente venía cada dos meses, tres meses y coordinaba con el presidente del Comando Conjunto; yo iba a Palacio porque iba al acuerdo (sic) de guerra con el Ministro de Guerra y con el comandante general del Ejército. Y de ahí (…) en el Consejo de Defensa Nacional donde el Presidente impartía órdenes con cosas con las que se le informaba.42
2.1. El gobierno de Acción Popular - PDF (Fernando Belaunde Terry)
2.1.3.2.1. El primer año: general Roberto Noel
El primer jefe del comando político-militar de la zona de emergencia fue el general del Ejército Peruano Roberto Clemente Noel. Tomó posesión del cargo el 31 de diciembre de 1982 y de inmediato dos mil soldados del ejército asumieron el control de las provincias declaradas en emergencia
Adicionalmente a lo señalado, se produjeron durante el año 1983 graves casos de violaciones de derechos humanos por agentes del Esado como las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos de las localidades de Totos y de Chuschi, y, en gran número, en el cuartel "Los Cabitos", así como la matanza de campesinos en el distrito de Soccos, a dieciocho kilómetros de la ciudad de Huamanga.
En entrevistas con la CVR, el general Noel afirma que desde el comienzo de su gestión contó con el respaldo explícito del arquitecto Belaunde. Según sus recuerdos reconstruye el siguiente diálogo:
"Señor presidente [Fernando Belaunde], perdón, quiero hacerle una pregunta: usted me ha cambiado la misión; ¿voy o no voy a combatir?" El presidente Belaunde me dice: "General, usted combata con toda energía y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional". "Gracias".41
El general Noel afirma también que informaba de sus actividades periódicamente:
Yo normalmente venía cada dos meses, tres meses y coordinaba con el presidente del Comando Conjunto; yo iba a Palacio porque iba al acuerdo (sic) de guerra con el Ministro de Guerra y con el comandante general del Ejército. Y de ahí (…) en el Consejo de Defensa Nacional donde el Presidente impartía órdenes con cosas con las que se le informaba.42
Durante el desempeño del general Noel se produjeron críticas y denuncias de sectores políticos y de la prensa sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo. Éstas fueron interpretadas por el gobierno como una estrategia de oposición y no como una advertencia seria sobre la situación de violencia que crecía en el país. El 1º de julio de 1983 el diputado de izquierda Javier Diez Canseco denunció al general Noel ante el Ministerio Público por delitos de asesinato, secuestro, detenciones ilegales, abuso de autoridad, denuncia que no prosperó.
Yo normalmente venía cada dos meses, tres meses y coordinaba con el presidente del Comando Conjunto; yo iba a Palacio porque iba al acuerdo (sic) de guerra con el Ministro de Guerra y con el comandante general del Ejército. Y de ahí (…) en el Consejo de Defensa Nacional donde el Presidente impartía órdenes con cosas con las que se le informaba.42
2.1. El gobierno de Acción Popular - PDF (Fernando Belaunde Terry)
2.1.3.2.1. El primer año: general Roberto Noel
El primer jefe del comando político-militar de la zona de emergencia fue el general del Ejército Peruano Roberto Clemente Noel. Tomó posesión del cargo el 31 de diciembre de 1982 y de inmediato dos mil soldados del ejército asumieron el control de las provincias declaradas en emergencia
Adicionalmente a lo señalado, se produjeron durante el año 1983 graves casos de violaciones de derechos humanos por agentes del Esado como las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos de las localidades de Totos y de Chuschi, y, en gran número, en el cuartel "Los Cabitos", así como la matanza de campesinos en el distrito de Soccos, a dieciocho kilómetros de la ciudad de Huamanga.
En entrevistas con la CVR, el general Noel afirma que desde el comienzo de su gestión contó con el respaldo explícito del arquitecto Belaunde. Según sus recuerdos reconstruye el siguiente diálogo:
"Señor presidente [Fernando Belaunde], perdón, quiero hacerle una pregunta: usted me ha cambiado la misión; ¿voy o no voy a combatir?" El presidente Belaunde me dice: "General, usted combata con toda energía y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional". "Gracias".41
El general Noel afirma también que informaba de sus actividades periódicamente:
Yo normalmente venía cada dos meses, tres meses y coordinaba con el presidente del Comando Conjunto; yo iba a Palacio porque iba al acuerdo (sic) de guerra con el Ministro de Guerra y con el comandante general del Ejército. Y de ahí (…) en el Consejo de Defensa Nacional donde el Presidente impartía órdenes con cosas con las que se le informaba.42
Durante el desempeño del general Noel se produjeron críticas y denuncias de sectores políticos y de la prensa sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo. Éstas fueron interpretadas por el gobierno como una estrategia de oposición y no como una advertencia seria sobre la situación de violencia que crecía en el país. El 1º de julio de 1983 el diputado de izquierda Javier Diez Canseco denunció al general Noel ante el Ministerio Público por delitos de asesinato, secuestro, detenciones ilegales, abuso de autoridad, denuncia que no prosperó.
lunes, 14 de febrero de 2011
CVR: PERU 1982, LA MILITARIZACIÓN DEL CONFLICTO
INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN
Tomo IIIPRIMERA PARTE:
EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS
Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales En PDF
CAPÍTULO 2 LOS ACTORES POLÍTICOS E INSTITUCIONALES
LINK: 2.1. Acción Popular (GOBIERNO DE FERNANDO BELAUNDE TERRY)
Finalmente, el 29 de diciembre de 1982 el presidente Belaunde firmó el decreto supremo 068-92-IN por el que declaró en estado de emergencia las provincias de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo y Huamanga, además de una provincia del departamento de Huancavelica y una del departamento de Apurímac, y encargó el control del orden interno a las fuerzas armadas.
De ese modo, el gobierno constitucional optó por la respuesta militar al conflicto.
El desarrollo de éste lo hacía inevitable; sin embargo, la Comisión considera que ello no debió significar una transferencia de las responsabilidades políticas ni la omisión de los deberes de control al modo como se ejercía la represión de la subversión armada.
Ésta omisión fue, obviamente, un grave error.
2.1.3. La militarización del conflicto
Con el ingreso de las fuerzas armadas en Ayacucho se inició el periodo de mayor violencia en el proceso de veinte años estudiado por la Comisión
Tomo IIIPRIMERA PARTE:
EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS
Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales En PDF
CAPÍTULO 2 LOS ACTORES POLÍTICOS E INSTITUCIONALES
LINK: 2.1. Acción Popular (GOBIERNO DE FERNANDO BELAUNDE TERRY)
Finalmente, el 29 de diciembre de 1982 el presidente Belaunde firmó el decreto supremo 068-92-IN por el que declaró en estado de emergencia las provincias de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo y Huamanga, además de una provincia del departamento de Huancavelica y una del departamento de Apurímac, y encargó el control del orden interno a las fuerzas armadas.
De ese modo, el gobierno constitucional optó por la respuesta militar al conflicto.
El desarrollo de éste lo hacía inevitable; sin embargo, la Comisión considera que ello no debió significar una transferencia de las responsabilidades políticas ni la omisión de los deberes de control al modo como se ejercía la represión de la subversión armada.
Ésta omisión fue, obviamente, un grave error.
2.1.3. La militarización del conflicto
Con el ingreso de las fuerzas armadas en Ayacucho se inició el periodo de mayor violencia en el proceso de veinte años estudiado por la Comisión
Las cifras de muertos y desaparecidos alcanzaron en esos años una magnitud que no se volvería a registrar en el resto del periodo de violencia.
(Observando detenidamente el diagrama, en 1984 -Gobierno de Belaunde- y entre los años 1989-1990 -finalizando el gobierno de Alan García- se alcanzó los picos más altos de muertes y desapariciones.
Es durante la década del Gobierno de Fujimori que la curva desciende, balance que es reconocido por numerosos analistas políticos que lo relacionan con la estrategia sistemática implementada en la década de los 90' basada en no represión indiscriminada de la población sino la organizó y trabajo con ella y la inteligencia policial para identificar y capturar a los líderes)
2.1.3.2. Los comandos político-militares
Desde el primer día de enero de 1983 hasta el final del gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, las fuerzas armadas tuvieron a su cargo la lucha contrasubversiva en la zona de emergencia declarada en los andes centrales.
Esto ocurrió bajo un marco legal poco definido en lo que se refiere a la acotación de las facultades de los jefes militares en la zona y sin que las autoridades políticas pusieran en práctica mecanismos adecuados de protección de los derechos humanos de la población que quedaba bajo control militar.
La actividad de los comandos político-militares, según ha constatado la Comisión, si bien golpeó duramente a la organización subversiva PCP-SL, no llegó a reprimir sus actos terroristas ni a erradicarla, y en cambio acarreó prácticas generalizadas de violación de los derechos humanos de la población civil de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica en ciertos periodos y lugares específicos.
La orden dada por el presidente Belaunde, si bien amplia, no incluyó previsiones sobre el complemento de la acción del gobierno civil constitucional a las actividades militares.
El equipo de gobierno, en un contexto de agresiones criminales del PCP-SL a las autoridades civiles locales, y también en consonancia con el diagnóstico incipiente del problema ante reseñado, optó por dejar el problema en manos del sector militar sin diseñar una estrategia propia de defensa o restauración de la autoridad civil.36
Hasta el final del periodo gubernamental (Fernado Belaunde) hubo tres jefes militares en la zona en emergencia.
Jefes del comando político militar de la zona de emergencia
Cuadro No 1
Jefe del Comando Político Militarde la Zona de Emergencia
Periodo
General EP Roberto Clemente Noel : 31. Dic. 1982-31. Dic. 1983
General EP Adrián Huamán: 31. Dic. 1983-28. Ago. 1984
General EP Wilfredo Mori37 : 28. Ago. 1984-18. Set. 1985
Fuente: elaboración CVR.
domingo, 13 de febrero de 2011
DIARIO "EL COMERCIO" ¿WIKILEAKS PERUANO?
"WIKILEAKS 'ENTREGA' A EL COMERCIO LOS CABLES SOBRE EL PERÚ" - Diario "El Comercio" - Domingo, 13 de febrero 2011-
- INTERROGANTES ¿?
- ¿Wikileaks obtuvo la información fraudulentamente?
- INTERROGANTES ¿?
- ¿Wikileaks obtuvo la información fraudulentamente?
- ¿Su accionar es similar al "chuponeo" (espionaje telefónico) en el Perú?
- ¿La 'entrega' es ilegal?
- ¿Se califacaría como "asociación ilícita para delinquir?
- ¿La 'entrega' a cuantos miles de euros equivale?
- ¿El diario "El Comercio", publicaría algún documento que lo implique?
- ¿Divulgaría algún cable que comprometa a su candidato presidenciable?
- ¿El diario "El Comercio", como juez y parte, comenzó a dosificar (manipular) la difusión del inconsciente político, mimitizándose con el desarticulado SIN?
- ¿"El Comercio", se convirtió en tamizador, filtrador, desclasificando con criterio más obtuso de acuerdo a su propio interés parodiando a la CIA?
- ¿PARA LOS ANALES DEL PERIODISMO PERUANO?
- ¿Julián Assange? "Después de varios días de tensa coordinación, vi a Julian Assange cruzar la puerta que lo separaba de la sala donde me reunía con otras personas para finalmente confirmar que aquello que tanto había perseguido era real: los cables de Wikileaks acerca de Perú estaban en mis manos... En esas estábamos cuando, inesperadamente, se abrió una puerta y entró un sujeto alto y delgado cuyo rostro era inconfundible: Julian Assange. No esperaba encontrarlo. No me aceptó una entrevista ni una foto, pero sí pudimos intercambiar algunas palabras. Se interesó por el caso de los 'petroaudios' en el Perú..." (Las comunicaciones de EE.UU. sobre Perú- El Comercio a4 - fecha: Domingo, 13/febrero/2011)
- ¿LA MACRO-ÉTICA POLÍTICA DICTA LAS PAUTAS?
COMENZEMOS POR ANALIZAR LA PORTADA
1.- "Gestiones de Del Castillo en 2006 - Pidió a embajada de EE.UU. que convenciera a Lourdes para que admitiera su derrota"
2.- "La anticumbre del 2008 - La embajada de Venezuela gestionó con Humala y Palacín un buen ambiente para Hugo Chavez" - (En página interior a6) "Del Castillo solicitó mediación para formar coalición democrática que derrotase a Humala"
3.-(Portada: En pequeño recuadro superior derecho) "Este gobierno es un desastre"
SOMERO ANÁLISIS
1.- El partido aprista está de salida, sin candidato a la presidencia.- (Para el diario, económicamente no hay riesgo)
2.- Resalta una noticia negativa contra Humala en primera página (que minimiza el impacto de la nota de la página interior a6) que podría calificarse como "asociación ilícita para delinquir".
3.- "Este gobierno es un desastre" - Textualmente dicho término no fue extraido de la entrevista impresa a toda página en contra-portada.- Forma opinión distorsionándola.
Su amigo
DR. PABLO ALBAN
sábado, 12 de febrero de 2011
CVR: "PERÚ 1990 -EL 45% DE LA POBLACIÓN Y EL 29% DEL TERRITORIO EN ESTADO DE EMERGENCIA-"
PERÚ: INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN
Link: 2.2. PAP
Tomo III
PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS
Sección segunda: Los actores del conflictoCapítulo
2: Los actores políticos e institucionales En PDF
2.2. EL GOBIERNO DEL PARTIDO APRISTA PERUANO (PAP) - Alan García Pérez
2.1.4.6. La fase final del gobierno aprista
La agudización del conflicto armado interno en el quinquenio aprista se revela mejor con estas cifras:
En 1985, el 6.04% de la población nacional y el 7.25% del territorio estaba bajo el régimen de estado de emergencia o de un comando político militar, mientras que en 1990 lo eran el 45.18% de la población y el 29.62% del territorio.54
El Gobierno aprista fracasó en esta lucha.
Su cambiante accionar expresa que finalmente no supo romper con la tendencia no sólo a militarizar el conflicto, sino a dejarlo luego fuera del control democrático.
Sus intentos de hacer algo distinto, no tuvieron coherencia y fuerza. Es claro que los sectores sociales más afectados por esa estrategia no tenían la capacidad de hacer sentir la magnitud de su maltrato en la escena nacional y que la sociedad urbana, sobre todo sus sectores más influyentes, preferían no involucrarse en un problema tan duro y finalmente lejano aún de sus hogares.
Ese contexto, no afecta el juicio crítico de la Comisión sobre las graves responsabilidades éticas y políticas del Gobierno, pues era precisamente su principal obligación defender la vida de sus ciudadanos. Otras implicancias de esta responsabilidad dependen del análisis de casos particulares de violaciones de derechos humanos que son materia de otra sección del Informe.
Link: 2.2. PAP
Tomo III
PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS
Sección segunda: Los actores del conflictoCapítulo
2: Los actores políticos e institucionales En PDF
2.2. EL GOBIERNO DEL PARTIDO APRISTA PERUANO (PAP) - Alan García Pérez
2.1.4.6. La fase final del gobierno aprista
La agudización del conflicto armado interno en el quinquenio aprista se revela mejor con estas cifras:
En 1985, el 6.04% de la población nacional y el 7.25% del territorio estaba bajo el régimen de estado de emergencia o de un comando político militar, mientras que en 1990 lo eran el 45.18% de la población y el 29.62% del territorio.54
El Gobierno aprista fracasó en esta lucha.
Su cambiante accionar expresa que finalmente no supo romper con la tendencia no sólo a militarizar el conflicto, sino a dejarlo luego fuera del control democrático.
Sus intentos de hacer algo distinto, no tuvieron coherencia y fuerza. Es claro que los sectores sociales más afectados por esa estrategia no tenían la capacidad de hacer sentir la magnitud de su maltrato en la escena nacional y que la sociedad urbana, sobre todo sus sectores más influyentes, preferían no involucrarse en un problema tan duro y finalmente lejano aún de sus hogares.
Ese contexto, no afecta el juicio crítico de la Comisión sobre las graves responsabilidades éticas y políticas del Gobierno, pues era precisamente su principal obligación defender la vida de sus ciudadanos. Otras implicancias de esta responsabilidad dependen del análisis de casos particulares de violaciones de derechos humanos que son materia de otra sección del Informe.
CVR: "LAS CARTAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL VAN A LA BASURA... YO NO LAS ACEPTO"
PERÚ: INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACION
Link: 2.1. El gobierno de Acción Popular - PDF
En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".53
Tomo III
PRIMERA PARTE:
EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS
Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales
Link: 2.1. El gobierno de Acción Popular - PDF
En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".53
Tomo III
PRIMERA PARTE:
EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS
Sección segunda: Los actores del conflicto
Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales
.1. EL GOBIERNO DE ACCIÓN POPULAR (Fernado Belaunde Terry)
2.1.4.2. Impunidad
La estrategia contrasubversiva que se puso en práctica con las fuerzas armadas en el escenario de la violencia resultó ser altamente costosa en vida humanas. Para cierto sector de las fuerzas armadas eso era inevitable, e incluso se hizo público ese punto de vista. El general Luis Cisneros Vizquerra, quien fue ministro de Guerra, afirmaba en septiembre de 1984:
(…) no podemos entender cómo en una zona de guerra, una zona prácticamente extraterritorial, pretendamos mantener el estado de derecho. Le encargamos a la fuerza armada que elimine a Sendero y cuando va a apretar el gatillo aparece el Fiscal de la Nación para ver si al hombre lo vamos a matar de frente, y se presenta el abogado, el periodista (…) Hay una inclinación a criticar todo lo que la fuerza armada hace en Ayacucho (…) da la impresión que se piensa que quienes deben ser eliminadas son las fuerzas del orden (…) hablamos de derechos humanos de manera unilateral. En la guerra no hay derechos humanos.50
Las múltiples violaciones de derechos humanos fueron conocidas por denuncias diversas. El gobierno de Acción Popular trató esas denuncias como elementos de la pugna política de la oposición. La prensa favorable al gobierno alentaba ese enfoque. Por ejemplo, el comentarista político Manuel D´Ornellas consideró el descubrimiento de fosas comunes como un "verdadero regalo político para la extrema izquierda" y añadía que "la guerra que quisiéramos limpia, pero que es obviamente sucia, la declaró oficialmente el grupo que comanda Guzmán".51
De acuerdo con Javier Alva Orlandini,52 el arquitecto Belaunde era consciente de la gravedad de los hechos y compartía con el ministro José María de La Jara las dudas sobre la conveniencia de establecer estado de emergencia y de ordenar la intervención militar.
Sin embargo, la Comisión encuentra que a partir del establecimiento del Comando Político Militar en Ayacucho, y ante el crecimiento de los crímenes del PCP-SLy de agentes de seguridad del Estado, el presidente Belaunde no desarrolló una política decidida de protección de los derechos humanos. Por el contrario, optó por no atender las denuncias a ese respecto que se hacían.
En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envío una carta al presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendió el informe: "Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura (…) yo no las acepto".53
La indeferencia del gobierno de Acción Popular ante estos crímenes no se confinó al Poder Ejecutivo, sino que se extendió también al Legislativo. La Comisión ha encontrado que el Congreso, en el que Acción Popular tenía mayoría, no instituyó ninguna comisión investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias existentes. En términos generales, el Legislativo incumplió su deber de fiscalización en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder Ejecutivo, estableció un ambiente de impunidad que la Comisión considera deplorable por las pérdidas de miles de vidas humanas a que ello dio lugar.
miércoles, 9 de febrero de 2011
PREMIO NOBEL MVLL "¿DEJARÍAS A UN BORRACHO CONDUCIR TU AUTO?"
¿NO, VERDAD?
¿Y POR QUÉ LO DEJARÍAS MANEJAR EL PAÍS?
A propósito de un caso similar:
Polémica en México por supuesto alcoholismo del presidente ...
Diputado del Partido del Trabajo aseguró que el mandatario tiene problemas con el alcohol.
Gerardo Fernández Noroña, acérrimo opositor, desató una controversia al asistir a una sesión de la Cámara de Diputados con una pancarta que rezaba lo siguiente: "¿Tú permitirías que un borracho condujera tu auto? ¡No verdad! Entonces, ¿cómo le permites conducir un país?". El anuncio estaba apoyado con una foto de Felipe Calderón en estado de ebriedad. Pero la controversia no paró allí. La sesión de la Cámara, en la cual se denunciaba al Presidente, fue comentada por Carmen Aristegui en su programa radial de la cadena MVS, quien dejó la pregunta abierta. Aristegui fue removida de su cargo y el tema ha generado todo tipo de declaraciones.
TOLEDO CONFUNDE EL PREMIO NOBEL DE VARGAS LLOSA
"Yo desde aquí lo... hecho desde Nueva York... escrito una columna sobre… el enooorme logro ese privilegio que MVLL regala… con su pluma con su talento al Perú al lograr el Premio Nobel de la Paz en Literatura… es un logro extraordinario el Perú está avanzando, al Perú, no lo para nadie si es que enfrentamos los retos que tiene... yo silenciosamente compartiré la alegría, aplaudiré fuerte, gritaré fuerte para celebrar el logro de MVLL es un gran demócrata , es un gran pensador, la gente puede discrepar o concordar pero MVLL es nuestro es tan peruano como el seviche y el pisco sour…"
ALEJANDRO TOLEDO DESCARTÓ SOMETERSE A EXAMEN TOXICOLÓGICO.
El candidato a la Presidencia de la República por Perú Posible (PP), Alejandro Toledo, descartó someterse a un examen toxicológico, prueba que sí hicieron sus contrincantes de Solidaridad Nacional y Fuerza 2011, Luis Castañeda y Keiko Fujimori, respectivamente.
Al ser consultado por una reportera si se sometería a una evaluación toxicológica, Toledo respondió “¿Por qué?, Yo no entro a ese juego… A ese tipo de nivel de campaña yo no entro”, sostuvo el ex mandatario durante una actividad proselitista en Tacna.
Más temprano en Moquegua, el ex jefe de Estado no quiso responder al candidato a la primera vicepresidencia por Alianza por el Gran Cambio, Máximo San Román, quien comentó que se ha visto “coqueado” a Toledo en el “avión parrandero”.
A su turno, sostuvo que no sigue los temas financieros de su agrupación. No obstante, indicó que “hay contribuciones de los miembros de Perú Posible, hay contribuciones de los candidatos al Congreso”.
LA ADICCIÓN ALCOHÓLICA Y A OTRAS DROGAS CONDUCE AL SINDROME ORGÁNICO CEREBRAL
(VÍDEO GRACIAS A YOUTUBE)
Fuente:RPP
Toledo descartó someterse a un examen toxicológico
ENTREVISTA JAIME BAYLY, El Caso 'Melody' 1998, ALEJANDRO TOLEDO
Con el debido respeto que todos nos merecemos, evaluar sobre imperfecciones por así denominarlo, a un candidato para Presidente de la República, es controversial por lo que apuntamos será sobre los datos que se exponen en el blog.
Si bien lo más resaltante es el lapsus "El premio Nobel de 'la Paz' en Literatura" , sería lo más anedótico... pero se observa en todo el discurso un déficit de evocación, para lo cual se utiliza material de relleno, como las muletillas "el Perú está avanzando, al Perú no lo para nadie", "es tan peruano como el seviche y el Pisco sour...". Dificultad para establecer relaciones entre los distintos compomentes de lo pensado "Silenciosamente compartiré la alegría, aplaudiré fuerte, gritaré fuerte"
Este tipo de discurso es habitual en su vida diaria. que de ser ciertos los cargos que se le imputan guardarían marcada relación.
SU AMIGO
DR. PABLO ALBAN
¿Y POR QUÉ LO DEJARÍAS MANEJAR EL PAÍS?
Polémica en México por supuesto alcoholismo del presidente ...
Diputado del Partido del Trabajo aseguró que el mandatario tiene problemas con el alcohol.
Gerardo Fernández Noroña, acérrimo opositor, desató una controversia al asistir a una sesión de la Cámara de Diputados con una pancarta que rezaba lo siguiente: "¿Tú permitirías que un borracho condujera tu auto? ¡No verdad! Entonces, ¿cómo le permites conducir un país?". El anuncio estaba apoyado con una foto de Felipe Calderón en estado de ebriedad. Pero la controversia no paró allí. La sesión de la Cámara, en la cual se denunciaba al Presidente, fue comentada por Carmen Aristegui en su programa radial de la cadena MVS, quien dejó la pregunta abierta. Aristegui fue removida de su cargo y el tema ha generado todo tipo de declaraciones.
TOLEDO CONFUNDE EL PREMIO NOBEL DE VARGAS LLOSA
"Yo desde aquí lo... hecho desde Nueva York... escrito una columna sobre… el enooorme logro ese privilegio que MVLL regala… con su pluma con su talento al Perú al lograr el Premio Nobel de la Paz en Literatura… es un logro extraordinario el Perú está avanzando, al Perú, no lo para nadie si es que enfrentamos los retos que tiene... yo silenciosamente compartiré la alegría, aplaudiré fuerte, gritaré fuerte para celebrar el logro de MVLL es un gran demócrata , es un gran pensador, la gente puede discrepar o concordar pero MVLL es nuestro es tan peruano como el seviche y el pisco sour…"
ALEJANDRO TOLEDO DESCARTÓ SOMETERSE A EXAMEN TOXICOLÓGICO.
El candidato a la Presidencia de la República por Perú Posible (PP), Alejandro Toledo, descartó someterse a un examen toxicológico, prueba que sí hicieron sus contrincantes de Solidaridad Nacional y Fuerza 2011, Luis Castañeda y Keiko Fujimori, respectivamente.
Al ser consultado por una reportera si se sometería a una evaluación toxicológica, Toledo respondió “¿Por qué?, Yo no entro a ese juego… A ese tipo de nivel de campaña yo no entro”, sostuvo el ex mandatario durante una actividad proselitista en Tacna.
Más temprano en Moquegua, el ex jefe de Estado no quiso responder al candidato a la primera vicepresidencia por Alianza por el Gran Cambio, Máximo San Román, quien comentó que se ha visto “coqueado” a Toledo en el “avión parrandero”.
A su turno, sostuvo que no sigue los temas financieros de su agrupación. No obstante, indicó que “hay contribuciones de los miembros de Perú Posible, hay contribuciones de los candidatos al Congreso”.
LA ADICCIÓN ALCOHÓLICA Y A OTRAS DROGAS CONDUCE AL SINDROME ORGÁNICO CEREBRAL
(VÍDEO GRACIAS A YOUTUBE)
Fuente:RPP
Toledo descartó someterse a un examen toxicológico
ENTREVISTA JAIME BAYLY, El Caso 'Melody' 1998, ALEJANDRO TOLEDO
Con el debido respeto que todos nos merecemos, evaluar sobre imperfecciones por así denominarlo, a un candidato para Presidente de la República, es controversial por lo que apuntamos será sobre los datos que se exponen en el blog.
Si bien lo más resaltante es el lapsus "El premio Nobel de 'la Paz' en Literatura" , sería lo más anedótico... pero se observa en todo el discurso un déficit de evocación, para lo cual se utiliza material de relleno, como las muletillas "el Perú está avanzando, al Perú no lo para nadie", "es tan peruano como el seviche y el Pisco sour...". Dificultad para establecer relaciones entre los distintos compomentes de lo pensado "Silenciosamente compartiré la alegría, aplaudiré fuerte, gritaré fuerte"
Este tipo de discurso es habitual en su vida diaria. que de ser ciertos los cargos que se le imputan guardarían marcada relación.
SU AMIGO
DR. PABLO ALBAN
domingo, 6 de febrero de 2011
MARIO VARGAS LLOSA EN LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN
Para la CVR, Mario Vargas Llosa domina el arte de la guerra o al menos así intenta presentarlo para lo cual transcribe su pensamiento estratégico como receta al gobierno de Alan García en la lucha contra el terrorismo:
INFORME DE LA CVR: LINK 2.2. PAP
2.2. El gobierno del Partido Aprista Peruano - PDF
2.2. EL GOBIERNO DEL PARTIDO APRISTA PERUANO (PAP)
2.1.4. El PAP frente a la crisis
En septiembre de 1988 el gobierno presentó un paquete de medidas de ajuste gradual de la economía, que marcó el fin de las iniciativas de cambio económicas propuestas por el régimen aprista. La falta de recursos del gobierno en materia contrainsurgente fue evidente en momentos en que se había producido una expansión del conflicto en distintas áreas del país que obligaba a un despliegue mayor de las fuerzas del orden. En esas condiciones, era ya imposible pensar en que se mantendría el componente socioeconómico de la lucha contra-subversiva. Por otro lado, recordemos que la agudización de la crisis económica y la pérdida de control sobre la inflación erosionaron significativamente la popularidad del gobierno y, en especial, la del Presidente de la República.
Así pues, al comenzar 1989, el país se precipitaba en una grave crisis económica de amplias repercusiones, con amenazas de golpe militar y pedidos de adelanto de elecciones.
El líder del Movimiento Libertad, Mario Vargas Llosa, acusó al Presidente de haber "claudicado en su deber de gobernar. Parece haber levantado los brazos ante la violencia y la crisis económica; guarda frente a ello total inacción, lo que hace sospechar que acaso sea el primer interesado en una quiebra del orden constitucional"44
y le exigió "un respaldo político resuelto a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y que encabece una movilización de la sociedad civil de apoyo a la acción militar contra la subversión y la delincuencia."45
"un respaldo político 'resuelto' a las FF.AA."
Sinónimos del término 'resuelto': •decidido, valiente, audaz, atrevido, intrépido, osado, diligente, lanzado.
Hay que recordar que el ex presidente Alberto Fujimori fue condenado porque le acusaron que expresó: "Hay que eliminar el terrorismo"
Sinónimo del término 'eliminar": •descartar, excluir, suprimir, expeler, quitar
•ajusticiar, ejecutar, liquidar, matar
'eliminar' también aparece en estas entradas
abolir - amputar - anular - apiolar - apuntillar - arrancar - asesinar - asimilar - degollar - descartar - descartarse - deshabituar - deshabituarse - elidir - erradicar - excluir - exterminar - extirpar - fulminar - lapidar - limpiar - limpiarse - liquidar - podar - purgar - purgarse - quitar - quitarse - relevar - revolcar - revolcarse - separar - separarse
Dadas las circuntancias en el contexto como interpretar el término "resuelto", analizemos...
CVR: Conclusiones
4. Desde enero de 1983 hasta el final del periodo gubernamental la lucha contrasubversiva quedó en manos de las fuerzas armadas en las zonas declaradas en emergencia. Tomada esta decisión, las autoridades civiles – y entre ellas, el Ministerio del Interior – descuidaron el diseño de la estrategia contrasubversiva. Paralelamente, la actividad de las fuerzas armadas seguía una lógica propia, ajena a control o supervisión adecuada por el gobierno central. Esto ocurrió en un contexto en el que el comando político-militar había recibido autoridad en la zona de emergencia sin que se precisen estrictamente sus funciones y atribuciones, lo cual dejabó en situación de vulnerabilidad los derechos fundamentales de la ciudadanía.
5. La delegación de capacidad políticas en los militares en lo relativoa la lucha contrasubversiva debilitó la incipiente institucionalidad democrática. La declaración de estados de emergencia era una posibilidad considerada en la Constitución de 1979 como medida excepcional. No obstante, ella se convirtió en situación permanente y fue acompañada innecesariamente de una renuncia a las atribuciones de gobierno por parte de la autoridad civil. De este modo, el despliegue de la guerra sucia en el país terminó vulnerando el Estado de Derecho y justificando una represión militar indiscriminada.
Amparados en el informe de la CVR, "resuelto" en la práctica era "impunidad", lamentablemente ya era la línea constante en toda la década de los ochenta -Gobiernos de Fernando Belaunde y Alan Garcia-
las masacres como reguero de pólvora engrosaban la larga lista de violaciones a los derechos humanos: "Periodistas asesinados en Uchuraccay" (26/enero/1983), "Los Cabitos" (1983), "Putis" (1984), "Accomarca" 1985, -"El Frontón", "Lurigancho" "Santa Bárbarà"- (1986), "Cayara" (1988) etc.
¿Qué informa la CVR?
LINK: 2.1. Acción Popular (Fernando Belaunde Terry)
2.1.4. La responsabilidad del gobierno
Es claro que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry respaldó la actuación de los comandos político-militares entre 1983 y 1985 a pesar de las denuncias sobre las grandes violaciones de derechos humanos de la población civil que se estaban cometiendo y del conocimiento que obviamente debió tener sobre esos hechos. El ingreso de las fuerzas armadas en la zona de emergencia para combatir a la subversión fue dispuesto sin tomar las previsiones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, la autoridad civil delegó en las autoridades militares amplias facultades y renunció a ejercer sus potestades para impedir o sancionar graves atropellos contra la población
2.1.4.2. Impunidad
La estrategia contrasubversiva que se puso en práctica con las fuerzas armadas en el escenario de la violencia resultó ser altamente costosa en vida humanas. Para cierto sector de las fuerzas armadas eso era inevitable, e incluso se hizo público ese punto de vista. El general Luis Cisneros Vizquerra, quien fue ministro de Guerra, afirmaba en septiembre de 1984:
(…) no podemos entender cómo en una zona de guerra, una zona prácticamente extraterritorial, pretendamos mantener el estado de derecho. Le encargamos a la fuerza armada que elimine a Sendero y cuando va a apretar el gatillo aparece el Fiscal de la Nación para ver si al hombre lo vamos a matar de frente, y se presenta el abogado, el periodista (…) Hay una inclinación a criticar todo lo que la fuerza armada hace en Ayacucho (…) da la impresión que se piensa que quienes deben ser eliminadas son las fuerzas del orden (…) hablamos de derechos humanos de manera unilateral. En la guerra no hay derechos humanos.50
2.1.3.2. Los comandos político-militares
Desde el primer día de enero de 1983 hasta el final del gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, las fuerzas armadas tuvieron a su cargo la lucha contrasubversiva en la zona de emergencia declarada en los andes centrales. Esto ocurrió bajo un marco legal poco definido en lo que se refiere a la acotación de las facultades de los jefes militares en la zona y sin que las autoridades políticas pusieran en práctica mecanismos adecuados de protección de los derechos humanos de la población que quedaba bajo control militar.
2.1.3.2.2. El segundo año: general Adrián Huamán
Las demandas de mayor inversión en Ayacucho no fueron acogidas favorablemente por el gobierno. Paulatinamente, las propuestas de Huamán Centeno se tradujeron en un reclamo de mayores prerrogativas oficiales sobre las autoridades y funcionarios civiles. En agosto de 1984, afirmó:
La solución no es militar, porque si fuera militar yo la resuelvo en minutos (…) si se tratara de matar, Ayacucho no existiría en media hora y Huancavelica tampoco (…) lo que pasa es que estamos hablando de seres humanos, de pueblos olvidados que han reclamado ciento sesenta años y nadie les ha hecho caso y ahora estamos cosechando ese resultado (…) la solución para mi es corregir la situación que existe, por decir, que la cárcel no esté llena de inocentes sin juicio, que los jueces no cobren coimas (…). Lima quiere ser el Perú (…). Si estamos con las mismas personas que dieron lugar a la subversión... ¿Acaso no están las mismas personas que abusaron, los mismos jueces, o sea los mismos que dieron lugar a todo esto? (…) La Fuerza Armada no está a cargo de la situación política. Solamente de la militar. Situación política significa que usted encuentra una injusticia y puede cambiar de inmediato a las autoridades.44
Las masacres en la década de los ochenta (Gobiernos de Belaunde y Alán García) quedan impunes...
Para muestra esta espina: La Fiscal de la Nación Gladis Echaiz, a la fecha 6 febrero del 2011 (ya está de salida) ha transcurrido más de un cuarto de siglo, impunidad, no se cumplió con investigar.
imagen publicada por revista "Somos", diario "El Comercio".
Numerosos analistas políticos reconocen, que en el Gobierno de Fujimori se diseñó la estrategia sistemática basada en no represión indiscriminada de la población sino la organizó y trabajo con ella y la inteligencia policial para identificar y capturar a los líderes.
Se evito las masacres masivas de la población y los "asesinatos colaterales" que habían diezmado los pueblos de la Sierra...
Como se observa en la gráfica del informe de la CVR, el número de víctimas en esta década de los noventa, disminuyó substancialmente.
Se necesitaba un victima expiatoria... para redimir culpas de siglos de inequidad.
SU AMIGO
DR. PABLO ALBAN
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